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La universidad pública después de la crisis

martes 12 de marzo de 2019, 08:12h

Toda la sociedad española, incluido el completo arco de la clase política, parece reconocer el papel esencial que la educación pública juega en nuestra democracia. Principalmente por su labor educativa y cohesiva para con la ciudadanía, pero también por ser nuestro principal motor de igualdad de oportunidades y de conocimiento. Este discurso en defensa de la educación pública se mantiene formalmente incluso en tiempos de crisis, porque no sólo es obvio que el futuro de cada uno de los ciudadanos depende en gran medida de la educación recibida, sino que el propio funcionamiento de una democracia bascula en gran medida sobre la educación de sus ciudadanos. Sin embargo, una de las principales víctimas de las políticas de recortes con las que algunos partidos han aprovechado la crisis para reducir el gasto social ha sido, sin duda, la universidad pública, junto con las enseñanzas primaria y secundaria, la sanidad o el sistema de pensiones.

La universidad pública, que siempre ha vivido una situación de infra financiación, ha visto agravada esta situación a partir de 2012. Al tiempo que desde el Ministerio de Educación se criticaba a las universidades por no estar situadas entre los 100 primeros puestos de los ránquines internacionales, como si ese empeño no fuese más responsabilidad del propio ministerio y de las comunidades autónomas responsables de las políticas universitarias, se daban los pasos para los recortes presupuestarios y de contratación de personal. Desde las universidades públicas se ha trabajado duramente para paliar las deficiencias del marco general, con un personal docente e investigador y de administración y servicios que con mucha frecuencia ha tenido que traspasar, y con mucho, los límites razonables de dedicación a su trabajo. Lo más impresionante de la posición internacional que han logrado nuestras universidades públicas es la parquedad de recursos que han consumido, en comparación con otras universidades de resultados análogos.

El primer paso fue el decreto, luego Ley, 14/2012. En dicho decreto el ministerio cambiaba el marco para la fijación de los precios públicos (“tasas estudiantiles”) de las universidades públicas. Hasta entonces los precios los fijaban los gobiernos autonómicos dentro de una estrecha horquilla, dada por el ministerio. Ello suponía cierta moderación en el crecimiento de unos precios de matrícula ya de por si altos y mantenía un abanico relativamente cerrado de costes de estudios que no variaban mucho de una comunidad autónoma a otra.

A partir del decreto los precios se fijarían como un porcentaje, entre el 15 y el 25 por ciento en primera matrícula del “coste real de los estudios” (entre el 30 y el 40 por ciento en segunda matrícula, entre el 65 y el 75 por ciento en tercera matrícula y entre el 90 y el 100 por cien a partir de la cuarta). Además, algunas comunidades autónomas decidieron cobrar a los estudiantes no comunitarios los precios de cuarta matrícula directamente.

La Ley 14/2012 supuso, en la práctica, una “barra libre” en la fijación de los precios públicos. Las mayores subidas fueron en Cataluña y Madrid, y el mapa de universidades públicas pasó a tener un diseño totalmente heterogéneo, donde los estudios de un grado o un master pueden tener una variación de más del 100% de una Comunidad a otra. Estudiar medicina en Madrid o Barcelona cuesta el doble que en Sevilla o en Santiago.

Además de esa heterogeneidad de precios, la Ley 14/2012 supuso la exclusión de miles de estudiantes de las universidades. El propio Ministerio de Educación, tal y como fue aireado desde diferentes medios, estimó entonces un descenso superior al 3 por ciento en el número de matriculados en universidades públicas. Es decir, que unos 45.000 estudiantes pudieron dejar su carrera o renunciaron a entrar en la universidad por no poder hacer frente a la subida del precio de los estudios, que vino además acompañada de otro recorte en la asignación de becas. Y para agravar las cosas, esa subida fue el gran pretexto para los recortes multimillonarios en la financiación de las universidades públicas: “ya que os subimos las matrículas os recortamos la nominativa” nos decían los responsables autonómicos. Huelga decir que los incrementos de ingresos por la subida de tasa no llegaron a compensar ni el 25% de los recortes que se aplicaron en comunidades como Madrid.

Pero es que, además, los recortes en las subvenciones oficiales se acompañaron con recortes no menos importantes en la financiación de los proyectos de investigación. Los efectos de estos recortes en investigación tuvieron sus efectos más perversos bloqueando la necesaria progresión de los grupos de investigación más jóvenes. Pero también afectaron considerablemente a los grupos más consolidados. Afectaron a los grupos como equipos de trabajo, pero también a cada uno de sus investigadores, que vieron cerrada su promoción y estabilización, y el progreso en su formación profesional. En no pocos casos, brillantes y prometedores investigadores vieron frustrada su vocación, o tuvieron que tomar el camino del exilio. Como otros muchos profesionales que ven en el extranjero oportunidades que aquí no encuentran.

Hoy, casi doce años después de inicio de la crisis, esta situación perdura. La prueba de que esos recortes no se hicieron como “consecuencia inevitable” de la crisis. La crisis sólo fue el pretexto para los recortes. Unos recortes antisociales, insolidarios y estratégicamente miopes. Pero también contraproducentes desde el punto de vista económico.

Porque el nuevo paradigma económico es un modelo basado en el conocimiento. Y la universidad, y en este país muy particularmente la universidad pública, es el gran motor del conocimiento. Pero para cumplir con este fin, la universidad pública necesita urgentemente que se reviertan los efectos de esos recortes.

En primer lugar, es urgente que se vuelva a un sistema de precios públicos más homogéneo en el conjunto del territorio y más cercano a los niveles del curso 2010-2011.

En segundo lugar, es urgente que se restituya la financiación regular y estable de las universidades públicas.

Y en tercer lugar, es urgente que se incremente la inversión en investigación.

La universidad pública es estrictamente necesaria para la generación de conocimiento y la innovación, y para asegurar la igualdad de oportunidades, el bienestar de todos los ciudadanos y la cohesión social.

Hay que revertir los perversos efectos de los recortes en los servicios públicos. Si no se actúa pronto, el daño de estos recortes en la universidad pública puede ser del todo irreparable. La sociedad lo lamentaría dentro de unos años. Y volveríamos a trabajar por recuperar lo que ya tuvimos.

Joaquín Goyache Goñi

Profesor Catedrático de Veterinaria y candidato a Rector de la UCM

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    Últimos comentarios de los lectores (1)

    13420 | Daniel Casas - 13/03/2019 @ 13:36:15 (GMT+1)
    Universidad universal y gratuita para todos/as ya!!!!

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