Adelantar el cierre del centro al tráfico

Al igual que la Naturaleza florece en primavera las ciudades se llenan de obras un año antes de las elecciones. Ya están en marcha las obras en Atocha, Carretas o Gran Vía y se anuncian otras como las de la avenida de Portugal. Cierto es que, como saben todos los representantes políticos, con periodos electorales de cuatro años, el primero se pierde en conocer cómo les han dejado la casa, el segundo en planificar, el tercero en contratar y el cuarto en ejecutar, sistema que suele llevar a los electores a considerar que buena parte de las realizaciones que se producen en el último año del mandato tienen un tinte electoral, basándose en los muchos casos en que, lamentablemente, se tomaron medidas o se realizaron obras no con la vista en el futuro sino en la más inmediata cita con las urnas.

En el caso de Madrid y gracias a la presencia de una histórica en el Ayuntamiento como Inés Sabanés al frente de un área clave de Medio Ambiente y Movilidad, parecía que la adopción de medidas se iba a ver agilizada ya que esta concejala tenía claro desde el principio lo que quería hacer. Sin embargo, tuvo un fallo al incluir una medida tan importante como el cierre del centro al tráfico dentro de un programa más ambicioso, el Plan A de Calidad del Aire, que no fue aprobado por el Ayuntamiento hasta septiembre de 2017.

Dado que la medida, además, conllevaba la previa realización de obras, la promesa hecha a los vecinos de la zona de que empezarían a notar los efectos en 2017 se ha tenido que posponer hasta este año. Finalmente, el cierre se producirá el próximo mes de noviembre y tampoco entonces se aplicará plenamente pues se darán dos meses de gracia a los conductores durante los cuales solo habrá controles físicos de la Policía Municipal a las entradas de esta almendra central y se informará a los infractores de la sanción a la que se hubieran expuesto de estar vigente.

Habrá que esperar por tanto a febrero de 2019 para que Madrid Central sea un Área de Prioridad Residencial similar a las que ahora existen. A lo mejor a algunos les parece poco tiempo para hacerse a la idea. Incluso sé de algunos miembros del equipo de gobierno que eran partidarios de iniciar el proceso en enero y conceder seis meses de gracia, calendario que me parecía un disparate si tenemos en cuenta que las elecciones municipales serán en mayo. Los plazos anunciados ahora por Sabanés, con el apoyo del PSOE, son, en ese sentido, más razonables, pero no los considero idóneos ya que la medida tendría que haberse aplicado como muy tarde en septiembre.

En otras ocasiones ya me he pronunciado sobre la inconveniencia de aplicar en los meses inmediatos a las elecciones medidas de calado. Y dejar únicamente a taxis, autobuses y residentes entrar en el centro de la ciudad lo es. En muchas ciudades tanto españolas como europeas se han tomado medidas similares y han sido beneficiosas no solo para el medio ambiente o el patrimonio monumental, sino para la calidad de vida de quienes allí viven o recorren el centro urbano. Pero es necesario que los ciudadanos comprueben personalmente esas mejoras y que haya suficiente tiempo para testar los resultados de forma objetiva y sin la presión de una campaña electoral.

En el cierre del centro de Madrid, los seis meses que median entre mediados de noviembre y las elecciones de mayo, podrían ser suficientes para poder evaluar la medida pero ello exigiría que los controles de la Policía Municipal fueran efectivos desde el principio; en caso contrario, si los ciudadanos sienten que la medida comienza a aplicarse realmente tan solo tres meses antes de unas elecciones, la protesta que ello puede originar —aun recuerdo las manifestaciones de los comerciantes cuando se propuso peatonalizar la calle Preciados—podría ser aprovechada por algún partido para, en plan populista, atacar una medida beneficiosa para la ciudad e incluso para anunciar que, en caso de un vuelco electoral, las cosas podrían volver a situarse donde estaban, lo que, sin duda, sería un craso error.