Aguilar ha expresado en la décimo octava sesión dedicada a la exposición de conclusiones que argumentar que se instauró un sistema clandestino con el uso de las visas es "faltar a la verdad" y se ha remitido al acuerdo del 24 de mayo de 1988 de nacimiento de las 'black'. "Ese es el corpus societario en el que se han de basar las resoluciones de la sala", ha sentenciado.
"Se consigue que les corte la cabeza; ya tendremos luego ocasión de juzgarles. Eso es lo que se ha buscado aquí", ha dicho el letrado citando la novela 'Alicia en el país de las maravillas', para añadir que los 65 exaltos cargos y directivos que hicieron uso de las black y que se enfrentan a delito continuado de apropiación indebida, han recibido una condena anticipada. El letrado del principal acusado ha llegado a decir que las personas sentadas en el banquillo de los acusados por esta causa "han visto arruinada su vida" y han tenido que abandonar "su actividad profesional y empresarial".
Durante sus cerca de dos horas de exposición, el letrado ha intentado desmontar la versión aportada ante la Sala por el expresidente de Caja Madrid entre 1988 y 1996, Jaime Terceiro quien dijo, en calidad de testigo, que las tarjetas eran "absolutamente blancas y legales" porque estaban "fiscalizadas" y que empezaron a oscurecerse con su salida de la caja extinta.
Misma práctica que en la época de Terceiro
Sin embargo Aguilar ha recurrido a dos documentos aportados por la defensa de los exconsejeros Jesús Pedroche y Alberto Recarte con fecha de 1988 y 1992 en los que se informa a dos beneficiarias sobre la naturaleza de estas tarjetas opacas y la facilitación del PIN.
"No se respeta a la verdad cuando se dice que las tarjetas no tenían número pin porque lo tuvieron desde el primer día y desde el primer día se utilizaba en los cajeros. (Terceiro) dijo que con el pin se trazaba la aberración del sistema y sobre esa piedra construyó su tesis pero es incierta y la piedra se le ha caído al suelo. Hubo pin desde el primer momento porque jamás se exigió justificación de gasto", ha expuesto.
El Ministerio Fiscal no aplicó la atenuante de reparación de daño a Blesa para el que pide seis años de prisión por el uso hecho con su visa, a la que cargó 436.688 euros. En concreto dijo en su escrito de acusación que bajo su mandato dicha práctica se convirtió en una retribución cuya "improcedencia" era perfectamente conocida por sus beneficiarios.
Sobre esto ha dicho que la postura del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, es "absolutamente injusta" y ha especificado que atribuir al banquero la responsabilidad de todos los gastos de todos los usuarios de las tarjetas "es intrínsecamente injusto" puesto que mantuvo los términos de uso de las mismas tal cual los heredó y en base a unas actas aprobadas antes de su llegada a la presidencia.
Sin relación con el rescate de Bankia
Frente a la tesis expuesta por las acusaciones particulares y populares sobre la relación que guarda la práctica de las visas, con la que se dispuso un total de 15 millones de euros entre 1999 y 2012, con el rescate a Bankia es mismo año, el letrado ha expuesto que "no tiene absolutamente nada que ver" y que dichas cantidades gastadas eran ínfimas y carentes de materialidad; por ello ha pedido "juzgar los hechos de ayer con los ojos de ayer".
El letrado ha alegado ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que las acusaciones han empleado las pruebas presentadas -especialmente el informe de auditoría de Bankia elaborado por KPMG y la hoja Excel con el desglose de gastos- "de manera indebida y sin respeto a la buena fe".
Dichas pruebas presentadas por Bankia ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal están "manipuladas" y no tiene elemento probatorio. "En absoluto existe una prueba legítima de cargo", ha alegado para añadir que este proceso judicial tiene un origen "ciertamente oscuro".
"Las tarjetas provocan una auténtica electrocución"
Aguilar ha ironizado sobre la imagen que se ha dado de los beneficiarios de estas tarjetas -entre los que se encuentra una nutrida representación de representantes políticos, de la patronal y sindicatos- y ha añadido que las 'black' "provocan una auténtica electrocución". "Ahora todo el mundo intentan alejarse de estas tarjetas tan controvertidas pero que se mantuvieron exactamente igual y no eran opacas".
"Muy lejos de ser una cosa oculta o tenebrosa, existe prueba que esas cantidades integradas en las masas salariales las conocían la Comisión de Retribuciones", ha expuesto, enfrentando así la tesis del fiscal Anticorrupción, quien en la vista del pasado lunes insistió en que se trataba de un sistema orquestrado al margen del circuito legal de Caja Madrid y Bankia y en el que los acusados tuvieron una actitud "depredadora".
"Rato no tomó decisiones"
"Rato no tomó ninguna decisión, no revisó ni añadió; él aceptó una tarjeta como se la dieron a los demás", ha dicho el letrado del expresidente de Caja Madrid y Bankia. Para Ignacio Ayala no ha quedado probado que Rato diera instrucciones a los consejeros respecto a las tarjetas ni que renovara o revisara límites. "Todo permaneció exactamente igual: la contabilización, el tratamiento fiscal... todo", ha subrayado.
Por ello, ha expuesto ante la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal que ninguna acusación se ha entretenido en decir por qué el uso de las tarjetas presuntamente opacas incurrió en delito continuado de apropiación indebida o administración desleal, que es lo que se le imputa a los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia.
"¿De qué se nos está acusando?"
"¿Mantener es abusar? ¿De qué se nos está acusando?", ha respondido el letrado al representante del Ministerio Fiscal en el juicio donde ha pedido la absolución de su defendido, el cual "fue el primero en avalar a todos desde el minuto uno". "¿Y esto es nada desde el punto de vista jurídico?", se ha preguntado.
Igualmente, Ayala ha atacado al que fuera consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú. Le ha afeado que se hizo el "héroe" al decir que no usó su visa, pero tampoco la devolvió cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. "Esa era la conciencia de gravedad de Verdú", ha ironizado. Además, ha dicho que en este juicio sobre las tarjetas de Caja Madrid se habla de "remuneraciones" de los directivos y consejeros "ya existente desde antes de 2010", y no de gastos de representación. En su opinión, la tesis de las acusaciones es "lineal y simple" y ha advertido de que la tentación de simplificar es distinto a explicar las cosas con sencillez.
"Sistema regularizado, conocido y tradicional"
"Se ha dicho que se ocultaba porque no se podía decir. Nosotros decimos que se decía porque no había nada que ocultar", ha expuesto el letrado en referencia a la práctica de las tarjetas. En concreto, ha dicho que fue un sistema de remuneración "automatizado, perfectamente legal, organizado, regularizado, conocido y tradicional". Una versión opuesta a la del fiscal Anticorrupción y las acusaciones que hablan de un sistema opaco, ajeno al circuito legal de la caja y que degeneró con la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de la caja en 1996.
Sin embargo, los letrados se amparan en el acuerdo del 24 de mayo de 1988 por el que nacen las visas, según consta en las actas del consejo de administración de Caja Madrid, pese a que el presidente de la entidad en ese momento Jaime Terceiro, expuso en calidad de testigo ante el tribunal que esas tarjetas se crearon para cubrir los gastos de representación de los altos cargos y directivos.
No es un extracto bancario
En su opinión, la falta de acuerdo entre las acusaciones particulares -ejercidas por Bankia y el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB)- que reivindican el dinero gastado por las visas, pone de manifiesto una "crisis de identidad" que viene a dar la razón a las defensas y expone que "una de las dos sobra en el juicio".
El letrado de Rato ha dicho que la prueba aportada por Bankia, consistente en una hoja Excel con el desglose de los gastos, no es "pacífica" y por tanto se pone en duda "incluso por los propios acusadores". "Desde el punto de vista jurídico no puede mantenerse que estemos ante un extracto bancario y que constituya un documento mercantil", ha dicho sobre la hoja que se incorporó a la causa en la fase de instrucción.
Para el abogado este documento no más que un volcado "que ha enseñado un poquito" (en referencia a que no incluyó toda la información) y que no se corresponde con los datos originales. El desglose, que fue impugnado al unísono por los 65 procesados, recoge las compras efectuadas por un valor total de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012.
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