El fiscal Pedro Rubira ha informado a favor de admitir a trámite las querellas presentadas por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ) por los actos acontecidos el pasado 5 de febrero durante la representación de la obra 'La bruja y Don Cristobal', de la compañía 'Títeres desde abajo', en la que se exhibió la leyenda 'Gora Alka-Eta' para referirse a las organizaciones terroristas Al Qaeda y ETA.
El Ministerio Público, que no considera necesario imponer fianzas a ambas asociaciones para ejercer la acusación, ha mostrado su disposición a tener por querellados a los titiriteros por los delitos de enaltecimiento o justificación del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales y las libertades públicas que habrían cometido durante la representación de la obra, en la que había público infantil.
La AVT se querelló también contra la alcaldesa, la concejala y el director artístico responsable de la programación del Carnaval Madrid 2016, Ramón Ferrero, al considerar que, "por los cargos administrativos y políticos" que ocupan en el consistorio, "tenían que conocer el contenido de la obra que se iba a representar".
No hay un "comportamiento activo"
Sin embargo, el fiscal invoca la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para subrayar que el delito de enaltecimiento del terrorismo requiere "un comportamiento activo" y tiene "naturaleza esencialmente dolosa e intencional".
A este respecto, añade que a la hora de exigir responsabilidad penal rigen los principios de legalidad y tipicidad, "sin que se puedan valorar supuestas conductas o responsabilidades administrativas o políticas".
La AVT consideró a la alcaldesa "la responsable última de todas las actividades que organiza el consistorio madrileño", mientras que DyJ acusó a los titiriteros de ensalzar a ambos grupos terroristas y llevar a cabo una "incitación directa de odio y violencia hacia determinados sectores como la judicatura o la Iglesia" cuando mostraron durante la escenificación "acciones violentas, como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento de un policía y la violación de una monja", ante una nutrida concurrencia, sobre todo niños.
Alfonso Lázaro y Raul García quedaron en libertad tras pasar cinco días en la cárcel de Soto del Real por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales, después de que el juez Ismael Moreno admitiera un recurso de su defensa, con el visto bueno de la Fiscalía, y les impusiera comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.
Si (
No(
