El Ayuntamiento de Madrid se plantea facilitar los trámites para realizar intervenciones en los edificios del catálogo municipal por antigüedad que no cuenten con protección patrimonial, para fomentar la dinamización económica.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anunció en el debate del estado de la ciudad que
se va a suprimir la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CPPHAN, antigua CIPHAN). Esta decisión forma parte de la estrategia combinada del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en agilizar el urbanismo para adaptarlo a las necesidades económicas.
Esta situación ha reabierto el debate del rigor con el que se protegen los bienes históricos en la capital. Madrid ha perdido numerosas oportunidades de acoger a importantes empresas y eventos por tener una legislación demasiado rígida en materia de protección patrimonial.
La CIPHAN se había convertido en los últimos años en un cuello de botella en el que cualquier intervención en el patrimonio protegido o catalogado tenía que esperar una media de dos años para saber si tenía autorización. Por ello, las administraciones consideran que es necesario agilizar y mejorar los procesos ubanísticos en este sentido, siempre que esto no suponga una barra libre a la hora de tratar el patrimonio de la ciudad.
Ya se han ido dando pasos en ese sentido. Como ya avanzó
Madridiario, la Dirección General de Patrimonio Histórico está elaborando
un anteproyecto de Ley que pretende conciliar esas dos necesidades (protección y dinamización económica). Eso sí, acaparando todo el poder en manos del Gobierno regional. El Ayuntamiento de Madrid no ha visto con malos ojos la eliminación de la comisión, entroncando con las intenciones de la nueva normativa, ya que el nuevo proyecto legislativo incluye sus demandas. Además, desde el Consistorio estiman que
la Comunidad va a centrarse en los grandes asuntos y va a dejar el día a día de este control urbanístico a los municipios, para lo que Madrid cuenta con un número suficiente de inspectores.
El Gobierno municipal también ha ido dando pasos en la senda de la liberalización en materia patrimonial. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que está cocinando el Área de Urbanismo va a apoyarse en la Ley de Patrimonio que prepara la Comunidad y en la
Ley de Comercio. La primera acabará con las trabas que impedían actuar en los edificios con cierto grado de protección. La segunda facilitará que las empresas puedan instalarse en estos espacios. Para adaptarse y facilitar la nueva legislación comercial, el Consistorio está tramitando
una ordenanza de licencias que permitirá abrir casi cualquier tipo de negocio mediante una declaración responsable.
La primera edil explicó a este periódico digital que no va a haber cambios sustanciales en los espacios o bienes que cuenten con una protección patrimonial. Más bien,
la parte del león de esta dinamización se centrará en los bienes catalogados, que perderán su tratamiento administrativo privilegiado. Las administraciones bajarán la guardia con los inmuebles incluidos en el catálogo municipal por su antigüedad. "No todo lo antiguo tiene que protegerse. La liberalización urbanística mantendrá la protección del patrimonio y permitirá dinamizar la actividad económica", incidió la regidora. De esta manera, la labor administrativa en materia de rehabilitación y reforma de bienes patrimoniales disminuirá considerablemente. Según el último censo de edificios del Ayuntamiento de Madrid, hay alrededor de 7.000 edificios con una antigüedad mayor a cien años en la ciudad.
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