Lo que estamos viviendo en materia de “tasa de basuras” escenifica bien ese tipo de situaciones que se prestan a recibir la atención del refranero castellano o de los dichos populares. “Se junta el hambre con las ganas de comer”; “entre todos la mataron y ella sola se murió”; “unos por otros, y la casa sin barrer”; y un largo etcétera de expresiones que vienen a decir lo mismo: básicamente, que la inacción de unos se une a la acción de otros, con resultado nefasto para un tercero, que en este caso son los centros educativos.
Porque, en líneas generales, eso es lo que está pasando con la tasa de gestión de residuos: una tasa que ya existía, pero que hasta la fecha contemplaba una serie de mecanismos compensatorios que la hacían asumible por instituciones sin ánimo de lucro y con fin social y educativo. En cambio, y por esa malévola combinación entre acción e inacción, todo esto ha desaparecido. Donde antes había bonificaciones o reducciones del importe a satisfacer, ahora hay cantidades astronómicas resultantes del cálculo de la tasa en función del número de metros cuadrados del inmueble o la finca. Total, 20.000 euros por inmueble en municipios donde se tope el importe, o incluso cantidades superiores allá donde tal tope no se haya establecido.
Nadie entiende nada. Europa reitera que su directiva no establecía dicha exigencia de tasas y métodos de cálculo. El Estado, que promulgó en 2022 una ley sobre economía circular que exigía esta figura de pago, insiste en que su ley no prohibía el establecimiento de medidas compensatorias. Y los ayuntamientos, mientras tanto, luciendo indignación por la directiva y por la ley, pero promulgando ordenanzas que salvan consolidan estas tasas, suprimiendo beneficios fiscales y estableciendo fórmulas de cálculo claramente desproporcionadas.
Lo dicho: tenemos un grave problema. Parece que el “hambre” del Estado con su ley se junta con las “ganas de comer” de los ayuntamientos que, por un lado, critican dicha ley, pero por otro la desarrollan de forma desequilibrada y lesiva para los colegios. Por este motivo, en tanto la tasa termina adquiriendo tintes confiscatorios y, por lo tanto, de dudosa legalidad, Escuelas Católicas de Madrid ha decidido impugnar las ordenanzas que den lugar a tasas difícilmente asumibles por nuestras escuelas.
En fin, que “unos por otros, otros por unos”, pero lo cierto es que la más que precaria situación económica de la escuela concertada se ve duramente alterada por este rio revuelto en el que, sin duda, son los pescadores los que ganan. En fin, el hambre y las ganas de comer…
Si (
No(
