Hoy 20 de noviembre es un día de celebración por los innumerables avances conseguidos por el bienestar de la infancia, pero también es una llamada de atención respecto a la importancia de proteger eficazmente los derechos de los niños, más aún en este contexto de crisis sanitaria, económica y social en el que nos encontramos.
Desde el Gobierno regional, la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid mantiene un compromiso constante con la atención a los niños y adolescentes, y en particular, con aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. El pilar sobre el que se asientan sus políticas reside en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Uno de los objetivos prioritarios de esta Consejería es actualizar el marco legal en materia de protección de la infancia y de la adolescencia, ya que la actual regulación data de 1995, habiéndose quedado obsoleta en numerosos aspectos. Además, se ha llevado a cabo una reforma sustancial de la normativa estatal en el año 2015, por lo que se necesita adaptar la legislación autonómica.
Por ello, se está tramitando el anteproyecto de ley de la nueva Ley de Infancia, para blindar los derechos de los niños y adolescentes madrileños. Se ha contado con el consenso de asociaciones del sector, se ha superado el trámite de consulta pública y esperamos que cuente con la aprobación de todos los grupos parlamentarios.
Esta nueva ley se vertebra en torno a varios ejes fundamentales. En primer lugar, la aplicación del principio de interés superior del menor en todos los ámbitos que le afecta y la prevención de cualquier tipo de violencia contra la infancia.
En segundo lugar, favorecer su participación en la sociedad como ciudadanos activos, reconocidos como sujetos de pleno derecho, incluyéndoles en la definición de políticas públicas y la actividad de las administraciones.
En tercer lugar, destaca la adaptación del sistema de protección a las nuevas necesidades actuales, con la implantación de herramientas que identifiquen el riesgo de desprotección y la intervención pueda producirse de forma temprana. Asimismo, aborda el reto de priorizar el acogimiento familiar frente al residencial.
Por último, contempla la creación de un Observatorio de Infancia que permita conocer y evaluar la situación de la infancia y adolescencia en nuestra región. Gracias a su labor se podrán detectar las fortalezas y debilidades del sistema, con el fin de actuar del modo más rápido y eficaz posible en la protección de los menores.
Queda de manifiesto que una de las competencias fundamentales de la Consejería de Políticas Sociales es impulsar, desde criterios de igualdad, solidaridad y defensa del interés superior del menor, políticas de protección a la infancia y a las familias, entendidas como el entorno en el que deben crecer los niños para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Porque como dijo el prestigioso psiquiatra estadounidense Karl A. Menninger, “lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”.
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