Libertad en Madrid

Si viven en Madrid recordarán la cantidad de veces que han oído la palabra “libertad” en los últimos tiempos. Una libertad mal entendida, por supuesto, pero que hemos tenido hasta en la sopa. Es más, tenemos como Presidenta de la Comunidad de Madrid a una señora que en su campaña electoral envió a nuestros domicilios un folio con su foto, su apellido, y “LIBERTAD”. Nada más.

Una libertad que, por supuesto, no se refería a la capacidad de desarrollar nuestra vida libremente gracias a un trabajo estable, a unos salarios dignos, a unos servicios públicos de calidad… No, eso deben ser cosas de rojos (en ello está trabajando el Gobierno de España, así que algo de razón tendrán). La libertad para la gente de bien es no pagar impuestos y, con ese dinerito en el bolsillo, que dicen es donde mejor está, irse a tomar algo a una terraza. Incluso en lo peor de la pandemia, donde los malos no eran los que dejaron morir indignamente a 7.291 mayores, sino el malvado Perro Sanxe que nos encerraba en casa, vulnerando evidentemente nuestra libertad y el derecho a la caña.

De esto último es, especialmente, de lo que queremos hablar. De las terrazas y el periplo (por no decir esperpento) normativo que en la ciudad de Madrid se ha producido en los últimos años.

Pongámonos en antecedentes: marzo de 2020, pandemia, confinamiento. Todos en shock. Pasaron las semanas, meses, y cuando empezamos a ver un poco la luz, todos los Grupos Políticos Municipales del Ayuntamiento de Madrid estuvimos de acuerdo en adoptar medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria. Dado que se requería distancia social y priorizar los espacios al aire libre por ser más seguros, la actividad propia del sector de la hostelería impedía, por aquello de que para comer y beber hay que usar la boca, que se pudieran garantizar las medidas y la seguridad en interiores. Parecía razonable ser flexible y ampliar la actividad hostelera en exteriores, flexibilizando la instalación de terrazas en la vía pública. Ello se hizo, como decía, con el consenso de todos los Grupos Políticos, ya que se entendía que dicha medida excepcional era buena para la economía, para el sector hostelero, y también para los vecinos y vecinas, deseosos de salir de sus casas y retomar cierto contacto social perdido con algo más de seguridad. Hasta las asociaciones vecinales y los vecinos y vecinas afectados por tener terrazas bajo sus ventanas comprendieron y apoyaron las medidas.

El problema fue cuando el Ayuntamiento quiso convertir lo excepcional en permanente: el señor Almeida y la señora Villacís se pusieron a tramitar la modificación de la Ordenanza de Terrazas vigente, del año 2013 y bastante obsoleta. Pero no lo hicieron para su modernización y mejora, sino para darle un nuevo marco legal permanente a esa situación temporal y excepcional, cosa que no tenía ningún sentido.

Como tampoco tuvo sentido que no hubiera una negociación seria con todos los agentes implicados (vecinos y vecinas, hosteleros, Grupos Municipales…), sino un paripé donde cada día nos anunciaban una medida nueva, más absurda que la anterior, y donde en escasas reuniones no se negociaba ni se nada información.

La guinda del esperpento relatado culmina con cómo se aprobó dicha Ordenanza en el Pleno del Ayuntamiento: con los votos de los tránsfugas de Más Madrid, aquellas personas que le salvaron la papeleta a Almeida en más de una ocasión, y las terrazas no iban a ser menos.

Con su aprobación parecía todo perdido, pero algunos y algunas anunciamos que ese día se perdía una batalla, bastante importante, pero que íbamos a seguir luchando hasta el final. No para perjudicar a nadie, sino para hacer las cosas bien, con sentido común, negociación y consenso, sin perder de vista que una ciudad tiene que tener actividad económica, pero también tiene que garantizar un espacio público para todos y todas, y el derecho al descanso de quiénes en la ciudad habitan.

Fue en ese momento, hace más de dos años, cuando el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, presentó un recurso contra la citada Ordenanza. La entonces Portavoz (Mar Espinar) y uno de los que escribe (Álvaro Vidal), firmamos en representación del Grupo el recurso, que fue posible gracias al conocimiento detallado de todo lo que estaba pasando (nuestro tiempo y esfuerzo nos costó), a nuestros servicios técnicos y jurídicos, y a un añadido fundamental: el trabajo diario con el tejido asociativo de los barrios más afectados, que nos hizo ver en primera persona los desmanes del texto aprobado.

El tiempo pasó, y cuando todo parecía olvidado, hace escasos días conocimos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al recurso del PSOE, y en una sentencia bastante demoledora deja claro que el Ayuntamiento omitió en la tramitación aspectos tan importantes como el informe económico, el informe de impacto ambiental, y el derecho de la ciudadanía en que en cuestiones que les afectan se produzca un trámite de información pública. Cuestiones siempre importantes, pero mucho más cuando se trata de una norma que afecta al derecho al descanso y a la intimidad de los vecinos y vecinas. A sus derechos fundamentales.

Recuerden que algunos/as acusaron a los y las socialistas de perseguir la actividad económica (“terracidas” nos llegaron a llamar, sin saber que también disfrutamos de nuestros bares y terrazas...), y estamos seguros de que volverán a sacar a colación tan flojos argumentos. Desde el PSOE siempre hemos mantenido que había que velar por la actividad económica (de todos los sectores y no sólo de uno, por cierto), pero que también había que velar por el derecho al descanso y al uso del espacio público. ¿Se les ocurre algo que encaje mejor con “libertad” que poder dormir tranquilamente en tu casa y pasear de manera agradable por las calles de tu barrio? Pues eso, en Madrid, estaba -y está- en seria duda en muchos casos.

En definitiva, la libertad es una cosa, y su libertad mal entendida es otra, y la sentencia deja claro que hay que respetar el procedimiento y velar por los derechos fundamentales.

Que el Ayuntamiento de Madrid haya cometido una tramitación tan chapucera es una terrible negligencia. Y con las afecciones que ha generado a tantos vecinos y vecinas, quizá hasta un flagrante motivo de dimisión.

De aquí en adelante, únicamente esperamos que el Ayuntamiento acate la sentencia y que la nueva Ordenanza que tendrán que elaborar se haga como planteamos desde el principio: buscando el equilibrio entre todas las actividades económicas que se producen en nuestras calles y plazas y el derecho al descanso y al uso del espacio público de la ciudad de Madrid por parte de sus vecinos y vecinas.

Consenso, diálogo, equilibrio... Parecen cosas sencillas, aunque quizá también sean cosas de rojos y por eso no las van a poner en práctica… ¿Libertad?