Coslada descubre una trama de corrupción policial

Las primeras detenciones se realizaron el 8 de mayo en el transcurso de la denominada 'Operación Bloque'. Las investigaciones del caso se habían iniciado en diciembre de 2007 cuando el magistrado del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, Eduardo Cruz Torres, comenzó a investigar una trama de prostitución de origen rumano a raíz de las denuncias de varias prostitutas que ofrecían sus servicios en el distrito de Vicálvaro, y en la que estaban implicados varios agentes de la Policía Local de Coslada.

Los agentes detenidos son presuntos autores de varios delitos, entre los que están los de extorsión ya que exigían, presuntamente, cantidades económicas a comerciantes, propietarios de bares de copas y prostitutas, a cambio de protección o de no tomar represalias. También están acusados de abusos sexuales, coacciones e incitación a la prostitución.

En el transcurso de la operación se detuvo a casi una treintena de agentes, entre los que se encontraban el jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, al que se le llamó 'el sheriff', así como el número dos, Carlos M.G. Todos ellos fueron suspendidos de empleo y sueldo.

En las sucesivas semanas y meses, varios detenidos fueron puestos en libertad hasta quedar en prisión el propio Ginés y otros siete agentes. A los que quedaron en libertad, el magistrado les impuso comparecencias quincenales en los juzgados más próximos a su domicilio. Asimismo, les imposibilitó incorporarse a la Policía Local hasta que hubiera sentencia.

La Audiencia Provincial de Madrid decidió mantenerles en prisión por considerar que la gravedad de los delitos que se les imputan, así como la existencia de riesgo de fuga justificaban que se mantuviera su situación.

Por otro parte, dos imputados negaron ante el juez los cargos de asociación ilícita porque, según ellos, no existía un propósito común delictivo, ni jerarquía, ni estructura en el denominado 'Bloque'. En este sentido, muchos de los policías imputados acusan a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional de "sobredimensionar" la trama de corrupción para "acabar" con Ginés Jiménez y de crear "alarma social" para que los ciudadanos desconfiasen de las actuaciones de los agentes en el municipio.

Blanqueo de capital
La segunda fase del 'caso Coslada' comenzó a raíz de la investigación patrimonial de Ginés Jiménez y los cabecillas del 'Bloque'. En los rastreos económicos, los agentes del Grupo XVI de la Policía Judical, que investigan a organizaciones criminales de antiguos países del Este (OCAPE), detectaron movimientos extraños que desvelaron la existencia de otra trama al margen de la investigada.

El juez Eduardo Cruz Torres separó del procedimiento judicial abierto a raíz del caso Coslada una pieza para dilucidar el enriquecimiento de los acusados. Tras detectar estos extraños entramados de cuentas, el magistrado acordó embargar los fondos económicos del Jiménez y de su número dos, entre otros.

Dentro de esta nueva trama, varios empresarios de Coslada estuvieron en el punto de mira por supuesto blanqueo de capitales, entre ellos los hermanos Barral, que pertenecen a una de las familias más adineradas de Coslada y que contaban con la amistad del ex jefe de la Policía Local. Las investigaciones se centraron en ellos ante las sospechas de que servían de cauce para blanquear dinero obtenido de manera ilícita.

Según las investigaciones, los hermanos Barral gestionaron el plan de actuación del barrio del Puerto que supuso la recalificación de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio. Los empresarios supuestamente vendían los pisos a un precio muy superior al que exige la calificación de protección oficial, pero escrituraban la cantidad establecida por la normativa de la Comunidad de Madrid. De este modo, se quedaban con buena parte de dinero sin declarar.

Entre otras empresas, el blanqueo de fondos se canalizaba a través de la televisión local del Corredor del Henares, a cuyos trabajadores se les pagaba parte de la nómina en dinero negro.

La investigación de la vertiente económica se centró también en el ex alcalde de Coslada, José Huélamo, quien en 1985 recalificó suelo rústico para que los Barral pudieran construir una zona industrial donde se ubican la mayoría de sus negocios. También en 1991 Huélamo benefició a los Barral con la aprobación de una modificación por vía urgente del Plan de Ordenación Urbana para recalificar un suelo industrial en urbano para que pudieran construir 950 viviendas, una recalificación que años antes había sido denegada a otra constructora.

Asimismo el ex alcalde fue investigado por obtener supuestamente ayuda económica de los hermanos para financiar la Plataforma de la Izquierda de Coslada (PIC), el nuevo partido que creó cuando fue expulsado de IU por los tratos a favor a la familia Barral.

Además, la mujer y el hijo de Ginés Jiménez fueron detenidos por unas horas acusados por un delito de blanqueo de capitales por haber ocultado presuntamente el patrimonio del ex jefe de Policía Local de Coslada. Durante las investigaciones, la Policía detectó que la esposa y el hijo de Jiménez habían adquirido tres pisos en Coslada, algo que les llamó la atención por que ninguno tenía fuentes de ingresos.

'Ginesito', el hijo de Ginés, explicó que el dinero para adquirir uno de los pisos lo había conseguido gracias a sus ahorros, su trabajo como relaciones públicas (que no había declarado porque no sabía que tenía que hacerlo) y de un préstamo que le dio un empresario amigo de su padre.

Conflicto de competencias
La Audiencia Provincial de Madrid resolvió el conflicto de competencias que se mantenía entre el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid y el Juzgado número 1 de Coslada y determinó que el primero se hiciera cargo de la investigación de la 'Operación Bloque'.

El 13 de mayo la juez de guardia del Juzgado número 1 de Coslada, María de las Nieves Martínez, dictó las órdenes de prisión de los imputados en el caso. Los autos fueron ratificados por Eduardo Cruz Tores, del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, debido a que la investigación se inició en su Juzgado derivada de las pesquisas que se iniciaron contra la trama de prostitución de origen rumano.

Tras levantar el secreto de las actuaciones, el magistrado se inhibió a favor de Martínez. Sin embargo, la juez rechazó la inhibición y devolvió la causa a Madrid. Entonces Cruz Torres planteó la cuestión de competencia ante la Audiencia.

Comisión de investigación
Todos los partidos políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Coslada, incluido el PP, crearon una comisión de investigación para analizar la trama de corrupción policial y que empezó a funcionar en junio, cuando concluyó el proceso judicial y se abrió el sumario, y que concluiría en diciembre, aunque con la posibilidad de que se postergase la fecha de finalización.

En un primer momento, el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, iba a ser el presidente de la Comisión, pero luego cedió el cargo a la edil de su partido Ana Ranera. A pesar de que en principio los grupos políticos habían alcanzado un acuerdo para que sólo hubiese un representante por partido con voto ponderado, finalmente siete serían los integrantes de la comisión: tres del PP, dos del PSOE, uno de IU y uno de la Plataforma de Izquierdas de Coslada.

La lista de comparecientes ante la Comisión de Investigación enfrentó al PP y al PSOE, ya que según los populares se había vetado su lista propuesta, en la que se encontraban las comparecencias de representantes del sindicato CSI-CSIF. Este hecho hizo que el PP dejara la Comisión y que ninguno de sus miembros compareciera como estaba previsto que ocurriera.