El uso y disfrute del espacio público es algo consustancial con nuestra cultura mediterránea. La climatología ha propiciado que una buena parte de nuestro ocio y esparcimiento se realice en calles, plazas y demás zonas de paseo. Incluso los nuevos hábitos asociados al uso intensivo de las nuevas tecnologías, especialmente de Internet, más proclives al aislamiento y la individualización, no han modificado de forma sustancial estos comportamientos.
Además del ocio, el consumo es otra de las notas características de estos hábitos públicos. De las ferias y fiestas tradicionales, donde el consumo de productos en la calle forma parte, nuestra sociedad ha ido evolucionando hacia otros modos de aprovechamiento de ese espacio asociados al beneficio económico, no ya de carácter colectivo, benéfico o altruista, sino de aprovechamiento privado y puramente mercantil.
Siempre ha existido un potencial económico en el uso del espacio público, pero quizás nunca ha habido, como hasta ahora, tanto abuso en su apropiación privada. En Madrid, la proliferación de terrazas, mercados, mercadillos, actividades lúdicas, muestras y, en alguna ocasión, actividades culturales, sigue esta pauta, sin que parezca atisbarse una mínima limitación a su expansión. La crisis económica y sus efectos sobre el empleo y el consumo, ha favorecido que muchas miradas se centren en este ámbito como un instrumento más para remontar la situación, haciendo difícil cualquier argumento que reclame esa contención. Pero como en todo, conviene descender a los detalles y no quedarse en el trazo grueso.
Aunque proliferaron fundamentalmente en el distrito Centro, en las pasadas Navidades pudimos observar cómo aparecían kioscos y mercadillos por toda la ciudad. Como motor económico, y como favorecedores del empleo y la oportunidad para muchos de ganarse el sustento, lo consideramos positivo. Pero hay otra vertiente que se olvida o no se quiere ver.
Desde la afectación a la movilidad de los transeúntes, pasando por la competencia desleal con la hostelería, con el comercio tradicional y con el ambulante regulados, por no hablar de la confusión a los consumidores sobre algunos productos "artesanales" que nada tienen de artesano y si mucho de fabricación en serie y de mala calidad, para terminar con el empleo precario y la descarada explotación laboral de muchos de esos trabajadores. Afectaciones todas ellas graves a la convivencia y a los derechos de muchos agentes económicos, que también son ciudadanos.
Y por último, a la propia imagen de la capital, donde la excesiva y permanente ocupación del espacio público por instalaciones precarias, dispuestas sin orden ni criterio estético alguno, se vuelve en contra de los valores arquitectónicos, urbanísticos y culturales de la propia ciudad, devaluando esta imagen a los ojos de sus habitantes y de sus visitantes, y perjudicando su destino como lugar turístico.
Conciliar derechos e intereses no es fácil, pero lo es menos cuando el Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección de Ana Botella, se ha embarcado en un "maremagnum" de nuevas ordenanzas, donde observamos que unas contradicen a otras, para, bajo el paraguas de la liberalización, posibilitar cualquier actividad comercial en estos espacios.
Propiciar así la inseguridad jurídica, la ley de la selva, no es la mejor forma de poner coto a los excesos, y si favorecer a algunos depredadores del comercio que así obtienen autorizaciones para después, subarrendado ese espacio público a otros más necesitados, obtener grandes beneficios sin riesgo alguno.
Hay que regular bien, empezando por simplificar las normas y hacerlas más transparentes, y partiendo de la excepcionalidad del uso de la vía pública como aprovechamiento privado, perseguir que este uso revierta en un beneficio colectivo a la ciudad. Cuidar, en definitiva, de que los objetivos que se dice perseguir, como son la promoción del empleo, del comercio, la artesanía, la cultura, el turismo se hagan realmente efectivos.
Gabriel Calles.
Concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
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