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Cañada Real Galiana (archivo)
Cañada Real Galiana (archivo)

El plan para la Cañada Real, a punto de firmarse, no concreta casi nada

viernes 07 de febrero de 2014, 07:30h
El acuerdo marco que la Comunidad de Madrid (PP), la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid (PP), Rivas-Vaciamadrid (IU) y Coslada (PP) tienen que rubricar de manera "inminente" no concreta ni plazos ni actuaciones específicas para la Cañada Real Galiana, antigua vía pecuaria que constituye un problema social, urbanístico y de seguridad que lleva más de medio siglo coleando. Las administraciones implicadas llevan más de dos años tratando de ponerse de acuerdo. El Ayuntamiento de Rivas anuncia que no lo firmará tal y como está.

El acuerdo, al que ha tenido acceso Madridiario y consta de 18 páginas en total, se fija en cinco temas: la seguridad, el urbanismo, la vivienda, el trabajo social y la cuestión jurídica:

1. Seguridad.- En la Cañada Real Galiana son frecuentes los tiroteos entre bandas de narcotraficantes, los búnkeres de la droga o los casos de robo de cobre y vehículos. El objetivo en este área es, por tanto, acabar con la delincuencia. Para ello, el plan prevé la creación de una mesa de coordinación a nivel político y técnico y una comisión de seguridad conjunta que se reunirá mensualmente y será convocada por la Delegación del Gobierno. El texto no especifica, sin embargo, los recursos concretos que se destinarán al logro de este propósito, sino que, simplemente, dice: "Las partes firmantes se comprometen, en el ámbito de sus competencias y posibilidades, a facilitar los medios necesarios para la implementación del presente acuerdo". En febrero del año pasado la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se comprometió a que la Policía Municipal patrullaría la zona 24 horas "para evitar nuevos asentamientos y acciones delictivas como la quema de coches". La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, explicó entonces que la idea era realizar un 'mapa de la delincuencia' para confeccionar las actuaciones específicas y diseñar las estrategias de intervención policial.

2. Urbanismo.- "El objetivo esencial será consolidar el mayor número de residentes y viviendas", dice el acuerdo marco. A lo largo del año pasado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid fue anunciando sus planes urbanísticos para la Cañada. Dijo que el proyecto contemplaba la construcción de viviendas unifamiliares en las zonas 'bien' de la antigua vía pecuaria y que el resto sería zona industrial. El plan fija ahora que para consolidar la vivienda tendrán derecho solo aquellas personas que estén en los censos que realizaron los ayuntamientos. El sector VI (Valdemingómez, la parte más marginal) "llevará un proceso diferenciado y más prolongado en el tiempo". Se creará un consorcio que proceda entre todas las administraciones implicadas para el desarrollo urbanístico y "se tendrán en cuenta las afecciones y servidumbres fijadas en la legislación sectorial correspondiente".

3. Vivienda.- En este punto se tratará de "buscar el acceso a la propiedad del mayor número de residentes". El Instituto de Realojo e Integración Social (IRIS) de la Comunidad de Madrid tendrá que realizar un "estudio social amplio (no solo censo demográfico) que permita tener un buen soporte de información de la población con el fin de definir y cuantificar los perfiles de exclusión y la tipología futura de alojamiento de estas familias, teniendo en cuenta que no se trata de un proceso de realojo como el que ha existido en otros poblados chabolistas". El documento además indica que "se estudiarán fórmulas de residencia en alquiler social" para familias en situaciones de extrema vulnerabilidad "tratándose, en cualquier caso", de soluciones de carácter temporal".

4. Social.- El plan social es el más extenso, pero tampoco fija actuaciones ni plazos. El proyecto está enfocado desde tres puntos de vista: uno puramente social, otro de educación y empleo y otro sanitario. Los objetivos marcados van desde luchar contra el absentismo escolar, gestionar solicitudes de rentas mínimas, ofrecer recursos laborales, promover la educación en valores como la igualdad de género, mejorar las condiciones de salubridad, reforzar las intervenciones con drogodependientes o apoyar a personas con problemas de salud mental. Para ello, se prevé recopilar información mediante entrevistas en profundidad, diagnosticar necesidades y elaborar un informe. Se creará una mesa social en la que tendrán presencia ayuntamientos, ONG y vecinos.

5. Jurídico-civil.- En este apartado el acuerdo busca identificar los supuestos de ocupación legal e ilegal en virtud de la ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana. Para la enajenación de los terrenos "no será necesario informe del patronato de la Red de Vías Pecuarias, autorización del Consejo de Gobierno ni comunicación a la Asamblea de Madrid".

Rivas no firmará

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamdrid, gobernado por Izquierda Unida, ya ha anunciado que tiene "diferencias sensibles" con el documento recibido. "Tan sensibles que nos harían imposible firmarlo", afirma su concejal de Urbanismo, Fausto Fernández, en una conversación con este diario. Rivas difiere, por ejemplo, del objetivo urbanístico de consolidar "el mayor número de residentes y viviendas". "Nosotros somos partidarios de que la zona se quede bien, no queremos consolidar guetos ni barrios exclusivamente de inmigrantes", señala Fernández. Además, el Gobierno del municipio ripense critica que "no haya ninguna obligación de actuar en los márgenes de la Cañada" (existen varios asentamientos que se ubican fuera de los límites de la vía) y que "lo que la Comunidad de Madrid llama plan social no es más que citar todos los recursos que ya existen y que les corresponden a las familias por su situación socioeconómica: un plan social debería incluir medidas y recursos económicos extraordinarios", ha añadido el concejal de Rivas.

Medio siglo de conflicto

La Cañada Real Galiana atraviesa la Comunidad de Madrid. La zonas que discurren por zonas limítrofes a la capital son las conflictivas pues su proximidad al área urbana supuso que en los 50 y los 60 la inmigración rural ocupara estos terrenos públicos. Población gitana española se asentó en la zona en los 70 y los 80, mientras que, a partir de los 90 comenzó la llegada de inmigrantes extranjeros (sobre todo marroquíes y rumanos). 

Los 14,2 kilómetros sobre los que se extiende la zona, se dividen en seis sectores. Los sectores I, II y III se caracterizan, tal y como indica un informe del IRIS, por sus viviendas unifamiliares (mayoritariamente casas bajas y chalés) donde residen familias españolas. El sector IV está constituido por una mezcla de chabolas y viviendas humildes habitadas en su mayoría por españoles y marroquíes. El sector V, conocido como Covibar, conviven familias españolas y extranjeras "en casas unifamiliares de hasta dos pisos". El sector VI, Valdemingómez, es el más mediático por tratarse de una extensión de chabolas donde ha aumentado el tráfico de drogas. A menos de un kilómetro de esta última zona se encuentra El Gallinero, poblado habitado por gitanos rumanos en su totalidad.

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