Por los derechos laborales

El 30 de junio, los sindicatos de Madrid UGT y CCOO hemos convocado una concentración en la Plaza del Museo Reina Sofía para mostrar nuestro rechazo, como en otras 21 localidades españolas, a la reforma laboral que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. Tomarán la palabra pensionistas, inmigrantes, mujeres, trabajadoras y trabajadores afectados por el recorte del gasto social. Porque con esta concentración no sólo pretendemos contestar a la aprobación de un conjunto de medidas que precarizarán aún más el mercado de trabajo y no contribuirán a crear empleo, sino que también buscamos exigir una salida de la crisis que piense en las personas, una salida de la crisis que deje claro que la economía está al servicio de los seres humanos, y no a la inversa, como intentan hacernos creer los portavoces de lobbies con intereses en mantener el gobierno de los grandes poderes empresariales y financieros. Otro mundo es posible.

La reforma laboral no favorecerá la creación de empleo. Tampoco ayudará a cambiar el modelo productivo. No reducirá la dualidad en el mercado de trabajo ni combatirá la temporalidad. Tan sólo abarata y facilita el despido e introduce la contratación temporal en sectores altamente peligrosos, con el riesgo profesional que supone para las personas, precisamente en un país que está a la cabeza de la Unión Europea en número de accidentes laborales. El contrato indefinido ordinario prácticamente desaparece. Las contratas y subcontratas pueden seguir utilizando los contratos de obra o servicio para atender su actividad, sin necesidad de contar con plantillas estables.  El descuelgue salarial podrá ser la norma. No se evita el encadenamiento de contratos con distintos trabajadores para cubrir un mismo puesto de trabajo.

Todas estas palancas de la contrarreforma que pretende aprobarse no contribuirán a resolver los graves problemas que aquejan a la economía y al mercado de trabajo, y mucho menos a la realidad regional, que ya lleva sufriendo desde hace años los efectos de una política liberalizadora que agudiza las diferencias sociales. Madrid se convertirá en un nuevo laboratorio de experimentación thatcheriano. Por eso quieren derogar la normativa laboral para utilizar el artículo 1.255 del Código Civil como régimen regulador general de los contratos de trabajo.

Los sindicatos hemos hecho lo que teníamos que hacer durante los dos años más duros de la crisis: garantizar una política social que amortiguara los efectos destructivos sobre los trabajadores. Pero la capitulación de los gobiernos ante los mercados financieros, ejemplificada en España durante la comparecencia del Presidente del Gobierno el pasado 12 de mayo, ha cambiado radicalmente el escenario político, social y económico. Ahora, al Plan de Ajuste se suma la reforma unilateral del mercado de trabajo y el debate sobre la ruptura del Pacto de Toledo, que puede acabar con el sistema de pensiones que hoy por hoy conocemos, medidas de corte ultraliberal que afectan al núcleo central del Estado de Bienestar y pretenden justificarse acudiendo al manido argumento de la eficacia económica. La política monetaria y los mercados financieros han secuestrado la soberanía de los Gobiernos, con el respaldo unánime de los partidos conservadores mayoritarios en la UE.

Por eso los sindicatos estamos obligados a actuar. La aplicación en los términos actuales del Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC) comportará un coste social sin precedentes y retrasará aún más la recuperación económica, como reconocen sus propios impulsores. Estamos obligados a actuar porque la UE es algo más que un mercado y una moneda. Porque los mercados financieros que han causado la crisis no pueden imponer condiciones para la recuperación pasando por encima de las trabajadoras y los trabajadores, que son las víctimas de su insensatez y su codicia. Estamos obligados a actuar porque está en juego la ciudadanía social. Sin un modelo que garantice la redistribución de la riqueza no hay democracia. Por eso con esta huelga nos jugamos mucho: la calidad del sistema democrático. Su misma permanencia.