Qué reforma de las pensiones

El anuncio realizado por el Gobierno hace unas semanas, en el que mostraba su disposición a retrasar hasta los 67 años la edad de jubilación, ha caído como un jarro de agua fría en el ya de por sí preocupante mercado de trabajo. UGT ha convocado una manifestación contra este nuevo ataque a los trabajadores, quienes, a la vista está, sufrirán con mayor violencia los efectos de la crisis financiera si no lo impedimos los sindicatos.
   
Desde que la actividad empresarial se derrumbara como consecuencia de la convulsión de los mercados financieros y el paro volviera a conocer valores que nos recuerdan la crisis de 1993 no han cesado de oírse las voces que exigían sancionar –vía Diálogo Social o vía decreto– una reforma laboral diseñada para amortiguar la destrucción de puestos de trabajo. La eliminación del salario mínimo interprofesional, el mecanismo de indexación salarial de acuerdo con el IPC, la reforma del sistema de negociación colectiva y el abaratamiento de los costes del despido son las recetas que se han venido poniendo encima de la mesa para volver a la senda del crecimiento.

Salvando algún caso disparatado, aquellos que proponen todas estas soluciones desreguladoras reconocen que la crisis no ha sido motivada por las supuestas rigideces del mercado de trabajo, pero ven en la escasa sensibilidad de los salarios con respecto al comportamiento del PIB una de las causas de este incremento desaforado del paro. Es decir, hay que bajar los sueldos para crear empleo. La ampliación de la edad de jubilación, unida a la reducción de varios puntos en las cotizaciones sociales de las empresas, forma parte del mismo cuerpo doctrinal.

UGT, el sindicato que represento, ha venido proponiendo en las distintas mesas del Diálogo Social, durante los últimos diez años, la necesidad de activar políticas públicas que recondujeran la inversión hacia un modelo productivo sostenible a largo plazo, esto es, alejado del carácter cíclico que presenta el sector de la construcción, cuyo aportación al crecimiento ha marcado desde hace cincuenta años el desarrollo económico español. Durante la última década, se han endeudado familias a causa de la burbuja inmobiliaria, cuya existencia era negada por aquellos mismos que hoy piden el despido libre, y un reducido grupo de especuladores han visto cómo su patrimonio se centuplicaba.
   
Los males de la economía española no están en el mercado de trabajo, ni en el perfil de los trabajadores y las trabajadoras, que veían aumentar el precio de la vida mientras sus salarios apenas experimentaban un cambio al alza. Tampoco está en la edad de jubilación, sino en un modelo productivo que de una forma irresponsable se ha mantenido durante los últimos diez años. Ahora, con un gasto público disparado y unas cifras de actividad empresarial y desempleo impropias de una economía como la española, se piden recortes drásticos en los presupuestos sociales.

La Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, afirmaba hace escasas fechas que subsidiar a un parado es “pan para hoy y hambre para mañana”. Efectivamente, se está aprovechando la crisis para no sólo eliminar derechos laborales, sino también para adelgazar el Estado de Bienestar privatizando pilares como la sanidad o la educación, aun cuando la experiencia británica ha demostrado que las políticas desreguladoras polarizan la sociedad en ricos y pobres.

Nuestro modelo productivo se basa en el uso intensivo de mano de obra, bajos salarios y largas jornadas de trabajo. No podemos conciliar. Ampliar la edad de jubilación en este contexto es condenarnos a padecer enfermedades profesionales. Los trabajadores y trabajadoras no podemos ser una mera variable macroeconómica. Por estas razones, UGT va a salir a la calle el próximo 23 de febrero. No podemos aceptar que un albañil, un cocinero, un agricultor o un informático trabajen más años, porque su salud se verá aún más mermada.

Hasta el momento, tampoco las políticas liberales, en un contexto de bonanza, no han sabido garantizar una distribución equitativa de la riqueza creada. Este modelo no funciona, mal que le pesen a algunos. UGT piensa que es innegociable rebajar la edad de jubilación a los trabajadores y trabajadoras sometidos a condiciones laborales penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. Hay que integrar en el Régimen General a los trabajadores y trabajadoras agrarios y a los empleados y empleadas domésticos, dos colectivos que están conociendo el lado más amargo de la crisis. Se debe favorecer la figura de la jubilación flexible y deben mejorarse las pensiones mínimas.

Es cierto que el sistema de pensiones se debe perfeccionar, pero en otro sentido: culminado la separación de fuentes de modo que la financiación pública asuma íntegramente los complementos a mínimos. La salud de las pensiones está en el trabajo, en la calidad y la estabilidad del trabajo, en su carácter central, y este mensaje queremos dirigirlo a la sociedad para alertarles sobre las consecuencias sociales del modelo propuesto por todas aquellas voces que claman por volver a la Inglaterra del siglo XIX.

Sólo con empleo de calidad podrá acometerse un cambio en la sociedad. El resto son maniobras irreflexivas que buscan desproteger a los trabajadores para convertirlos en más baratos y manipulables.

José Ricardo Martínez
Secretario General de UGT-Madrid