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Polémica protección para el Parque del Sureste

Polémica protección para el Parque del Sureste

Por MDO
sábado 31 de enero de 2009, 00:00h
El Plan Regional del Sureste dio un paso hacia su conservación en febrero tras nueve años de retraso. El Consejo de Gobierno aprobó su plan rector de uso y gestión, que según los ecologistas desprotege este enclave natural.
El parque regional, creado en 1994, no es un espacio natural al uso. En él es difícil que un golpe de vista no se tope con una planta de extracción de áridos, una carretera, viviendas, cualquier otra construcción o zonas muy degradadas. Así que regular sus usos suponía conjugar "intereses contrapuestos y a veces antogónicos", según la consejera de Medio Ambiente, Ana Isabel Mariño.

La principal novedad del plan rector respecto al texto de creación del parque fue que permite las actividades turísticas, socioeconómicas y recreativas, lo que abría la posibilidad de instalar campos de golf, como el que Getafe planea construir en el parque regional. Los ecologistas también criticaron que se daba vía libre a la caza en algunas zonas del parque.

La construcción de campos de golf y otras instalaciones deportivas recibió críticas de los ecologistas e incluso la Comunidad se opuso en 2001 a la construcción de uno en el término municipal de Pinto por considerar que era incompatible con los objetivos del espacio protegido. Mariño justificó el proyecto getafense por estar previsto en una zona "completamente degradada", uno de los requisitos exigidos para la construcción de instalaciones deportivas en el parque regional.

Vertidos ilegales
Además de regular los usos, el plan también delimita las actuaciones necesarias para conservar el Parque Regional del Sureste, muy afectado por diversos problemas, como el de los vertidos ilegales. Esta zona verde ocupa 31.550 hectáreas, abarca 16 términos municipales y cuenta con 123 humedales en los que habitan más de 200 especies de aves.

Para restaurar las zonas más degradadas del Parque Regional el Gobierno regional anunció que llevaría a cabo a cabo un plan para restaurar las graveras, las zonas afectadas por vertidos, y las riberas y humedales, como la balsa del aceite, cuya rehabilitación ya ha comenzado. Sobre los vertederos, la Consejería estableció controlar su actividad y no conceder más autorizaciones.

Los grupos ecologistas denuciaron ante los tribunales el plan porque "va a significar una mayor degradación del parque al permitir actividades que hasta ahora no se permitían y que suponen un atentado a la legalidad establecida en su legislación", en palabras del portavoz de Grama, Raúl Urquiaga. La Comunidad respondió que el plan es perfectamente legal y no contradice las leyes que lo regulan. A finales de año, el asunto aún estaba en los juzgados.
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