Ineficacia, arbitrariedad y arrogancia

El Ayuntamiento de Gallardón cuenta con un Área de Familia y Servicios Sociales que, como muchos otros ayuntamientos, convoca anualmente subvenciones a favor de entidades e instituciones sin ánimo de lucro que, por ejemplo, dan apoyo a personas en manifiesto riesgo de exclusión social, apoyan a mujeres víctimas de violencia o refuerzan intervenciones en el ámbito sanitario.

A la hora de resolver en plazo, la delegada del Área de Familia y Servicios Sociales ha incumplido la norma en seis de las once convocatorias de subvenciones a estas entidades sociales: Igualdad, Servicios Sociales, Mayores, Voluntariado, Familia e Infancia y Convivencia Social e Intercultural.

Este incumplimiento supone que las organizaciones no saben a mediados de noviembre si contaran con apoyo financiero para desarrollar programas que tienen que justificar el 31 de diciembre.

Resulta obsceno, administrativamente hablando, que en la Dirección General de Igualdad, con un acomodado equipo de 47 cargos directivos de nivel 28 y superior que cobran más de 3.187.867 euros anuales, no sean capaces de gestionar, ¡en seis meses!, sus propias convocatorias.

Las organizaciones con programas que han de desarrollarse a lo largo de 3 o 4 meses no saben si le serán aceptada la ampliación para el desarrollo de los programas y es probable que algunas se vean obligadas a renunciar a la subvención como consecuencia de la mala gestión de la administración municipal.

Son organizaciones que resuelven problemas en beneficio de muchos ciudadanas/os y por tanto se merecen que un asunto menor en la gestión administrativa no las ahogue.

Lo sorprendente es que Concepción Dancausa suelte a una directora general —más ocupada en buscar la estimación de su mentora que en gestionar adecuadamente su departamento— a decirnos, a los socialistas, que hacemos “agitación y propaganda” cuando exigimos que cumpla una normativa que da garantías a las ONG.  Para ella también es agitación exigir que se tomen medidas para que no vuelvan a producirse situaciones inquietantes para las organizaciones y sus actividades.

Cuando una administración pública no respeta sus propias reglas y no se sujeta a normas, somete a los ciudadanos a la arbitrariedad, la ilegalidad, la parcialidad, el abuso de autoridad y el atropello.

El Ayuntamiento de Madrid está en esa situación administrativa caótica, trata con displicencia o manifiesto desprecio a los ciudadanos/as, dificulta sistemáticamente a la oposición la información sobre el uso de los recursos públicos y está en un permanente ejercicio por evitar rendir cuentas.

Hoy el PP de Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid supone un paso atrás en la aplicación de un verdadero enfoque ciudadano en la gestión pública. Esta declaración es evidente y demostrable.