El Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, máxima institución de vigilancia de la contratación pública, encontró indicios de irregularidades en el contrato de concesión de los chirimbolos, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid. El PSOE denunció que el acuerdo era lesivo para las arcas municipales porque se recauda menos de lo que se debería por fallos administrativos.
El Tribunal nombró un instructor para que investigue los hechos. Esta decisión respondió a la denuncia que presentó el 15 de febrero el grupo municipal socialista. En un auto fechado el pasado 24 de abril, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Fiscal afirman que "de los antecedentes incorporados a las presentes actuaciones se desprende que los hechos que han dado lugar a las mismas pudieran ser constitutivos de un supuesto de responsabilidad contable por alcance". Es decir, que faltaba dinero. En esa denuncia concreta, incidían en que el Consistorio podría haber empleado 73 millones de euros para elegir a la empresa adjudicataria. El contrato para explotar la publicidad se concedió el 20 de diciembre de 2006 a Clear Channel-Cemusa, por 160 millones de euros, frente a los 233 millones de su principal competidora, la firma Viacom Outdoor. La diferencia entre ambas ofertas es la cifra que faltaría, los 73 millones.
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, declaró que la adjudicación del contrato, por el que se explotan alrededor de 800 chirimbolos, fue "transparente y adecuado a derecho". Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista continuó luchando la sentencia. Denunciaba que el Ayuntamiento de Madrid sólo cobrará unos 92 millones de euros en los diez años de vigencia del contrato firmado con la UTE Clear Channel-Cesuma para la instalación de los 'chirimbolos', en lugar de los 160 millones que estaban previstos desde la firma del contrato. En 2007, indicaron, sólo se habían recaudado 200.000 euros de los 13 millones previstos inicialmente.
Cantidades 'nominales'
En Pleno, el delegado de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bravo, explicó que los 160 millones de euros eran una "cantidad nominal, teórica", calculada atendiendo a diferentes criterios para poder comparar las ofertas ante la complejidad de este tipo de congresos. Los ingresos reales, según el edil, dependían de cinco factores fundamentales: del momento en que se instalaran los soportes, de su número, del tipo de soporte, del modelo y del ámbito geográfico donde se instalen. Sin embargo, a la hora de adjudicar el contrato no se podían calcular con exactitud esas cifras, por lo que se hizo un cálculo teórico con el objetivo de hacer homologables las cinco ofertas recibidas y poder compararlas.
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Este canon teórico se calculó en base a los diez años de duración del contrato, y no de manera anual, y por ello no incluía tampoco posibles prórrogas. Tampoco se tuvieron en cuenta los planos de situación, y en el cálculo se aplicó un incremento medio del IPC del 3 por ciento anual. No se incluyeron las carteleras en obras y se reconocía la imposibilidad de que los soportes estuvieran instalados desde el primer día de vigor del contrato.
Irregularidades
El concejal socialista de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Santín, atacó también que se autorizase colocar el 73 por ciento de los chirimbolos, 500 de los 689 que pueden colocarse hasta 2010, en el primer año de contrato con la empresa Clear Channel-Cemusa. Pidió que se anulase el contrato por sus irregularidades administrativas y "porque Madrid sufre una carga publicitaria de más de 6.000 soportes entre carteles, publicidad en marquesinas de autobuses, chirimbolos, publicidad en edificios y paneles informativos".
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