¡Qué difícil es ser liberal!

En el actual contexto, los ayuntamientos vienen soportando la prestación de servicios que competen a las comunidades autónomas y que se han venido en denominar “impropios” , que se han cifrado en un 30 por ciento de los gastos de naturaleza corriente, y que para el caso de Madrid supondría que el Ayuntamiento soporta una cifra muy por encima de los 600 millones de euros, que deberían serlo por las otras instituciones con competencias en la materia.

Nos encontramos con déficits inabarcables y basta consultar cualquier estudio de los que se publican periódicamente para darse cuenta, por ejemplo, de que en dos de cada tres familias alguno de sus miembros (mayoritariamente la mujer) atiende a las personas de la unidad necesitadas de ayuda, o que en una de cada cuatro familias con hijos en edad preescolar no van a la escuela por razones de insuficiencia de recursos para hacerlo, o que existen, para terminar, entorno a  6.000 personas sin hogar en nuestra ciudad con algo más de 500 plazas de residencia en el principal recurso municipal para ello, que es el Albergue de San Isidro.

Es decir, todo indica que existe demanda de ayuda a domicilio para aburrir y que la atención a la escolarización de la población infantil dista mucho de ser la adecuada. Tan aburrido, dicho sea de paso,  como los más de 10.000 usuarios de ayuda a domicilio que engrosan las listas de espera en las Juntas Municipales.

En ese contexto al que nos referimos, el Estado pone a disposición de la banca 150.000 millones de euros  para atender las necesidades de liquidez del sector; el Gobierno de la ciudad de Madrid anuncia el recorte de gastos por el mismo problema que tiene —o tenía— la banca privada; y el de la Comunidad de Madrid, ni está, ni se le espera.

Aunque tendremos los presupuestos de 2009 próximamente, y sin querer adelantar su debate, donde volveremos a sacar a relucir estas y otras preocupaciones en materia de gasto social, ahora toca conocer la política general en materia de servicios sociales del gobierno de la ciudad de Madrid. Y allí nos dirán que en esta materia las competencias son propias de la Comunidad y que la ciudad no puede atender en otras condiciones que no sean las que se prestan en la actualidad esos servicios personales a los que nos referimos.

Pero no es menos cierto que este gobierno acometió competencias impropias; como la reforma del viario de la M-30, que lo eran de la misma naturaleza que lo son estas que les proponemos. La diferencia es que, mientras atender una demanda insatisfecha de escuelas infantiles cuesta 30 o 40 millones de euros en el presupuesto municipal, la reforma de ese viario está por encima de los 4.000. Siendo, tan impropias como decimos, unas como otras.

El gobierno de la ciudad puede contar con IU para todo lo que signifique mejorar el sistema de financiación del Ayuntamiento. Prueba de ello es la última proposición aprobada en el Pleno pasado sobre la necesidad de contar con un nuevo sistema suficiente y capaz de atender esas necesidades. Pero  lo que no está dispuesto a admitir esta fuerza política es que el Gobierno abandone la atención de las necesidades de servicios por muy impropios que sean de la competencia municipal.

Hemos asistido en estos días al desastre producido por las inundaciones en el término de Coslada colindante con el de Madrid, y hemos podido comprobar en qué situación se encuentran los vecinos de la Cañada Real. Podría parecer que las imágenes se corresponden con un desastre ecológico del sureste asiático, pero no, son ciudadanos empadronados en Rivas, Coslada y el propio Madrid, personas de la Comunidad puntera en España en materia de contribución al Producto Interior Bruto, en palabras de la inefable presidenta de su Consejo de Gobierno, la que pretende privatizar Telemadrid –esa televisión apartidaria e independiente— a la que recomendamos privatizar su segundo canal —La Otra— y así tendremos la primera privatización al cuadrado.

¡Qué difícil es ser liberal! No sé cómo pueden soportar  nuestros liberales de cabecera los acontecimientos que se están viviendo en los EEUU y en la propia Europa. Los 260.000 millones de dólares para adquirir las dos grandes entidades hipotecarias de los Estados Unidos, los 150.000 millones de euros para el caso de España y otras tantas cifras mareantes para Inglaterra, etcétera, sin que los liberales hayan movido una pestaña para protestar contra este intervencionismo asfixiante. Cuando los consejos de administración de las corporaciones financieras aplauden con las orejas la participación del Estado en su capital y una parte de ese Estado —los ayuntamientos— se cruzan de brazos ante los sucesos de la Cañada Real de los pasados días, es que algo estamos haciendo mal. Por lo menos estamos haciendo un ejercicio de hipocresía que raya en el delito moral.

No hay palabras para explicar la razón de haberse gastado 4.000 millones de euros en la M-30, más de 400 en la reforma del Palacio de las Comunicaciones y otros 500 en la promoción de la candidatura olímpica Madrid 2016 para venir ahora a decirnos que la ampliación de servicios que corresponden con competencias de otras administraciones, que los acometan esas otras administraciones. Eso es un ejercicio de cinismo intolerable, y lo es porque las instituciones no son mecanismos estancos, sino que tienen gobiernos que están al servicio de las personas. Y si estas precisan del entendimiento de aquellas, las últimas están obligadas a entenderse. Si el problema de la financiación de las competencias “impropias” es un problema de entendimiento con la Comunidad de Madrid, hay que entenderse con ella en la prestación de los servicios, y quien tenga la Ley de Desarrollo del Pacto Local metida en el cajón desde el año 2001, que la saque y  asuma su responsabilidad.

Milagros Hernández
Concejala de IU en el Ayuntamiento de Madrid