El Tribunal Supremo ha decidido estudiar el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Ejecutivo central.
Según el documento consultado por Europa Press, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid formalizó el recurso el pasado viernes y solicitó además la suspensión cautelar del real decreto. Ahora, la Administración General del Estado dispone de un plazo de cinco días para presentar alegaciones sobre esta petición.
Desde el Ejecutivo autonómico defienden que la medida estatal podría perjudicar de forma importante la prestación de servicios públicos en la región al no contemplar mecanismos adecuados de financiación ni de dotación de recursos. También sostienen que la iniciativa vulnera normativa de la Unión Europea y podría tener implicaciones en materia de seguridad.
Gestión caótica
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha advertido de supuestas carencias en el proceso de regularización promovido por el Estado, que, a su juicio, contradicen acuerdos europeos en este ámbito.
Asimismo, ha reiterado que la postura de la Comunidad de Madrid pasa por fomentar una inmigración “legal, ordenada y vinculada al empleo”, en contraposición con lo que calificó como una gestión “caótica” por parte del Gobierno central.
Entre las críticas, García Martín ha mencionado que el sistema permitiría acreditar arraigo con solo cinco meses de estancia en España, así como la posibilidad de regularizar a personas en situación irregular con antecedentes penales o incluso en prisión provisional, aspectos que ha considerado especialmente preocupantes.
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