Diez residentes del número 7 de la calle Tribulete, en el barrio madrileño de Lavapiés, han ratificado ante el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid una querella colectiva contra un fondo de inversión al que acusan de presunto acoso inmobiliario para forzar su salida del inmueble, donde viven en régimen de alquiler.
La magistrada María Isabel Garaizabal Ariza investiga si las actuaciones denunciadas por los inquilinos pudieron constituir una estrategia de presión orientada a provocar el abandono de las viviendas, supuesto que podría encajar en el tipo penal de acoso inmobiliario.
La letrada Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinos, ha explicado que los vecinos han relatado ante la jueza “todo el proceso de acoso y derribo constante al que les ha sometido la propietaria del bloque desde que se hizo con la propiedad, así como todo el trato hostil y humillante”. Los denunciantes relatan obras en el edificio, molestias continuadas, intervenciones policiales y actuaciones de empresas gestoras.
El próximo jueves declarará como investigado el propio fondo de inversión, “una persona jurídica imputada por primera vez en nuestro país por un presunto delito de acoso inmobiliario”, según ha subrayado Jacinto. También comparecerán varios trabajadores de la compañía vinculados a la gestión del inmueble.
Coacciones y amenzazas
Los residentes sostienen que, desde la adquisición del edificio por la actual propiedad, se han sucedido “amenazas verbales” e indirectas, además de coacciones y trabajos que, a su juicio, buscan hacer “inhabitable” el inmueble para facilitar una operación especulativa.
Durante su declaración, han detallado que las intervenciones comenzaron en noviembre de 2024 y que, desde entonces, se ejecutan trabajos que “empiezan pero no se terminan”, con andamios permanentes, boquetes abiertos y actuaciones que califican de especialmente agresivas.
Según su testimonio, las obras han provocado ruido constante, filtraciones, humedades y riesgo por caída de cascotes, además de cortes recurrentes de suministros y supuestas deficiencias en las medidas de seguridad. “La incomodidad para vivir es brutal y la incertidumbre constante”, han señalado algunos afectados, que describen situaciones de miedo y ansiedad, especialmente en familias con menores.
Los vecinos cifran en unas 30 las personas que han abandonado el edificio en los últimos meses. Actualmente, estiman que permanecen unas 25 personas distribuidas en 15 viviendas, cuando anteriormente el inmueble estaba completamente ocupado.
Diligencias judiciales en marcha
En diciembre, la magistrada admitió a trámite la querella contra una gestora vinculada al fondo y varios responsables y empresas relacionadas con la gestión de la propiedad, entre ellas Elix Servicios Inmobiliarios SL e Inmho Gestión de la Propiedad SLU. La jueza apreció indicios al considerar que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de acoso inmobiliario”.
Además, ha requerido a la Policía Municipal de Madrid los informes de intervención realizados entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 y al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid el expediente completo de las obras ejecutadas en el edificio.
El próximo 3 de marzo están citados como testigos el portero del inmueble y el arquitecto Pablo García Bachiller. Los vecinos, organizados con el apoyo de colectivos y sindicatos de inquilinos, reclaman la paralización de las obras hasta que se ajusten a la normativa y se garantice la seguridad de los residentes.
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