Los vecinos de Montecarmelo han abierto un nuevo frente judicial contra el Ayuntamiento de Madrid al presentar un recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo contra el decreto municipal del pasado 3 de junio, que aprobó el proyecto técnico para construir un cantón de limpieza y una base del SELUR en una parcela situada junto a varios centros educativos del barrio.
La Asociación de Afectados por el Proyecto de Instalación de un Cantón y una Base del Selur, impulsada por la Plataforma de Afectados por el Cantón de Montecarmelo, reclama al Ayuntamiento que aporte el expediente administrativo completo, incluyendo toda la documentación técnica y las memorias que justifican el cambio de parcela, para poder formular la demanda en plazo. El colectivo insiste en que el proyecto "carece de sustento legal, jurídico y urbanístico" y que supone riesgos "evidentes" para la salud, la seguridad y el medio ambiente.
La asociación sostiene que el Consistorio está intentando reactivar un proyecto ya anulado judicialmente. En abril, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 declaró nulos los decretos que cambiaron la ubicación original del cantón al no haberse sometido a evaluación ambiental, pese al carácter industrial del equipamiento. El Ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero, a la espera de sentencia, ha seguido aprobando trámites y avanzando en el proyecto. Para los vecinos, esta actuación constituye una estrategia de "tierra quemada": acelerar la obra para hacerla irreversible.
La parcela está cerca a colegios y guarderías
La parcela elegida, la 26.2.b del ámbito de Montecarmelo, se ubica a escasos metros del Colegio Alemán, la guardería pública Sol Solito, el Colegio Santa María la Blanca y otros centros que reúnen a más de 4.300 menores. El proyecto contempla zonas de almacenamiento de residuos, algunos de ellos peligrosos - según los vecinos - aparcamientos para 117 vehículos pesados (80 de ellos camiones), repostaje de GNC y otras actividades que "son incompatibles con un entorno estrictamente escolar y residencial".
El colectivo cita además el principio del "interés superior del menor" para subrayar que los riesgos derivados del tráfico pesado, el ruido, las emisiones y la actividad industrial deben ser tenidos en cuenta antes de permitir una instalación de estas características junto a varios centros infantiles.
El malestar vecinal se agravó cuando, en abril de 2025, el Ayuntamiento procedió a la tala de árboles en la parcela pese a que el procedimiento judicial previo estaba "visto para sentencia".
Martínez-Almeida defendió la localización asegurando que se trata de un "simple lugar para cambiarse"
El pasado jueves, el alcalde José Luis Martínez-Almeida afirmó que existe "intención de llegar a un acuerdo lo antes posible", insistiendo en que el cantón "no será más que un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse", sin actividad industrial ni gestión de residuos. También acusó a los vecinos de "engañar al resto del barrio".
Las declaraciones han generado una indignación inmediata. En un comunicado, la Plataforma ha respondido tajante: "Los únicos que están mintiendo son el alcalde y el concejal de Urbanismo al decir que esta instalación no es industrial. No tenemos nada en contra de los trabajadores de la limpieza, pero el alcalde les está utilizando de manera fraudulenta contra los vecinos".
El movimiento vecinal acusa al regidor madrileño de intentar presentar el proyecto como un centro auxiliar similar al de la calle Fúcar, cuando, aseguran, lo proyectado en Montecarmelo “es un parque de maquinaria de 10.000 metros cuadrados, con actividad considerada industrial, pesada, contaminante y peligrosa”
Los vecinos lamentan que, pese a hablar de acuerdo, el alcalde nunca ha respondido a las peticiones formales de reunión. Tampoco, subrayan, atendió las 14.058 firmas registradas para pedir que la parcela se destinara a zona verde. Las seis reuniones mantenidas con el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, fueron, según la Plataforma, "falsas reuniones" en las que no se buscó alternativa alguna: "Solo quiso convencernos de su mentira e imponer el proyecto manu militari".
La Plataforma recuerda que existe una parcela alternativa, la ED1 de Las Tablas, apoyada por las seis asociaciones vecinales y por todos los partidos de la oposición. A su juicio, esta ubicación ofrece mejores accesos, mejores condiciones para los operarios y evita el impacto en el entorno escolar. "Que el PP no nos venda el cantón como un resort de lujo en Marbella. Basta con ver la memoria del proyecto", añaden.
Un conflicto que lleva más de dos años
Manifestaciones, concentraciones, recogidas de firmas, campaña informativas y ahora acciones judiciales marcan un conflicto vecinal que lleva ya más de dos años.
Este nuevo recurso judicial es un paso más de la Plataforma vecinal en contra del cantón, un proyecto que, según las propias encuestas encargadas por la entidad, el 94 por ciento del barrio considera inadecuado por su ubicación elegida y nueve de cada diez creen que el cantón perjudicará gravemente su calidad de vida.
A la espera de que el TSJM se pronuncie sobre la sentencia previa, los vecinos mantienen su rechazo frontal y acusan al Ayuntamiento de actuar mediante "hechos consumados". Mientras tanto, el Ayuntamiento insiste en que busca el acuerdo y que el proyecto no supone riesgo alguno.
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