Redes, industria y descarbonización: prioridades para una transición energética eficaz y competitiva

La Alianza Q-Cero para la descarbonización de la demanda térmica en España ha celebrado este martes 2 de diciembre su II Encuentro Anual en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

El acto ha dado continuidad al organizado hace un año, con el propósito de examinar cómo impulsar un marco que favorezca la descarbonización y mejore la competitividad. En la segunda mesa redonda –moderada por José María Camarero, periodista en ABC–, han sido Óscar Barrero Gil, socio responsable del sector de Energía y Utilities en PwC España; David Robinson, senior Research Fellow en el Oxford Institute for Energy Studies; Marta Castro Pérez-Chirinos, directora de regulación en la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC); e Irina Celades López, directora Técnica del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), los encargados de intercambiar opiniones sobre el potencial de las redes para impulsar la descarbonización industrial en España.

Redes y competitividad: el reto de aprovechar la ventaja española

En primer lugar, Óscar Barrero Gil ha hecho una radiografía de la situación actual. En su opinión, España está en “unas condiciones inmejorables, con potencial e infraestructura de renovables muy atractivas para atraer nueva industria”, lo que hace que “podamos ser los grandes ganadores frente a países que sufren otras dificultades”.

Sin embargo, Barrero Gil opina que no hemos hecho los deberes para establecer un marco regulatorio amplio: “hemos hecho un efecto llamada positivo pero tenemos ciertos cuellos de botella, con más demanda de la que podemos ofrecer”. Teniendo en cuenta que sin redes no hay transición energética, industrial y digital, “si no somos capaces de invertir en modernizar las redes, vamos a ralentizar una oportunidad industrial que va más allá de la descarbonización”. Para el socio responsable del sector de Energía y Utilities en PwC España, no es sólo cuestión de rentabilidad, también de incentivos para la inversión. Ante esto, lo que propone es que “la inversión en las redes vaya por delante de la demanda de los clientes”.

Introducido el tema, ha recogido el guante Marta Castro Pérez-Chirinos, que ha presentado las actuaciones necesarias para reforzar y mejorar la red. La directora de regulación en la AELEC ha expuesto que el 70 por ciento de las solicitudes de acceso de conexión pertenecen a nueva industria, con lo que “es aquí donde está la oportunidad de lograr un incremento en la competitividad”.

"Se necesitan inversiones para atraer capital a España"

Pérez-Chirinos ha asegurado que hay una necesidad de incrementar la capacidad de la red y que, para ello, se necesitan inversiones para "atraer el capital a España”. En este sentido, el obstáculo está en el hecho de que los fondos de inversión extranjeros “ofrecen una tasa de retribución mayor que la que se ofrece aquí”. “Si España hiciera los deberes para dar respuesta a la demanda –ha concluido– nos posicionaríamos como el quinto país de la Unión Europea con mayor nivel de inversión, lo que se traduciría en más empleo, industria y crecimiento económico en el ámbito energético”.

A continuación, David Robinson, senior Research Fellow en el Oxford Institute for Energy Studies, ha presentado el modelo del nuevo National Energy System Operator (NESO) de Reino Unido como un posible ejemplo en el que inspirarse desde la península Ibérica.

Para Robinson, existen dos grandes temas: primero, el hecho de que los sistemas son cada vez más complejos (“es importante coordinar las distintas e independientes partes de un sistema integrado tanto en planificación como en operación”) y, segundo, el sujeto planificador: “El Gobierno no tiene capacidad técnica para dirigir; y si delega en las redes, estas tienen sus intereses al ser las dueñas de las mismas”. En este contexto, NESO es u ente público “sin color político” que “actuaría de consejero para reforzar la competitividad”.

Por su parte, Irina Celades López ha ahondado en la necesidad de planificación respaldada en datos y estudios, que es lo que han hecho en el Instituto de Tecnología Cerámica. En cuanto a la electrificación de la industria cerámica, las conclusiones del estudio del ITC, ha expuesto Celades López, muestra que con la mirada puesta en 2030, 2040 y 2055, “se va a necesitar una instalación con mayor potencia”.

La directora Técnica del ITC ha explicado que trabaja en desmitificar los problemas para electrificar, que no son tanto técnicos, sino que “responden más a las barreras del tiempo o los costes de conexión y energéticos”. “Los cambios no son rápidos, hay que ir preparándose y trabajar en conjunto empresas y administración”, ha concluido.

Inversión, agilidad y seguridad jurídica: las claves para atraer capital

Dicho esto, José María Camarero se ha preguntado “¿quién paga todo esto?” y “¿qué impacto puede tener en la factura energética?”. Óscar Barrero Gil ha defendido que “poner el foco en las redes no sería acertado, pues suponen la parte más pequeña de la factura (menos del 15 por ciento), inferior a la generación y, sobre todo, a los impuestos”. Además, ha sostenido que el incremento de peajes no tendría por qué producirse, pues “se crearía un círculo virtuoso que generaría más inversión, más demanda y, con ello, una bajada de impuestos a los que entran y a los que ya están”. El problema, según el socio responsable del sector de Energía y Utilities en PwC España, está en la fiscalidad energética desproporcionada: “en Europa representa un 40 por ciento entre cargos e impuestos, mientras que en EEUU es del 10, es decir, que aquí se ha aprovechado la factura energética para recaudar”.

En este sentido, Marta Castro Pérez-Chirinos ha insistido en las vías para favorecer la inversión, señalando que “las necesidades de potencia de la red se deberían duplicar” y que “necesitamos un marco retributivo que aporte seguridad jurídica (en términos de rentabilidad) y, al mismo tiempo, mayor agilidad”. En relación con los costes de conexión a la red, la directora de Regulación de AELEC ha explicado que “el coste reconocido está por debajo del real, lo que constituye una barrera para la industria”. A su juicio, es necesario “endurecer los avales y los periodos de caducidad de los permisos para identificar los proyectos realmente maduros y agilizar los procesos”.

Castro Pérez-Chirinos, ha concluido que “hay que adaptar la industria para seguir siendo competitivos” y que para ello es necesario que “colaboren todos los agentes de la cadena de valor y eliminar barreras burocráticas y de costes”.