La Comunidad de Madrid continúa su ofensiva frente a la inmigración irregular. Si el último Pleno de la Asamblea del mes de octubre servía a los de Isabel Díaz Ayuso para instar al Gobierno central, competente en la materia, a "recuperar el control de las fronteras", "combatir a las mafias" y garantizar "retornos efectivos" mediante "acuerdos" con los países "de origen y tránsito", el desayuno informativo protagonizado este miércoles por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha venido a ratificar la apuesta del Ejecutivo regional por "garantizar la determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados en un plazo máximo de 48 horas".
Solo así, consideran, será posible denunciar ante la Fiscalía de Menores a todos aquellos adultos que "deliberadamente" se hayan hecho pasar por menores no acompañados para entrar en España. Y es que tal situación, además de suponer "un fraude de ley", "pone en peligro a los menores verdaderamente vulnerables" que llegan al país. "Esta es una práctica habitual de las mafias, que aprovechan que el Gobierno de España tiene un sistema que se niega a reformar. Para Madrid estas conductas pueden constituir un delito de estafa y por eso vamos a actuar de manera inmediata", ha explicado la titular del ramo.
Del mismo modo, la Administración madrileña remitirá a los tribunales aquellos casos en los que consideren que las familias "eluden responsabilidades" o, en los casos más graves, "abandonen a sus hijos o hermanos menores". En la práctica, ha justificado a renglón seguido, se estaría produciendo una suerte de "Erasmus" en el que menores no acompañados son "enviados por sus propios padres para que las autoridades carguen con sus obligaciones". Otro tipo, por ende, de "estafa" que agudiza el "efecto llamada" del que culpan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez.
El procedimiento es sencillo. Para la ejecución de las pruebas de determinación de la edad biológica, no obstante, es necesario que tome partido la Fiscalía de Menores. El primer paso, cuando existe una cierta sospecha de que el individuo miente con su edad y, al mismo tiempo, carece de documentación alguna, es iniciar un expediente. A continuación, ha de ser la Fiscalía quien lleve a cabo las pruebas. Una vez se conocen los resultados de estas, siempre y cuando resulte finalmente mayor de edad, es cuando se procedería a la denuncia formal ante la Justicia.
"No podemos aceptar ni un menor más"
Esta suerte de ultimátum a cargo de Ana Dávila ha venido además acompasado a las ya conocidas denuncias de "sobresaturación" en los centros de acogida de la región, con picos de hasta el "130 por ciento", un total de 1.600 menores atendidos y hasta 66 solicitudes de "reagrupación familiar" aún pendientes de resolver por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Por todo ello, y aunque "siempre hemos sido solidarios", ha advertido contundente la propia consejera, "no podemos aceptar ni un menor más". "Nos han colapsado y haremos responsable al Gobierno de España de lo que pueda ocurrir. Esto es un atropello totalitario e inhumano. Están utilizando la inmigración como moneda de cambio política, reduciendo a las personas vulnerables a mera mercancía", ha sentenciado visiblemente molesta.
Tal es la gravedad de la situación que el Proyecto de Ley de Presupuestos regionales para 2026 contempla incluso la licitación de un nuevo acuerdo marco para "consolidar" 180 plazas de menores extranjeros no acompañados. Medida, sostienen desde el Ejecutivo autonómico, que se han visto "obligados" a tomar por la vía de "emergencia", pues no atender a estos menores supondría incurrir en un "delito". Parece descartada, eso sí, la puesta en marcha de otra instalación equivalente a la polémica 'La Cantueña'.
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