El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que eleve a 300.000 euros la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la causa por la presunta filtración de datos que le afectó. La fianza, inicialmente fijada en 150.000 euros, es considerada insuficiente por la acusación particular, que argumenta que los daños morales derivados de la supuesta filtración persisten de forma diaria.
La defensa de González Amador sostiene que la filtración de un comunicado de la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, en el que se detallaban correos electrónicos entre el empresario y el fiscal del caso de delitos fiscales, desató una cadena de reacciones públicas que, a día de hoy, no ha cesado. Según alegan, desde esa fecha “no ha habido un solo día” sin que algún político o medio, con el ministro de Justicia entre ellos, se haya referido a González Amador como “delincuente confeso” o “defraudador confeso”.
La acusación afirma que la actuación del fiscal general formó parte de una estrategia para crear un relato político, sacrificando los derechos fundamentales del empresario. En su recurso, presentado ante el magistrado instructor Ángel Hurtado, la defensa califica la situación como una de las "mayores vulneraciones de derechos fundamentales" conocidas en el sistema jurídico español.
Por ello, piden al Supremo que reformule la cuantía de la fianza, duplicándola hasta los 300.000 euros, como compensación por unos perjuicios que consideran continuados, actuales y agravados diariamente.
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