La Comunidad de Madrid y la empresa pública Tragsa han abordado este viernes la posibilidad de que los efectivos de las Brigadas Forestales de la región puedan acogerse al convenio de empresa para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, se reunió en la sede de la Consejería con el presidente de Tragsa, Jesús Casas, con el objetivo de desbloquear el conflicto laboral de los trabajadores, en huelga desde el pasado 15 de julio para reclamar mejoras en sus condiciones y que han decidido suspender el paro hasta el 25 de agosto.
El convenio estatal como vía legal
En el encuentro se planteó la opción de que estos efectivos se integren en el convenio de empresa de Tragsa para las BRIF, publicado esta semana en el BOE. Desde la Consejería destacan que esta vía permitiría ofrecer “homogeneidad en las condiciones laborales” de quienes realizan las mismas funciones de prevención y extinción de incendios forestales.
Fuentes del departamento de Novillo subrayan que se trata de una opción legal y viable, previo acuerdo entre la empresa pública y los representantes de los trabajadores, y recuerdan que el convenio autonómico vigente desde 2008 no puede ser negociado por la Comunidad al tratarse de un marco sectorial.
Mejoras en 2026
La Consejería instó a Tragsa a convocar una reunión con los sindicatos la próxima semana y confirmó que el nuevo encargo a la empresa pública, que entrará en vigor en 2026, incorporará mejoras presupuestarias y laborales.
El presupuesto anual se incrementará en 4 millones de euros, hasta superar los 32 millones, y se contempla la contratación de personal durante los 12 meses del año para garantizar un operativo más estable. También se prevén mejoras en las bases e infraestructuras de trabajo, anunciadas ya a los representantes sindicales en julio.
Reivindicaciones sindicales
El comité de empresa —integrado por UGT, Firet y CGT— denuncia desde hace meses la precariedad de un colectivo en el que el 40% de la plantilla trabaja solo cuatro meses al año. Reclaman la actualización de salarios congelados desde 2010, el reconocimiento de la peligrosidad y toxicidad de la labor —al estar expuestos a agentes cancerígenos— y la modernización de unas bases que, según denuncian, llevan 20 años sin mejoras.
Jesús Molina, representante de Firet, recordó que también exigen la aplicación de la Ley 5/2024, aprobada en noviembre del año pasado, que a su juicio la Comunidad de Madrid aún no cumple.
Desde el Ejecutivo regional aseguran que continuarán buscando soluciones y reconocen como “necesarias” las reivindicaciones de los brigadistas, cuya labor resulta esencial en la prevención y extinción de incendios en la región.
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