La comunidad veterinaria se ha levantado contra las restricciones que plantea el Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción y dispensación y
uso de medicamentos veterinarios, en vigor desde el 2 de enero.
El Colegio de Veterinarios de Madrid (Colvema) denuncia que la normativa impone una carga administrativa que aleja a los veterinarios de su labor y que las restricciones a la dispensación de antibióticos por parte de los profesionales genera retrasos en los tratamientos, encarece los costes para los propietarios y abunda en la dificultad para encontrar determinados fármacos.
El pasado 5 de marzo, alrededor de 4.000 veterinarios de toda España, se concentraron frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para exigir una “regulación justa y adecuada de los medicamentos veterinarios que garantice la salud y el bienestar de los animales y de toda la sociedad”. La movilización, convocada por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) y la Confederación Empresarial Veterinaria (CEVE), contó con el apoyo de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (Avepa), la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (Amvac), el colectivo VetsUnidos, y Colegios, decanos, profesionales y estudiantes de veterinaria de todo el país.
Fesvet ha concretado con el resto de asociaciones un calendario de movilizaciones que comenzará el próximo día 26 de marzo, con un paro veterinario acompañado de concentraciones en las delegaciones o subdelegaciones del gobierno de cada provincia. El sindicato prevé también la convocatoria de una concentración en el Congreso de los Diputados, cuya fecha se concretará en breve, y anuncia que “no se descartan otras medidas como el cierre patronal, la huelga, etc.”
Un "trastorno grande" y una "pérdida de tiempo"
El veterinario clínico, Víctor Fernández Fraile, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Madrid y presidente de Amvac, explica que es necesario diferenciar entre la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos, de 2015, y entre el Real Decreto 666/2023.
“El problema con la primera es que no nos permite ceder el tratamiento a los pacientes, es decir, que hay que hacer una receta para que lo compren en la farmacia”, cuenta Fernández Fraile. “Le receto 10 días de antibiótico, el cliente va a la farmacia, en la farmacia no lo tienen, se lo piden para dentro de equis días, y le traen una caja de 100 pastillas. En lugar de cederle yo las 10 pastillas de manera directa, el propietario se queda con un excedente de 90 pastillas en su casa”.
Por otro lado, el nuevo decreto que acaba de entrar en vigor obliga a “declarar al Ministerio todos los medicamentos que sean tipo antibiótico, diciendo la dosis, la cantidad, y a qué paciente ha sido recetado”. Además de esto último, a partir de ahora la ley obliga a seguir una “cascada de prescripción”. Existen cuatro tipos de antibiótico: A, B, C y D, y los veterinarios deben empezar recetando un fármaco del tipo A antes de recetar el B, y así sucesivamente. Fernández Fraile explica que hay determinadas patologías que necesitan antibióticos de categorías superiores, pero que el protocolo les obliga a empezar en orden.
“Si seguimos la cascada de prescripción a rajatabla, el animal puede llegar a morirse”.
Las consecuencias, tres meses después de la entrada en vigor del nuevo decreto, son las muertes de un perro y un gato. “Esto es un trastorno grande y una pérdida de tiempo para veterinarios y propietarios, porque algunas veces ha habido que hacer hasta tres, cuatro o cinco recetas para terminar cediéndole las cuatro pastillas de antibiótico que teníamos nosotros en la clínica”, asegura el presidente de Amvac. Fernández Fraile, advierte de que “en algunos casos, si seguimos la cascada de prescripción a rajatabla, el animal puede llegar a morirse”.
Exigen "medidas sensatas" y la derogación del decreto
El presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid (Colvema), Felipe Vilas, expresó el pasado enero el “malestar, la preocupación y la unánime oposición” del sector clínico veterinario en un escrito dirigido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y pidió la retirada de la plataforma ‘Presvet’, creada en el marco del mencionado decreto. Vilas declaró en la manifestación que la nueva ley “nos impide ejercer nuestra labor con la responsabilidad y rigor que exige la salud animal y la salud pública” y enfatizó en que no piden ningún privilegio, sino “medidas sensatas y eficaces que permitan a los profesionales tratar a los animales sin trabas administrativas”.
Colvema asegura que “en la mayoría de los países europeos, los veterinarios pueden proporcionar los medicamentos necesarios para garantizar la continuidad de los tratamientos”, mientras que en España, “los propietarios deben recorrer farmacias con el riesgo de no encontrar el medicamento adecuado”. Por ello, solicitan “un sistema de prescripción eficaz”.
“No se puede seguir regulando la veterinaria sin escuchar a los profesionales"
Durante la movilización del pasado 5 de marzo, la colegiada de Madrid, Tania Oncins, leyó un manifiesto en el que exigía la derogación del Real Decreto 666/2023, la modificación del Real Decreto 1/2015 de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y la reducción del IVA veterinario. “Los veterinarios somos los únicos profesionales cualificados para diagnosticar, tratar y garantizar el uso responsable de los medicamentos en los animales”, reza el manifiesto. Entienden que “no se puede seguir regulando la veterinaria sin escuchar a los profesionales que mejor conocen el sector” y exigen “normativas basadas en criterios científicos y realistas, no en decisiones administrativas que generan más problemas de los que resuelven”.
Si (
No(
