La pareja de Ayuso demanda a Montero por dañar su honor y le reclama 40.000 euros

La pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto una demanda contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Tribunal Supremo, alegando "intromisión ilegítima en su derecho al honor".

'El Confidencial' adelanta que Alberto González Amador le reclama a la vicepresidenta 40.000 euros por los daños ocasionados. La demanda se interpone después de que la política socialista no compareciera al acto de conciliación solicitado por su abogado.

La causa de la polémica son las declaraciones de la ministra tras el conocimiento de su presunto fraude fiscal en la que afirmó el 12 de marzo que Ayuso podría estar residiendo "en un piso que se pagó con fraude".

Concretamente, Montero señaló: "Yo diría, en primer lugar, que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si, efectivamente, como se ha publicado en medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país...".

Rechazadas dos querellas contra Montero por esta causa

La Sala Penal del Tribunal Supremo decidió el 22 de octubre no admitir a trámite las querellas por revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos que presentaron contra Montero la Asociación Liberum y la Fundación Foro Libertad y Alternativa contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. El Supremo entendió que en las célebres manifestaciones públicas del 12 de marzo no se divulgó “ningún dato personal y reservado” de González Amador, pareja de Ayuso.

Las querellantes sostenían que las declaraciones implicaban que la querellada se apoderó de datos personales y reservados relacionados con González Amador sin autorización, ya sea porque estaban en ficheros o registros públicos o porque alguien se los proporcionó tras acceder a ellos sin permiso. Además, afirmaron que utilizó esos datos públicamente con fines políticos, siendo consciente de su origen ilícito, y que el acceso a la información personal se llevó a cabo aprovechando su posición como Ministra de Hacienda, extremos que no consideró el tribunal.