La reforma del mercado eléctrico que entra en los próximos meses en la fase debate en Europa, es una de las iniciativas legislativas más importantes de un bloque cuyo modelo económico y social se basa en gran parte en la modernización y fortalecimiento de un sistema energético capaz de transitar hacia el objetivo de emisiones cero.

Cuando los distintos países del bloque lanzaron sus propuestas de reforma del mercado eléctrico, la posición de España - que ocupa la presidencia rotativa del Consejo de la UE durante los meses clave del debate - suscitó críticas de reguladores, asociaciones sectoriales y algunos analistas que alertaron contra tentaciones intervencionistas y visiones de corto plazo que pudieran tener consecuencias a sobre la competitividad futura.

En la propuesta de reforma eléctrica de España se planteaba un sistema de precios intervenidos con una especie de control parental bajo la argumentación de que la competencia libre y desregulada no es suficiente para garantizar la transición efectiva hacia las renovables.

Uno de los principales puntos de fricción de la reforma eléctrica de España era la propuesta de eliminación del sistema marginalista de precios mayoristas, popularmente conocido como el “pool” vigente en Europa desde 1997 y que, según la patronal europea de reguladores ACER, ha permitido a los consumidores ahorrar unos 34.000 millones de euros anuales en la última década.

En términos generales, la reforma del mercado eléctrico europeo que proponía España y que la Comisión Europea rechazó parcialmente ha sido acusada de centrarse excesivamente en soluciones a corto plazo en lugar de abordar los desafíos estructurales que subyacen en el sistema energético. Si bien es importante garantizar la estabilidad y accesibilidad de los precios para los consumidores, es igualmente vital considerar el impacto a largo plazo en la sostenibilidad y la transición a energías renovables.

Claves de la reforma del mercado eléctrico en Europa bajo debate

El borrador de reforma del mercado eléctrico europeo, que continuará en debate en la UE en los próximos meses, busca equilibrar la competitividad industrial con los objetivos de transición energética en un proceso intrincado que requiere un enfoque integral y equilibrado para garantizar un futuro sostenible y resiliente en términos energéticos.

Los expertos insisten en la necesidad de diseñar un marco normativo que garantice jurídicamente las fuertes inversiones necesarias para la descarbonización y que, al mismo tiempo, sea flexible en situaciones de disrupciones como la vivida en los últimos dos años por la crisis en Ucrania y que garantice que el acceso a la energía sea asequible para los consumidores.

La volatilidad impuesta por el conflicto de Rusia ha impuesto un ritmo de urgencia en la Comisión Europea y España quiere aprovechar su presidencia de turno para aprobar la reforma del mercado eléctrico antes de que acabe el año, con las vistas puestas en las elecciones al Parlamento Europeo previstas para mediados de 2024.

Lo que es cierto es que en la UE se ha alcanzado un gran consenso en los temas principales; seguridad jurídica y homogeneidad de regulación del sistema eléctrico en todos los países de la UE, el mercado como el sistema más eficiente para la asignación de precios, la necesidad de avanzar decididamente en la descarbonización (renovables, hidrógeno verde, almacenamiento y redes) para incrementar nuestra seguridad de suministro y reducir la volatilidad de precios causada por los combustibles fósiles, protegiendo así tanto a los consumidores industriales y domésticos como a las inversiones en transición energética.

La paradoja ahora está en que los dos grandes países sobre los que se construyó la UE y el mercado único- Francia y Alemania- están con las luces cortas, anteponiendo sus intereses nacionales (nucleares los primeros y proteccionismo de su industria los segundos) desoyendo las recomendaciones de los expertos y las grandes firmas internacionales, como Ernest & Young y PWC, que instan a evitar la segmentación de mercados, velando por medidas homogéneas que no pongan en peligro el mercado interior en la UE y preserven el interés general del conjunto de los estados miembros.

Es el momento de que España, en su turno de presidencia, inste a los estados miembros a demostrar su carácter de unión y se centre en dar respuesta a los desafíos conjuntos como son el desarrollo de los mercados de capacidad para asegurar el suministro y la flexibilidad del sistema y consolidar la importancia de las redes de transporte y distribución para que los beneficios de un sistema descarbonizado lleguen a los consumidores.