La formación profesional a debate

La España que hoy somos es el resultado de un complejo pacto constitucional alcanzado hace casi 35 años, que se vio precedido por unos Pactos de la Moncloa que afrontaron una situación de crisis galopante caracterizada por subidas de precios desbocadas, un paro galopante, un tejido productivo obsoleto y una carencia de instrumentos de protección social, equiparables con Europa, que ponían en riesgo nuestra viabilidad como país. En aquel momento intercambiamos sacrificios salariales a cambio de libertad, derechos laborales y sociales. La Sanidad que hoy disfrutamos, las pensiones de nuestros mayores, la protección por desempleo, los servicios sociales y la atención a la dependencia, el sistema educativo, son frutos de aquel momento histórico. La crisis financiera, transformada en crisis económica, de empleo, política y social, no puede ser utilizada por algunos para desmontar estos logros y producir un cambio del modelo de sociedad, rompiendo con ello el pacto constitucional. Al igual que no es justo negar los avances producidos a lo largo de estos 35 años.

Es hora de corregir errores, insuficiencias y malas prácticas enquistadas, pero no de tirar por la borda más de tres décadas de construcción de convivencia democrática. Es el momento de revisar nuestro modelo productivo y aprender a administrar con eficacia, eficiencia y transparencia, los siempre escasos recursos, con el objetivo de consolidar el Estado Social y Democrático de Derecho. Un Estado que no se sostiene con tasas de paro superiores al 27 por ciento, con más de la mitad de nuestra juventud en el desempleo, con recortes permanentes de derechos y con una situación de corrupción muy generalizada. La educación es uno de los derechos constitucionales que tenemos que preservar a toda costa de los efectos de esta crisis como derecho de las personas y como necesidad de nuestra economía para asegurar el futuro de nuestras empresas. Parece que todos somos conscientes de ello,  en el discurso y sobre el papel, que todo lo aguanta. Pero la realidad es que volvemos una y otra vez a las fórmulas mágicas, que no solucionan los problemas.

La fórmula de moda es el modelo de formación dual alemán, sin tomar en cuenta que nuestro tejido económico es muy diferente del alemán y que difícilmente podemos generalizar ese modelo, más allá de la gran empresa. En España el 95 por ciento de las empresas cuenta con menos de 10 trabajadores y, en ese caso, el modelo dual tiene serias dificultades para generalizarse. Casi todo está inventado. El modelo alemán cuenta con la compañía de otros modelos de formación para el empleo, como el francés, el danés, el austriaco, el suizo. También hay un modelo español, que no está tan mal, si tenemos en cuenta que el alto paro no depende de las estructuras de formación, sino muy al contrario, de las estructuras empresariales y productivas de nuestro país. Arrasar nuestros logros en materia de Formación Profesional y para el Empleo, constituiría un grave error. Adaptarlos, tomando en cuenta otras experiencias enriquecedoras, me parece el camino más acertado.

La formación dual alemana tiene elementos muy positivos, por ejemplo, durante el proceso de formación aprendes un oficio, prepara para la inserción laboral, en muchas ocasiones en la propia empresa donde realizas las prácticas y cuentas desde el primer momento con un contrato laboral. Si el salario es bajo, el Estado lo complementa, en determinadas condiciones, hasta alcanzar casi los 1000 euros. Si a ello le unes una política de alquiler barato de viviendas, aseguras la emancipación de muchos jóvenes. Existe una intensa relación de las empresas con los centros de formación profesional, estableciendo claramente el papel del profesorado en los centros y de los tutores en las empresas. Pero, sin duda, algunos de los elementos más positivos se encuentran en el compromiso de empresas, administraciones y sindicatos, el papel de la negociación colectiva de empresarios y sindicatos, en las propias empresas y en los sectores productivos, que permite establecer necesidades formativas y planes de formación. También en el compromiso económico de las empresas, que corren con la mayoría de los gastos que produce el sistema. Además el sistema de formación dual se somete a la evaluación de lo conseguido, la eficiente aplicación de los recursos y el nivel de satisfacción de los alumnos y las propias empresas.

Retengamos esos elementos positivos e intentemos llevarlos a la práctica en un país que se encuentra sumido en una profunda crisis económica y de definición del futuro productivo que queremos tener. Esa debería ser la primera tarea, definir qué país queremos en los próximos 30 años. Un país de casinos, o un país innovador en sus productos y de alta calidad en sus servicios. Un país con empleos precarios y temporales, o con empleos estables, seguros y con derechos.

Reforcemos la negociación colectiva para que los empresarios, y los trabajadores y trabajadoras podamos establecer las necesidades formativas y los planes de formación necesarios para cubrir esas necesidades. Aseguremos los recursos que necesitamos y evitemos la competencia estéril entre ministerios de Educación y Empleo y entre la Administración Central y la de las Comunidades Autónomas. Establezcamos mecanismos para fomentar la relación de las empresas con los centros de formación profesional. Aprovechemos todos los recursos de Formación Profesional, Educación de Personas Adultas, políticas activas de empleo, formación para el empleo, universidades, para asegurar la acreditación y certificación de conocimientos. Establezcamos también un mecanismo para registrar los conocimientos adquiridos por cada persona a lo largo de toda la vida. Seamos transparentes en la gestión de los recursos y serios en la evaluación del sistema para detectar insuficiencias y corregirlas a tiempo, evitando que se conviertan en crónicas.

La tarea que tenemos por delante es muy intensa, dura y, sin duda, larga en el tiempo. Pero creo que tenemos la obligación de apartar la formación del debate partidista y de la crisis política general, para situarla como un elemento de consenso que nos permita superar la crisis y asegurar el derecho de las personas a la educación, la cualificación profesional, al tiempo que preparamos unas empresas más sólidas porque cuentan con personas cada vez mejor formadas. La formación no va a asegurar que salgamos del embolado en el que nos hemos metido como país, pero sin un buen sistema de formación profesional  es seguro que no hay futuro y que las salidas que se produzcan serán en falso. Nuevas burbujas especulativas que prepararán una nueva crisis. Si en peores condiciones otros los hicieron, no veo el  motivo por el que debamos renunciar a nuestra voluntad de ser y de convivir en una sociedad libre, democrática y cohesionada. Esa es nuestra tarea. La que hoy nos toca. La ineludible.