Conocer los horrores del pasado para no repetirlos en el futuro. Con ese objetivo, la Universidad Camilo José Cela aborda esta semana un tema todavía considerado tabú: la relación entre la pena de muerte, la tortura y los derechos humanos. "La criminología, que es lo que nosotros enseñamos en la Universidad Camilo José Cela, tiene que partir del conocimiento de los delitos y las penas -ha explicado este jueves el director del Grado de Criminología de esta universidad, Francisco Pérez Abellán-. La pena de muerte está abolida en nuestro país, pero hay que conocer ese periodo absolutamente negro en la historia de España para reflexionar sobre lo que nos espera en el futuro".
Y es que, a juicio de este conocido periodista y escritor, la administración de Justicia se ha esforzado en estos últimos años por maquillar una realidad -la de las torturas y la pena de muerte- que todavía hiere susceptibilidades. "Se ha echado una especie de velo sobre este pasado para que no sepamos lo que era -insiste Pérez Abellán-. En España había ejecuciones públicas, pero eran tan terroríficas que se acabaron llevando al patio de atrás de las prisiones".
Las jornadas sobre 'Garrote vil, torturas, pena de muerte y derechos humanos' -que se desarrollan en esta universidad hasta este sábado 19 de noviembre- pretenden arrancar ese velo analizando ese periodo histórico desde diferentes puntos de vista. Este jueves, durante la primera sesión del curso, el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira ha abordado la espinosa relación entre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo.
En su intervención, Rubira ha querido dejar claro que la legislación española "no es nada permisiva con la tortura". "Además -ha recordado-, España ha sido el único país que ha investigado los excesos en la lucha antiterrorista". Sobre las denuncias de los etarras detenidos, Rubira también ha sido tajante. "Lo primero que hace un detenido por terrorismo es denunciar torturas, como que le han obligado a hacer 300 flexiones, que le han puesto una bolsa en la cabeza o que le han aplicado electrodos -ha explicado-. Sin embargo, hace años que no hay una sentencia condenatoria por torturas y las Fuerzas de Seguridad reciben mucha formación en materia de derechos humanos. Además, todos tenemos claro que cualquier atisbo de tortura puede anular una prueba y eso puede dar lugar a que un comando quede en libertad".
Instantes después, la profesora de Derechos Humanos del departamento de Criminología de la UCJC Gemma Pérez Souto calificaba la pena de muerte como "la forma más extrema de tortura". "Independientemente de que una persona sea inocente o culpable, la pena capital debe de ser abolida en un país democrático". Esto, sin embargo, no se cumple en países como Estados Unidos y Japón -a quienes el Consejo de Europa ha exigido que abandonen esta práctica- o el caso particular de China. "Evidentemente, China es el país en el que se cometen más ejecuciones. Sólo el año pasado hubo 7.000, y esto tendría que obligarnos a replantearnos las relaciones con este país. No se puede decir a todo que sí pasando por encima de los derechos humanos".
En Es
paña, donde la última ejecución se produjo en el año 1974, el debate sobre la pena de muerte parece ya superado, aunque cada vez cobra más fuerza la implantación de la cadena perpétua. "Nuestro Código Penal es suficientemente duro y no hace falta introducir medidas más punitivas -explica-. Hay que ser educativos, hay que seguir las normas del Consejo de Europa y hay que legislar de forma pausada".
La irrupción en el espacio público de la cadena perpetua, de hecho, ha sorprendido a Pérez Souto, quien advierte de los riesgos de abrir esa puerta. "Yo pensaba que en mi vida iba a ver una cadena perpetua en la legislación española, pero el programa del PP para estas elecciones habla de introducir la 'prisión permanente revisable'", advierte.
Las j
ornadas, además, contarán este sábado con la presencia de Joaquín José Martínez, el único español que ha logrado salir con vida del corredor de la muerte en Estados Unidos. "Joaquín José era un hombre inocente condenado falsamente por una justicia torpe de la cual sólo pudo defenderse pagando 100 millones de las antiguas pesetas que recaudó el pueblo español", ha recordado Pérez Abellán.
Joaquín José, en concreto, fue condenado a morir en la silla eléctrica en el año 1997 por un doble asesinato en Tampa, Florida. Tras cuatro largos años de intensa lucha, sin embargo, logró volver a España. Ahora, y dentro de las jornadas, la UCJC expone una réplica de la silla eléctrica que funcionaba en Florida cuando Joaquín José fue condenado.
J
unto a la silla y a otros instrumentos de tortura -como un sarcófago empleado por la Inquisición-, la muestra expone, por primera vez en una universidad española, un sistema de ejecución más 'español': un garrote vil original cedido por la Audiencia Provincial de Valladolid. "Es un instrumento 'científico' que pretendía aliviar el dolor de los reos y ser una ejecución más humana que la horca -explica Pérez Abellán-. Sin embargo, por no saber usar este instrumento, la mayoría de los verdugos llevaban a cabo la 'muerte B': una muerte por asfixia en la que el reo sufría una agonía terrible".
Esta 'forma extrema de tortura' pasó a mejor vida en nuestro país en 1974. Ahora, estas jornadas quieren echar la vista atrás para no olvidar este oscuro pasado y que no se vuelva a recorrer el mismo camino.
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