La polémica en torno a los protocolos de las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia continúa sin resolución. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la investigación contra los directores de tres residencias de Leganés por los fallecidos, solicitando la declaración de los responsables del protocolo de derivación a hospitales de la Comunidad de Madrid.
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, estima parcialmente el recurso de apelación de los familiares contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 5 de Leganés que acordó el pasado mes de julio el sobreseimiento libre de las actuaciones.
La plataforma Marea de Residencias interpuso una querella contra los directivos de tres residencias de este domicilio madrileño por delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.
Sin embargo, no es la primera ocasión en la que se investiga estos presuntos incumplimientos en la implementación de protocolos de derivación de pacientes a hospitales dictados por el gobierno regional. Carlos Mur, el entonces director de Coordinación Sociosanitaria, afirmó en la comisión de investigación que algunos miembros de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales participaron y redactaron estos protocolos geriátricos.
En estos documentos se fijaban criterios para no derivar a determinados residentes enfermos de Covid-19 con dependencia o discapaidades a hospitales durante el momento de mayor saturación hospitalaria de la pandemia.
En su auto de archivo, la jueza exponía que era "la pandemia la que hizo enfermar a estas personas, y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la actuación que pudieran haber llevado a cabo desde un punto de vista administrativo y/o gubernativo para intentar su control y minimizar su impacto".
Toma de declaración de responsables
De este modo, los magistrados han solicitado que se tome declaración a los responsables de implementar estos protocolos en cada una de las residencias, a efectos de que expliquen “los informes ya remitidos en cuanto a los protocolos seguidos para evitar los contagios en relación a los medios disponibles". Además, también solicitan que se interroguen en calidad de testigo a los responsables médicos de cada una de las residencias afectadas y a los responsables del servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era el centro de referencia. El objetivo de la declaración es que informen sobre los criterios adoptados en esas fechas para el traslado de los enfermos desde las residencias.
Asimismo, el auto determina que una vez se practiquen las diligencias correspondientes y, en función de los resultados, el instructor podrá acordar en su caso "la práctica de la correspondiente pericial médico forense respecto de aquéllos residentes que considere necesario, así como cualquier otra diligencia que pudiera estimar oportuno practicar, siempre con libertad de criterio para adoptar la decisión que estime procedente".
Si (
No(
