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OPINIÓN

División de poderes y economía (II)

Por Joaquín Galván Vallina
viernes 20 de enero de 2023, 11:16h

Con referencia a la división de poderes en nuestro país, en la cúspide del poder judicial, y según la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del mismo. Estará integrado por “el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica.; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado”.

En la primera “Ley Orgánica del Poder Judicial” de 1980, durante el gobierno de Adolfo Suárez, de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, jueces y magistrados elegían a 12 vocales, el Congreso 4 vocales y el Senado 4 vocales. Eso se cambió con la Ley Orgánica de 1985, durante el gobierno socialista de Felipe González, y se pasó a que “los veinte Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales”: diez vocales por el Congreso y diez vocales por el Senado.

En términos de la doctrina de división de poderes, este sistema no resulta admisible. Incluso podemos recordar-los que tenemos cierta edad- al vicepresidente del gobierno en 1985, Alfonso Guerra, proclamando que Montesquieu ha muerto. Tampoco los gobiernos conservadores, aunque opuestos a este sistema de nombramiento, han estado muy incómodos con él, ya que no lo cambiaron cuando pudieron. En efecto, desde entonces podemos asistir al bochornoso espectáculo de los acuerdos parlamentarios entre el gobierno y la oposición para nombrar a los vocales del CGPJ.

En este sentido, cabe recordar las declaraciones del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders (antes de venir a España el pasado septiembre): señalaba que lo ideal para Bruselas es que la renovación del CGPJ sea elegida en su mayoría por los propios jueces, con arreglo a los estándares europeos, y sin esperar a una reforma más profunda del sistema de selección.

En cuanto al Tribunal Constitucional, aunque es un órgano político, se ciñe a finalidades jurídicas y emplea instrumentos ajustados a derecho. El Tribunal Constitucional (TC), garante de la Constitución, se compone de 12 miembros: “cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.”

La Constitución española alude al Tribunal Constitucional en el Título IX, separadamente del Poder Judicial (al que se refiere en el Título VI). Muchos juristas se muestran partidarios de que el Tribunal Constitucional sea una sala más del Tribunal Supremo; pero eso es otra polémica, y la Constitución que tenemos está así, siendo un momento especialmente delicado para pensar en cambios. No obstante, vemos al Tribunal Constitucional en muchos casos, haciendo de organismo de casación del Tribunal Supremo; esto hace más necesario aún que se ciña a objetivos jurídicos e instrumentos ajustados a derecho.

Para esto, lo deseable es que los puestos de responsabilidad en estos organismos fueran ocupados por jueces, magistrados y juristas con una trayectoria profesional intachable e indiscutible, independientemente de su orientación política, que decaería en importancia. Si los magistrados aplican e interpretan las leyes con el correspondiente arbitrio del juez, no debería importar a nadie su proceder; lo que es rechazable es que lo hagan arbitrariamente, actuando como legisladores.

Existe un equilibrio inestable, ya que los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por políticos -que buscan que satisfagan sus intereses o, como poco, que se comporten como estómagos agradecidos- y, por otro lado, deben actuar de forma independiente e imparcial; cosa que queda constreñida a su elección personal, y según su ética profesional. La lucha enconada para lograr una mayoría “progresista” o “conservadora” en este Alto Tribunal, hace vislumbrar que los partidos confían claramente en que las sentencias de los magistrados se atendrán más a la lealtad hacia quien los ha nombrado que hacia su sometimiento a las leyes. Flaco servicio hacen los partidos al TC, cuando lo que más erosiona su credibilidad es que se encasille a sus miembros en función de distintivos partidistas.

De cualquier modo, muchas personas -especialmente en el ámbito político- vienen siendo partidarias de que los miembros del Tribunal supremo y el Tribunal Constitucional sean elegidos por mayorías parlamentarias, con el argumento de que el Parlamento es la representación popular. Esto, aunque tenga apariencia convincente, implica un ataque al Estado de Derecho y a la propia Constitución. Supongamos, de manera muy simplificada, que una mayoría parlamentaria de la mitad más uno decide legislar para que la otra mitad menos uno sean sus esclavos; podría pasar el trámite parlamentario, pero sería contrario a la Constitución. Para evitar este tipo de situaciones, es especialmente importante la independencia judicial y la sujeción a unos principios constitucionales ampliamente aceptados. El Tribunal Constitucional, en definitiva, tiene como principal función impedir o, en todo caso, mitigar, los abusos de la mayoría parlamentaria.

Durante las últimas semanas hemos visto cómo el Ejecutivo y sus socios sacaron mediante enmiendas una reforma exprés de una ley orgánica -prescindiendo de los informes estipulados y sin el trámite obligatorio de reformar una ley orgánica mediante otra ley orgánica- en la que se cambiaba el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Esto se hizo renunciando a un trámite parlamentario normal, en el que tendrían mayoría; probablemente para evitar que el cumplimiento de sus compromisos con los separatistas tuviera efectos electorales negativos, si se hacía más adelante.

Tras esta alcaldada para controlar por la vía rápida este órgano, el PP recurrió y el Tribunal Constitucional paralizó la tramitación de las enmiendas, frenando este asalto a la Justicia por haber excedido los “márgenes constitucionales” y señalando que su responsabilidad es "limitar la capacidad de actuación del legislador cuando este se exceda de los márgenes constitucionales".

De cualquier modo, el nombramiento por parte del CGPJ de dos magistrados que habían excedido el período de vigencia de su cargo, ha permitido que haya una mayoría del llamado grupo de los “progresistas” frente a los “conservadores”, que era lo que pretendía el presidente Sánchez, ya que manifestó no tener ya prisa en continuar con la reforma legal para cambiar el sistema de elección de magistrados. Se hace evidente que lo importante para él no era mejorar la forma de elección, sino controlar el Tribunal.

Tras la renovación del TC, el Gobierno, al que se habían declarado inconstitucionales dos estados de alarma y la suspensión de la actividad parlamentaria durante la pandemia, espera que su mayoría “progresista” (con algunos miembros de perfil claramente político) pueda dar vía libre al referéndum en Cataluña y desencallar unas cuantas leyes de dudosa constitucionalidad. Por lo pronto, el flamante nuevo presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha comenzado con prisas, al llevar al Pleno del Tribunal el recurso sobre la Ley del aborto a la vez que se tramita en el Senado otra nueva Ley acerca de la misma materia. Seguirán otras polémicas leyes de alta carga ideológica, como la de eutanasia, la del “Sí es sí” o la Ley Celaá.

Se presentan serias dudas sobre si el Tribunal Constitucional observará su objetivo fundamental de reprimir los abusos de la mayoría parlamentaria. El verdadero peligro es cuando se aúnan los tres poderes en una misma mano. En la actualidad, el Gobierno socialcomunista de España ha tomado el control del Poder que le faltaba y más bien parece que vaya a ejercerlo de forma aplastante.

También había Constitución en la antigua Unión Soviética, aunque ignorada por todos sus presidentes. Si se legisla a espaldas de nuestra Constitución, por encima de lo que todos entendemos que dice (con arreglo a la sintaxis, la morfología y la semántica), nuestra Carta Magna quedará como papel mojado.

Con referencia al ámbito económico, se puede resaltar que en los mercados, los abusos de poder en general se controlan por medio de la competencia: si, por ejemplo, un producto no nos satisface, podemos cambiar de proveedor (salvo que hubiera monopolio y no tuviéramos sustitutivos). Pero el Estado, por el contrario, tiene un poder monopolístico, y para controlar los abusos de poder se ha venido implantando la doctrina de división de poderes.

Concentrar más el poder en manos de un individuo o grupo socava las instituciones pluralistas, y su acaparamiento conduce a un régimen totalitario. Si se supera el freno de los tribunales al avasallamiento del poder político, éste tenderá a debilitar las garantías constitucionales y a ocupar todo espacio político, social y económico.

En los últimos tiempos, las actuaciones del ejecutivo y las legislativas han dificultado la participación libre de las personas en la economía, a la vez que se ha cuestionado la propiedad privada, se ha perjudicado la imparcialidad del sistema judicial y la provisión de servicios públicos en igualdad de condiciones, el libre comercio y la seguridad en los contratos. Se ha comenzado una deriva totalitaria en la que el ciudadano es cada vez menos dueño de sus rentas y el gobierno se dedica a la redistribución de las mismas, extrayendo rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto. Esta deriva lleva al deterioro de la actividad económica, cosa que se va haciendo evidente. Efectivamente, si se unifican los tres poderes, “todo se habrá perdido”.

Joaquín Galván Vallina

Doctor en CC. Económicas y Empresariales. Profesor de la Universidad Europea de Madrid

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