Los ciudadanos anticipan bastante bien lo que va a ocurrir utilizando su raciocinio de forma mucho más sensata de lo que se piensa. La explicitación de las expectativas racionales, por las que la gente anticipa y extrapola lo que va a ocurrir le valió un premio Nobel de Economía en 1995 a Robert E. Lucas, “por sus estudios sobre las expectativas racionales y sus aportaciones a una mejor comprensión de la política económica”.
En general, la hipótesis de expectativas racionales sostiene, como su propio nombre indica, que los agentes económicos configuran racionalmente sus expectativas sobre el futuro usando con eficiencia toda la información existente (pasada, presente y futura), lo que lleva a anticipar correctamente lo que va a hacer el Gobierno frente a una perturbación económica.
Se supone un comportamiento racional de los agentes económicos, que usan toda la información relevante de que disponen; y para formular sus expectativas racionales, estos agentes deben de tener una experiencia previa de los hechos (de no haberla, no serían racionales). Racionales no significa, sin embargo, necesariamente acertadas, sino que pueden ser erróneas, aunque esos errores deben ser impredecibles.
La hipótesis de expectativas racionales implica para la política económica que si el público predice -a través de las expectativas racionales- cuáles van a ser las intenciones del Gobierno de política estabilizadora, adopta una actitud “defensiva” y los efectos de esta política prácticamente desaparecen. La única posibilidad de lograr con éxito una política de estabilización es "engañar" al público cambiando por sorpresa el signo de la misma.
Esta teoría, sujeta como todas a críticas y matizaciones; sin embargo, nos puede ser útil para interpretar la actitud económica del público frente a lo que puede acontecer en el futuro.
De este modo, vemos que en Austria se ha pronosticado un apagón generalizado a gran escala, con campaña de información incluida; también vemos que Suiza -por su dependencia energética de la UE- y Alemania también han lanzado mensajes en este sentido. En España, desde el Ministerio de Transición Ecológica se ha descartado rotundamente esa posibilidad, afirmándose que el suministro de electricidad está garantizado (menos mal que esta vez no nos han dicho que uno o, a lo sumo dos apagones…) y que nos ayuda el estar poco conectados con el resto de Europa. Por otro lado, la ministra ha viajado recientemente a Argelia, con la intención de afianzar el suministro nacional de gas natural, pero Argelia ha cerrado el gasoducto; aunque también se ha afirmado que esta carencia se va a suplir con barcos metaneros (el hecho es que antes teníamos el gasoducto abierto y ahora no). Por otro lado, si observamos los medios de comunicación, es un lugar común informar de los componentes de un kit de emergencia en caso de apagón.
¿Qué hará el público frente a esta situación? ¿Hacer caso omiso, ante las garantías del Gobierno, o tomar medidas de precaución? Experiencias recientes, ciertamente, nos han revelado que el público tiende a prever el futuro de forma racional: si recordamos, por ejemplo, las semanas previas al confinamiento, y los estantes vacíos de papel higiénico en los supermercados -que causaban la hilaridad de muchas personas- podemos considerar que esas medidas precautorias, y otras análogas, fueron sensatas ante las expectativas que -desgraciadamente- se hicieron realidad.
Si observamos el panorama económico general podemos apreciar una confluencia de acontecimientos preocupante.
El crecimiento de la economía española, cuyos indicadores ya flojeaban antes de la pandemia, presentó después de la misma un dinamismo importante hasta este verano, pero se desinfló en los últimos meses. La repentina caída del consumo ha llevado a que, según las previsiones de distintos organismos y bancos (Banco de España, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, BBVA, Funcas o Consejo General de Economistas), el crecimiento del Producto Interior Bruto se desacelerará hasta niveles de entre el 5% y el 6%. Mientras, las estimaciones del Gobierno se mantienen en el 6,5%.
Según las previsiones del FMI, tras la caída histórica del 10,8% en 2020 con el coronavirus, la economía recuperará este año poco más de la mitad de lo perdido, y hasta 2022 no volveremos a estar en niveles de comienzos de la pandemia. Un desempeño notablemente inferior al de la media de los países de la zona euro y de las economías avanzadas.
FMI: Últimas proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial
PIB real 2020 2021 2022
España -10,8 5,7 6,4
Economías avanzadas -4,5 5,2 4,5
Zona euro -6,3 5,0 4,3
El precio de la electricidad y el de los carburantes siguen altos y repercuten por el lado de los costes en toda la cadena productiva. Esto ha llevado a un incremento de los precios, de forma muy visible en la factura del supermercado, con lo que los consumidores han percibido sobradamente durante los últimos meses la subida de precios de los bienes de consumo.
A este incremento de los precios de la producción industrial, que la ralentizan y paralizan, se suma la crisis de abastecimiento de materias primas y componentes en general, y de los semiconductores en particular. Esto último afecta a un sector tan significativo como el de los automóviles (España ocupó la octava posición de la clasificación mundial de productores del sector de la automoción en 2020, según Statista): la matriculación de automóviles ha caído un 27% en septiembre frente a 2019, el tiempo medio de espera de un coche nuevo oscila entre los cuatro y los ocho meses y, según la asociación de concesionarios Faconauto, no hay un horizonte de cuándo volverá a haber coches en el mercado. Chocante resulta la premura gubernativa por acelerar el cambio al coche eléctrico cuando empieza a haber dudas sobre el suministro de electricidad.
El turismo, por su parte, después de levantarse gran parte de las restricciones de la pandemia, se recobró significativamente a nivel nacional, pero el turismo extranjero ha estado en niveles marcadamente inferiores a los previos a la pandemia. El turismo ha crecido, aunque menos de lo que se esperaba. Pese a todo, es un pilar fundamental de la economía nacional, y un sector que despierta esperanzas; aunque también necesita medidas de apoyo.
Los datos de empleo, tanto según los inscritos en las oficinas de empleo hasta octubre como según la Según la Encuesta de Población Activa (EPA), reflejan una significativa mejora a corto plazo. No obstante, hay cerca de 200.000 personas que continúan en ERTE y 100.000 autónomos en cese de actividad, y la recuperación del empleo a largo plazo no se muestra tan fuerte. Especialmente significativo es que haya la mayor tasa de paro juvenil y de temporalidad de la Unión Europea y que, a nivel general, no se perciba optimismo en cuanto a la mejora del empleo.
La reforma laboral -un día derogación y otro no derogación- sí que es un juego de despiste para los agentes económicos. Se supone que se jugará a hacer una reforma que no ponga en peligro los fondos de reconstrucción de 10.000 millones que se tienen que liberar en diciembre, es decir, no desmontar lo hecho en 2012. De cualquier modo, esta reforma, por su propio planteamiento, tendería a ir en contra de la recuperación del empleo.
En el mercado laboral, las expectativas sobre sus condiciones no auguran un futuro prometedor, al igual que las condiciones de las pensiones futuras; la prueba es la carrera a la que venimos asistiendo de “sálvese quien pueda” para jubilarse antes de la debacle.
Tampoco las subidas de precios ayudan al Banco Central Europeo (BCE) en su política monetaria (cuyo objetivo principal es mantener la estabilidad de precios dentro de la zona euro). Por ahora, el BCE anda con pies de plomo a la hora de cambiar a una política monetaria más restrictiva. Se muestra partidario de que los tipos de interés sigan bajos, lo que evita poner en dificultades los compromisos de pago de la deuda pública, a la vez que no encarece la devolución de los créditos para las familias endeudadas a tipo variable –que perjudicaría el consumo y el ahorro–. En cualquier caso, el aumento de la inflación va orientando la política del BCE a la retirada de estímulos monetarios, y ya en septiembre se decidió reducir el volumen de compra de deuda pública a partir del último trimestre del año. España es el principal beneficiario de la “barra libre” de compra de deuda pública por parte del BCE, y el próximo año, la prima de riesgo puede volver a ser un problema, con una deuda pública cercana al 130%.
En España, el Gobierno ha presentado unos presupuestos con un gasto público récord. Consecuentemente, para su financiación (aparte de las ayudas de la UE, que tampoco son el maná), va por la senda de aumentar los impuestos. La presión fiscal ha aumentado en 2020 y 2021, al contrario que en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea, capitaneados por Alemania, Francia e Italia. En definitiva, ante la falta de estímulos para la economía, resulta coherente que nos situemos a la cola de la recuperación.
El panorama no se presenta halagüeño, y los agentes económicos actúan con arreglo a sus expectativas racionales: resulta normal que haya caído el consumo porque el consumidor, por precaución, ha optado por ahorrar. Los ciudadanos han continuado con las medidas con que han intentado mantener sus rentas durante el confinamiento, con situaciones de ERTE o pérdida del empleo. Esperemos que se despejen los nubarrones que se ciernen sobre la economía nacional, aunque hay que actuar en ese sentido. Yo, por lo pronto, me voy a comprar una linterna.
Si (
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