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Vuelve el “ladrillazo” a Madrid

miércoles 17 de junio de 2020, 19:58h

A finales de mayo presentaba Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sus 30 medidas para “reactivar la economía de la región”. En realidad se trata de 28 medidas, en general raquíticas y sin muchas concreciones, que servían para envolver como en papel de regalo las dos fundamentales. Esto es, las realizadas por la Consejería de Vivienda y Administración Local, que demuestran cómo el amor del PP por el ladrillo sigue vivo.

Con este Plan ha descubierto su modelo de salida de la crisis, una vuelta al ladrillazo y la especulación inmobiliaria. Se complementa con el impulso a la privatización de los servicios como lo demuestran en la Sanidad con la contratación por seis meses y unas condiciones laborales impresentables a los 10.000 sanitarios que siguen sin contratar; las externalizaciones del servicio de limpieza en el Hospital Gregorio Marañón; la ampliación en el Hospital Niño Jesús y el nuevo Hospital de Emergencias anunciado. O en Educación la supresión de más de 14.000 plazas públicas y la orientación de la matricula al sector privado. No queda exenta la Enseñanza Superior, donde se anuncia la autorización para una nueva Universidad Privada.

El raquítico presupuesto del Plan de Ayuso ya nos anuncia que toda la responsabilidad se deja al sector privado para lo que se le ofrece la eliminación de controles públicos y rebajas fiscales. En este contexto la inyección del Estado de más de 3.400 millones de euros que superan la cantidad de los 2.700 que iba a costar la crisis, según el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, puede terminar en nuevos regalos fiscales. Esperemos que sean cantidades finalistas para reforzar los servicios públicos y se impida su mal uso por el gobierno regional.

La primera de estas medidas enunciada como la “reducción de la burocracia municipal y los trámites administrativos”, no es más que la eliminación de todos los controles públicos y, aunque no se concreta, el inicio de los trabajos está previsto para este 2020. La segunda, supone la “puesta de suelo a disposición de operadores económicos y plan de venta de suelo público”, es decir el modelo para volver a la vieja receta del “pelotazo urbanístico”. El proyecto, que ya está en marcha, propone la venta de 193 parcelas en 21 municipios y 932.000 metros cuadrados en 21 municipios de la Comunidad de Madrid.

CCOO de Madrid creemos que la construcción tiene que jugar un papel importante en la reconstrucción pero dirigida a la rehabilitación de viviendas y espacios degradados o la obra civil para infraestructuras necesarias pero siempre con un criterio de sostenibilidad y dentro de los necesarios planes de transición ecológica. Es un objetivo que se fija la Unión Europea en su propuesta de Pacto Verde Europeo.

Para leer estas medidas hay que poner en contexto que a principios de febrero ya estaba preparado el anteproyecto de una nueva “Ley del suelo”. Pero fue a principios de mayo, aprovechando la pandemia y en pleno confinamiento, cuando Díaz Ayuso volvió a tratar el asunto de soslayo ante los medios de comunicación. El Anteproyecto fue aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado 13 de mayo y será tramitado por el procedimiento de urgencia y lectura única en la Asamblea de Madrid. Finalmente, el 18 de mayo, el BOCAM la publicó mientras las residencias de ancianos eran el foco de muerte y espantosa gestión regional.

Una vez más el Partido Popular intenta introducir por la puerta de atrás una modificación de la Ley del Suelo aprobada en 2001 bajo la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón. ¡Y van 17 modificaciones en 19 años! Prácticamente una por año, mientras no se ha desarrollado una ley sobre el derecho a la vivienda que mire a la Constitución española.

Este anteproyecto es un paso más en la ultraliberalización iniciada en 1998 por José María Aznar y cuyo resultado conocimos diez años después con la burbuja inmobiliaria que hizo que nuestro país padeciera con especial virulencia la Gran Recesión.

Evidentemente esta ley cuenta con el apoyo de Vox y su portavoz, Rocío Monasterio, a quien el pasado 14 de junio ya le habían descubierto 18 obras irregulares realizadas en pleno auge inmobiliario. La nueva ley convertiría en legales las corruptelas de Monasterio, pues lo que hacía era no llevar a cabo los trámites obligatorios (esos que ahora se saltarán), permitía hacer la obra rápida, sin pagar impuestos y plusvalías e incluso convertir en vivienda un garaje o suelo industrial sin que tuviera condiciones de habitabilidad.

El Partido Popular tiene un pensamiento peligrosamente lineal y sólo entiende del beneficio de determinado empresariado cómplice. En su pragmatismo lo reducen todo a números y beneficios. Es esa inmoralidad que destapaba la presidenta en una entrevista esta semana cuando aseguraba que “en las residencias no ha habido dejación ni negligencia, ha habido pragmatismo”.

El Gobierno regional, en plena, crisis está jugando con una nueva burbuja inmobiliaria; está abriendo la puerta para que se imponga la ley de la jungla en beneficio exclusivo de inmobiliarias sin escrúpulos. Liberalizar el suelo no supone ningún beneficio para la sociedad y menos cuando hay que responder a las colas del hambre, al desempleo, a la desigualdad…

Ante el resurgido intento de ladrillazo, CCOO de Madrid, al igual que otras organizaciones, presentó el 2 de junio alegaciones al anteproyecto de la Ley del Suelo porque la medida, basada en “aligerar” el procedimiento administrativo puede generar confusión, inseguridad jurídica e inseguridad para la integridad física, la salud y la prevención”.

Las alegaciones realizadas por diversas organizaciones y partidos de izquierdas, de ese Madrid que quiere luchar contra la especulación que anida en el ADN del PP han dado pie a un manifiesto contra la Ley Ayuso para que el Gobierno retire un anteproyecto que nos devuelve a la lógica del ladrillazo, dando facilidades a los promotores para construir al margen del control de la salud, urbanístico y medioambiental, es decir, al margen de la ley.

En resumen, esta nueva modificación supone menos garantías para consumidores, pero también para trabajadores, ya que no se comprueba previamente que una obra haya adoptado las medidas de seguridad y salud en el trabajo; no garantiza saber quién es responsable de prevención de riesgos laborales en las obras y permite realizar demoliciones (obras con importantes riesgos de salud laboral) sin control previo.

Además, supone menos garantías para la sociedad, la convivencia, la salud y el descanso. Por ejemplo podrán proliferar negocios e instalaciones que no cumplan normativa, perturbando al vecindario y al medio ambiente.

Asimismo quita potestades a la administración más cercana, es decir los ayuntamientos, que tendrán más responsabilidades en el cumplimiento de la legalidad urbanística, pero solo podrán actuar a posteriori y con menos herramientas. También supone, ya está suponiendo, una amenaza para el patrimonio histórico, porque permite demoler edificios de valor histórico y cultural sin control previo.

Por último, pero fundamental, supone una amenaza para el medio ambiente porque no se garantiza el cumplimiento de la normativa de residuos de construcción y demolición y la extracción de áridos, los depósitos de vertidos, la apertura de caminos, la instalación de tendidos eléctricos o la construcción de obras hidráulicas quedan en una situación legal confusa.

La gestión del suelo es fundamental y puede ser utilizada para “regalar” terreno a privados para construir centros sanitarios o de enseñanza, también privados. El asunto requiere de diálogo, consenso entre administraciones y pacto. No es tiempo de autoritarismo.

Jaime Cedrún

Secretario general de CCOO Madrid

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