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La seguridad, en cuestión

miércoles 27 de junio de 2018, 11:03h

El rechazo del 85 por ciento de la plantilla de la Policía Municipal al preacuerdo que la Corporación había alcanzado con tres de los cinco sindicatos y al que se oponían precisamente los dos mayoritarios ha creado una situación complicada. El llamamiento de los sindicatos partidarios de alcanzar un mejor convenio para que no se cubran voluntariamente los servicios extraordinarios derivados de las jornadas del Orgullo Gay ha sido respondido por el Consistorio con la suspensión de las libranzas, algo que ha elevado la tensión.

La aparición en estos días de pegatinas y pintadas con lemas como “Policías bajo mínimos”, “Madrid sin seguridad” o “Madrid sin policías, basta ya de recortes” van en la línea que mantuvieron en su día los bomberos de crear un clima de inseguridad, algo con lo que no se debería de jugar.

Según los datos estadísticos de la Policía Municipal, este cuerpo, formado por 6.200 hombres y mujeres, realiza al mes unas 12.000 intervenciones entre actuaciones de seguridad ciudadana y vial, protección a los consumidores y usuarios, control del consumo de alcohol en la calle e inspecciones de locales de espectáculos, a las que hay que sumar más de 15.000 pruebas de alcoholemia a conductores. Como resultado de todas ellas, el número de detenidos e investigados se eleva a unos 1.400 mensuales en tanto se denuncia a unos 4.000 locales de ocio.

Desde que Ruiz-Gallardón creara en 2004 la figura del agente de movilidad con objeto de dedicar a los policías municipales en exclusiva a la seguridad ciudadana, los policías desaparecieron de los cruces de las calles, abandonaron la vigilancia de edificios y dejaron de ser utilizados como simples carteros de comunicaciones oficiales. Su nuevo objetivo era mejorar la seguridad ciudadana en colaboración con la Policía Nacional y el Cuerpo Superior de Policía.

Y en honor a la verdad, durante muchos años la medida se hizo notar. Por ejemplo, en 2014 se alcanzó el nivel más bajo de la delincuencia con 67,9 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, es decir 27 puntos menos que la tasa más alta registrada en 2003. Pero en 2015 las cosas empezaron a cambiar. Ese año la tasa de criminalidad aumentó un 1,1 por ciento; en diciembre de 2017 la tasa ya era de 73,1 infracciones penales por cada millar de habitantes, cifra que en marzo de este año ya había subido a 73,9.

No es extraño, por tanto, que los responsables municipales, ante este aumento de la criminalidad de los tres últimos años, intenten obtener los máximos resultados de una plantilla que, aunque podría parecer alta, una vez que se restan las 600 vacantes, las bajas laborales, las vacaciones y los permisos solo permite sacar a la calle, de lunes a viernes y para el conjunto de los tres turnos, 992 patrullas que a dos personas por patrulla dan un total de 1.984 agentes.

La situación es mucho peor los sábados y domingos. Según los datos de abril de este mismo año, durante las 24 horas de los sábados de ese mes actuaron 659 patrullas y los domingos la cifra bajó a 589 patrullas, es decir 1.178 agentes., una cifra exigua si se tienen en cuenta las carreras populares, las fiestas de los barrios y las actividades lúdicas de los fines de semana, y de la que se aprovechan cuantos celebran botellones, extienden sus terrazas hasta impedir el paso a los peatones, arman escándalos callejeros y aparcan en doble fija ante restaurantes y bares.

Se impone, por tanto, que el Ayuntamiento escuche las reivindicaciones laborales de los policías, sean estas de carácter económico o de planificación de tareas y les de una respuesta adecuada y razonable, pero sin que esta negociación afecte en ningún caso a la misión a la que este Cuerpo está dedicado, empezando por la seguridad ciudadana de un evento internacional y multitudinario como el Orgullo Gay.

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