El acoso a menores en los centros educativos tiene muchas dimensiones de abordaje. Concepción Rodríguez González del Real, magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Madrid, ha sido la encargada de mostrar la perspectiva jurídica en la segunda edición de la II Jornada Madridiario sobre Educación organizada por Madridiario, celebrada este lunes en el salón de actos de la Escuela de postgrado de la Universidad Camilo José Cela (UCJC).
La magistrada ha hecho un repaso por la normativa vigente que puede intervenir en situaciones de acoso y ha explicado que existen mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la mediación. “Tienen un fuerte contenido educativo y permiten solventarlos sin acudir a la vía penal”, ha señalado, a diferencia de lo que ocurre con los casos entre adultos.
Así, ha explicado iniciativas como la conciliación –en las que el agresor pide disculpas- o la reparación –en la que además se le impone una actividad de resarcimiento a la víctima- como herramientas específicas.
Multas y medidas de alejamiento
Rodríguez ha insistido en la mesa redonda 'Soluciones y mediación' en que “en ningún caso” quien tiene que abandonar el centro escolar es el menor acosado, sino el agresor. “Se le pondrá en disposición uno análogo próximo a su domicilio siempre que cumpla las medidas de no acercamiento”, ha afirmado antes de recordar que las escuelas no pueden oponerse a su ingreso.
La magistrada también ha apuntado que, entre lo previsto en la legislación, hay una responsabilidad civil solidaria de los padres y centros escolares para este tipo de casos, que puede llegar a comportar sanciones económicas muy importantes. "Yo he llegado a imponer alguna de 300.000 euros", ha desvelado.
Vencedores y vencidos
Por su parte, Miguel Ángel Pérez Nieto, decano de la Facultad de Educación de la UCJC, ha defendido el rol que puede ejercer la universidad en la formación de los futuros profesores.
Así, ha citado la relevancia de fomentar capacidades para gestionar “conflictos puntuales” que aún no han desembocado en ‘bullying’, pero que dejan “vencedores y vencidos, relaciones de poder”. “La mediación puede ser clave, pero necesitamos una formación muy específica”, ha asegurado.
“El castigo limita unas conductas pero es necesario que se trabaje con estos acosadores”, ha ampliado el profesor. “Es un ideal, ojalá no tuviéramos que dar trabajo a los magistrados, pero creo que si el propio colegio resuelve el conflicto, es algo más positivo, también para la víctima”, ha asegurado.
“Nosotros no buscamos el castigo, sino la resocialización de los menores”, ha completado la magistrada.
La problemática de los móviles
El debate también ha abordado el uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores. González ha defendido el control sobre los dispositivos. “No tienen capacidad para comprarse un móvil y mantener a la compañía, así que podemos llegar a un pacto con ellos para que todos los dispositivos de la casa no sean secretos: los padres estamos obligados a tener un control y supervisión sobre nuestros hijos”, ha afirmado.
La magistrada ha relatado el caso de una madre que descubrió, al leer los mensajes que recibía su hija de 14 años en su teléfono, que se estaba prostituyendo. “Vivimos en una sociedad muy compleja. Cuando yo era niña, había un control social externo que hacía que mi madre supiese si yo, por ejemplo, no iba al colegio”, ha contrapuesto. “Con 15 años, no se puede ser dueño y señor de un móvil: los dispositivos tienen que ser comunes”, ha zanjado.
Por su parte, Pérez ha valorado que este es, probablemente, uno de los retos más difíciles de tratar en la actualidad porque “trasciende las fronteras del aula” y no todas las familias tienen los mismos “criterios”. “Hace poco me contaron un caso en el que un padre se metía en los chats de su hijo para acosar a alguien que le estaba acosando, convirtiéndole así en una víctima”, ha ejemplificado.
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