Bruselas expedienta a España por el incremento de las tasas aeroportuarias
miércoles 21 de noviembre de 2012, 00:00h
Actualizado: 22/11/2012 19:18h
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la subida de tasas que deben pagar las compañías aéreas en los aeropuertos que gestiona AENA, que pone en peligro el ejercicio de los servicios.
En la primera fase del procedimiento, Bruselas ha pedido explicaciones formales al gobierno de Mariano Rajoy sobre las causas de estos incrementos que entraron en vigor el pasado mes de julio, con el fin de examinar si están justificadas por los costes que incurren los aeropuertos.
Este expediente responde a varias denuncias de compañías aéreas y asociaciones de representación del sector de la aviación y de viajes, que alegan que la subida no respeta las normas de la Unión Europea.
El gobierno español cuenta ahora con dos meses para responder a las preguntas del Ejecutivo europeo que, en caso de que no satisfagan a la Comisión, ésta podría pedir cambios en las tasas, incluso llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
En sus denuncias, las compañías aéreas aseguran que no fueron adecuadamente consultadas sobre las modificaciones de las tasas aeroportuarias y aunque los cambios han supuesto incrementos modestos en algunos aeropuertos pequeños, la tasa por pasajero en los aeropuertos de Madrid se ha duplicado.
La Comisión Europea ha explicado que el incremento de las tasas es significativos para las compañías que operan en Barajas y el Prat, por lo que podrían dejar de operar en ambos aeropuertos. Bruselas está recabando más información que garantice que las modificaciones estaban justificadas sobre la base de los costes para los aeropuertos españoles.
Además, la Comisión desea asegurarse de que España haya establecido una autoridad de supervisión independiente, tal como exige la normativa comunitaria.
La directiva europea sobre tasas, adoptada en 2009, establece unos requisitos mínimos para su cálculo y exige la consulta previa entre aeropuertos y compañías antes de cualquier cambio. Dicha directiva obliga a los aeropuertos a proporcionar información suficiente sobre los costes para los usuarios de los aeropuertos. También se exige a los Estados miembros que establezcan una autoridad de supervisión independiente para arbitrar los conflictos sobre las tasas aeroportuarias entre los aeropuertos y las aerolíneas.