La jueza Inmaculada Iglesias ha tomado declaración a dos inspectoras de la Agencia Tributaria que han confirmado los presuntos gastos ficticios que se encontraron durante una investigación fiscal sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Además, se han presentado indicios relacionados con la supuesta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública.
La comparecencia se lleva a cabo tras la negativa del novio de la presidenta regional a declarar ante la magistrada el 24 de febrero. Por recomendación de sus abogados, González Amador decidió ejercer su derecho a no declarar hasta que se resolviera el recurso pendiente relacionado con la pieza separada. Una semana después, la Audiencia Provincial de Madrid aprobó que se investigaran otros delitos distintos a los que ya se están tratando en la causa principal.
Esta mañana, las dos inspectoras que elaboraron los informes tributarios que señalan el presunto fraude fiscal atribuido al novio de Ayuso y a otros cuatro investigados han sido interrogadas por la jueza. Según el informe de la Agencia Tributaria, "se detectaron unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
Durante el interrogatorio, la defensa ha expresado sus desacuerdos "técnicos" y "fácticos" con respecto al contenido de los informes. Los abogados de González Amador están considerando la posibilidad de presentar un informe pericial para respaldar esas discrepancias.
Indicios de posibles actividades delictivas
La investigación se enfoca en los posibles indicios de actividades delictivas relacionadas con el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, así como en un presunto delito de falsedad documental. Esto se debe a la presentación de facturas que supuestamente no corresponden a servicios efectivamente prestados, las cuales habrían sido presentadas con el objetivo de reducir la cuota tributaria a pagar.
La jueza argumentaba en el auto de apertura de diligencias que, supuestamente, "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de abonar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, un total de 195.951 euros".
Se argumentaba que esas conductas se clasifican como "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".
A raíz de un informe de la Agencia Tributaria que señalaba un posible fraude fiscal al identificar "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades", la Fiscalía llevó a cabo una investigación sobre los hechos.
La denuncia del fiscal señala que se han presentado gastos que no coinciden con los servicios efectivamente prestados, todo con el objetivo de reducir la cantidad que debía ingresar al erario público por el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021.
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