La última reforma educativa aprobada por el Gobierno a finales del año pasado no ha parado de estar en el ojo del huracán ante las críticas vertidas por diferentes colectivos sociales. Gobiernos autonómicos y partidos no se han quedado atrás. Los últimos en manifestar su disconformidad han sido los consejeros educativos de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco que han dejado claro, de forma conjunta, su rechazo a esta reforma pidiendo con rotundidad que se "frene" al considerarla imposible de poner en marcha el próximo curso.
No se es de la misma opinión el Ministerio de Educación, que acaba de anunciar que cofinanciará con el Fondo Social Europeo los gastos directamente relacionados con la implantación de la reforma educativa, que ascienden a unos 2.000 millones de euros hasta el 2020, aunque sí aplazará parte del desarrollo curricular de la norma. Así pues, Wert ha manifestado que se avanzará en los que se implantarán en el próximo curso 2014/15 -Educación Primaria y FP Básica- mientras que se han pospuesto para más adelante, dentro de este año, los decretos que afectan al currículo de E.S.O. y Bachillerato, etapas que no empezarán a implantarse hasta el curso 2015/16.
Si tenemos en cuenta que las cinco comunidades representan el 52 por ciento del alumnado del Estado, no es opinión baladí la que muestran a la ciudadanía. Eso sí, tampoco es desdeñable el dato de que Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco son las únicas Comunidades Autónomas que en la actualidad no son gobernadas por el PP.
Ante esto caben una serie de preguntas que preocupan a todos los que verdaderamente están interesados en mejorar la Educación: ¿La opinión benévola o no ante la Ley depende del signo político de los que la dan? ¿Es, por tanto, la Educación una mera arma arrojadiza entre partidos políticos? ¿Se busca la calidad de la enseñanza de forma objetiva? ¿Cómo se consigue, entonces, esa calidad anhelada? Para nosotros, la respuesta a esta última pregunta es sencilla, aunque su solución está fuera de nuestras manos. Y es que se debería propiciar un gran pacto entre todas las fuerzas políticas, de tal forma que no se cambiase de ley cada vez que se cambia de partido en el Gobierno. Debemos dejar de utilizar la educación como arma política, y la política debe salir de todas las instancias educativas: colegios, universidades...
Es primordial, además, que todos consideren la educación como un servicio público al ciudadano en el que puedan convivir en paz la enseñanza pública, la privada-concertada y la privada. ¿Por qué los Gobiernos, uno tras otro, se empeñan en que sean excluyentes? La competencia entre todos nosotros, al final, traería, seguro, una mejor calidad a todos los colegios españoles sin excepción. Mientras estas sencillas premisas no sean una realidad, seguirá siendo una utopía la mejora de la Educación que tanto se pretende por parte de los diferentes Gobiernos de nuestro país.
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