La acusación
popular asegura que Aguirre "debía tener conocimiento directo, cuando no
participación, de la forma en que se contrataban las empresas de sus
actos".
La
Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de 104
contratos con la red Gürtel, por un importe total de 3.160.549,23 euros, para
"eludir los requisitos de publicidad y de adjudicación" establecidos
por la ley, según constaba en un informe de la Intervención General de la
Administración del Estado del pasado mes de abril.
El
dictamen analizaba un total de 686 operaciones por un importe de 6.484.080,07
euros adjudicados por la administración autonómica, los cuales se concretaron
en seis expedientes de contratación por un importe total de 1.148.271,62 euros,
y en 657 expedientes tramitados como contratos menores por un total de
5.335.808,45 euros.
Entre
los actos investigados se encuentran la Cumbre Flamenca 2005, la celebración
del Día de la Comunidad de Madrid y los Premios de Cultura y la Medalla
Internacional de las Artes 2005, así como contratos del Ente Público Radio
Televisión Madrid (RTVM), Promomadrid y Arpegio con empresas como Servimadrid,
MQM, CMR o Pasadena Viajes.
El
desglose por consejerías revela que el departamento de Cultura, Deportes y
Turismo, que dirigía el imputado en el caso Gürtel Alberto López Viejo,
organizó 23 actos por importe de 719.345,85 euros. La Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior, por su parte, contrató 24 actos con las
empresas de Francisco Correa por importe de 974.107,45 euros.
Pablo Ruz
ha tramitado la solicitud realizada por el Partido Socialista de Madrid (PSM)
en el que se especifica que, con ocasión de la dimisión de López Viejo como
diputado del PP y consejero de Deportes, Aguirre realizó unas declaraciones en
las que indicaba que le dio "instrucciones clarísimas de no contratar
ninguno de mis actos con esas empresas".
Aguirre
se compromete a ser inflexible
La expresidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha destacado en sus
declaraciones este jueves que la corrupción es el "primer asunto" que
ocupa las charlas de los ciudadanos y que, en torno a este problema, todo el
mundo tiene las cosas muy claras: "No se puede tolerar a los
políticos que utilizan sus puestos de responsabilidad para enriquecerse
ilícitamente". Según la expresidenta, la corrupción es un
fenómeno "demasiado presente" en la vida "política" y para
los miembros del PP es "triste y duro" ver cómo en su partido "también"
aparecen casos de este tipo.
Especialmente, ha proseguido, porque la "incompatibilidad" con la
corrupción y la "honradez" ha sido signo de identidad del PP y
"clave" en sus victorias electorales de los años 90 tras muchos años
de gobiernos socialistas. Por ello, ha abogado por "ser más inflexibles
que nadie en la lucha contra la corrupción" ante los casos de militantes y
dirigentes sobre los que hay "claros indicios" de que han utilizado
sus cargos para enriquecerse.
Aguirre ha celebrado la elaboración de una ley para asegurar la
transparencia en el funcionamiento de las administraciones, pero ha considerado
que, además, la lucha contra la corrupción tiene que ocupar un
lugar "prominente" en el PP.
Por otra parte, la presidenta de los populares madrileños ha
ironizado con que un "prevaricador",
como ha calificado al exjuez Baltasar Garzón, pretenda "ahora arreglar los
problemas de España" con la creación de la plataforma 'Convocatoria Cívica',
que se presentó este miércoles.
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