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La deuda municipal ahoga a Gallardón

La deuda municipal ahoga a Gallardón

jueves 30 de septiembre de 2010, 00:00h
El Ayuntamiento de Madrid mantuvo durante todo el año una dura pugna con el Estado para conservar sus inversiones y gastos. Las continuas negativas del Gobierno le obligaron a hacer continuos tijeretazos y a sacar dinero de fórmulas de ingeniería financiera.
Alberto Ruiz-Gallardón, que comenzó el año con un incremento de un 8,16 por ciento de la deuda, según el Banco de España, criticó el recorte de hasta 3.000 millones en la financiación por parte del Estado a los ayuntamientos y propuso que estos tuviesen representación en el Senado, ya que hacen más por el déficit que el Gobierno y las comunidades autónomas.

No fue sin embargo hasta mayo cuando los problemas financieros del alcalde comenzaron a hacerse tangibles. Zapatero anunció el Real Decreto Ley con el que se adoptaban medidas como los recortes de sueldos de los funcionarios, la congelación de las pensiones y los pagos de deuda. Por su parte Ruiz-Gallardón anunció en el debate del Estado de la ciudad un tijeretazo de 1.041 millones para lo que era preciso reducir los sueldos, amortizar puestos de trabajo, paralizar algunas obras, eliminar las ayudas al desarrollo, recortar subvenciones y cerrar fundaciones y la televisión turística municipal.

Paralelamente, los representantes de Madrid, como parte de la Federación de Municipios y Provincias, solicitaron al Gobierno la refinanciación de los vencimientos de deuda para evitar tensiones de tesorería. Es decir, para pagar a los proveedores y no entrar en la lista de morosos. La petición, según los ayuntamientos, era lógica, teniendo en cuenta que Zapatero se lo había permitido a su propio Gobierno y a las comunidades autónomas. La ministra Elena Salgado anunció que solo podrían endeudarse, a partir de 2011, los ayuntamientos que estuviesen en mejor situación financiera. Una jugada que dejaba a Madrid fuera del cómputo por sus niveles de endeudamiento a largo plazo.

Sin crédito
La segunda fase de la escalada de tensión fue la eliminación de los créditos ICO para ayuntamientos morosos. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid instó al Gobierno a permitir los créditos, al considerar que la Ley estaba vigente y no suspendida, y que se estaba incumpliendo la normativa.

Ruiz-Gallardón pasó al ataque ante las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, en las que acusaba al Ayuntamiento de Madrid de ser el único responsable de sus problemas económicos. Por esos días saltaba a la palestra la deuda de 289 millones que tenía el Gobierno municipal con las empresas de limpieza. Madrid parcheó el problema garantizando el pago de las nóminas a los trabajadores hasta diciembre de 2009. A su vez, el Gobierno municipal cerró su cuenta de ese año con 257 millones de superávit y anunció que estudiaba prorrogar las adjudicaciones para ahorrar.

La situación llegó a tal punto que el alcalde llegó a llamar públicamente mentiroso al presidente del Gobierno. Explicó que Madrid no pedía endeudarse más, sino refinanciar sus vencimientos de deuda con los bancos, que no exigían todavía los pagos, para poder pagar a los proveedores. El agujero de facturas que tenía en este sentido ascendía a más de 900 millones de euros que, según el alcalde, estaban directamente vinculadas con el bloqueo financiero a los ayuntamientos y las competencias impropias que estos asumen estos y que en el caso de Madrid se elevan a más de mil millones de euros. El Ministerio de Hacienda opinaba que si daba luz verde a la refinanciación, el Ayuntamiento incumpliría la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Debajo de las piedras
El siguiente paso del regidor fue atacar el Plan E. Asaltó en pleno desfile del Día de las Fuerzas Armadas a Zapatero, que aceptó una reunión en La Moncloa. En ella, el alcalde presentó una propuesta de financiación para los ayuntamientos, bajo amenaza de llevar al Gobierno a los tribunales. Sin embargo, el alcalde se topó con una negativa del Estado a la refinanciación y sólo consiguió un permiso (que costó fraguar) para subrogar la deuda de Calle 30 y ahorrarse así 100 millones anuales.

Ruiz-Gallardón adoptó entonces fórmulas propias de ingeniería financiera.Calculó unos presupuestos sin nuevas inversiones ni subidas de impuestos, en el que se incluían cuentas hipotéticas. La más sonada, la de Mercamadrid. Horas antes de la presentación de las cuentas municipales, el alcalde anunció la venta del 51 por ciento de las acciones de esta empresa pública a la municipal Madrid Espacios y Congresos por 190 millones de euros. La propietaria del otro 49 por ciento, la entidad estatal Mercasa, trató de bloquear la operación con el objetivo de conseguir mayor poder de decisión. Ante ello el Ayuntamiento decidió ceder el usufructo de sus acciones, operación a la que no podía oponerse Mercasa. La otra cuenta hipotética se basaba en una supuesta compensación de 300 millones que el Consistorio espera de la Comunidad de Madrid por la privatización del Canal de Isabel II, en virtud del convenio de gestión de aguas, a pesar de que la operación liberalizadora está en el aire y no cuenta con el beneplácito de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

También buscó nuevas fórmulas recaudatorias, como las multas por ruido en el botellón, convertir en subvención la cesión de edificios a entidades, cambiar de coche, subastar promociones de la EMVS o cobrar las plazas de aparcamiento reservado. Esperanza Aguirre le propuso la venta de sedes para reducir su deuda. En todo caso, no hay un euro más en la caja municipal para novedades hasta después de las elecciones.
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