La Consejería de Educación mantendrá la ruta escolar que hasta este curso utilizaban unas 50 familias del barrio de San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde), temporalmente realojadas en La Perla de San Fermín (Usera), para llevar a sus hijos hasta los centros donde estaban ubicadas sus viviendas.
Así lo aseguró la consejera de Educación,
Lucía Figar, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid durante el que también se aprobó de forma definitiva la
ley de autoridad del profesor (
vea aquí todos los detalles de la normativa) con algunas modificaciones pactadas con el PSOE.
Respecto a las rutas escolares, y a pesar de que las familias realojadas en San Fermín habían recibido una notificación por la que se suprimía el servicio, éste continuará. Si se hubiese eliminado, según explicaban los afectados, no existiría ninguna línea de autobús que comunique directamente
San Cristóbal con La Perla, y los niños tendrían que caminar 15 minutos para coger el autobús y volver a caminar otros 10 minutos para llegar a los colegios de San Cristóbal.
La diputada y portavoz de IU en la Comisión de Educación, Eulalia Vaquero, había reprochado a Figar que en los dos últimos cursos
se han eliminado cien rutas de autobuses escolares y que para el próximo la amenaza es la supresión de
unas 150, que afectan a cerca de 5.000 estudiantes que tendrían que buscarse otros modos de transporte.
Entre los afectados, apuntó, está los casos de los chavales del Caserío de Perales del Río, que tienen que desplazarse a los colegios
Julián Besteiro y
Daoiz y Velarde, "obligando a los escolares a recorrer más de dos kilómetros por una carretera peligrosa, sin aceras y que además tienen que cruzar". O también los de Secundaria que tiene que acudir al
Instituto Ignacio Aldecoa. O "los chicos de El Bercial", que no tienen centro público de Secundaria y se tienen que ir "hasta la otra punta", al
Antonio López, o al
Altair, "a más de tres kilómetros".
Necesidad de las familias
La diputada socialista
Mercedes Díaz Massó denunció también que la Consejería ha reducido su partida para las rutas escolares de centros públicos un 10 por ciento en los
presupuestos de este año, mientras que, por otro lado, ha aumentado un 40 por ciento las partidas destinadas a las becas de transporte para centros educativos privados y concertados.
Lucía Figar respondió con el anuncio del mantenimiento de las primeras rutas y explicó que todos los años hay "modificaciones o supresiones", la mayoría de ellas "por la construcción de nuevos centros educativos, y por la finalización de obras de renovación o ampliación de plazas". Asimismo, prometió que, pese a la bajada del presupuesto del 10% para el transporte, su departamento "intentará contemplar el
mantenimiento de otras rutas que actualmente están fuera de la normativa", como las que no recorren distancias de más de tres kilómetros, no son centros de educación especial o fuera de esto, no cumplen función social específica, como la que traslada a los niños de la Cañada Real, ya que estas cumplen "una función social".