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Libre mercado o imposición: ¿quien debe marcar precios y salarios?

Por Joaquín Galván Vallina
martes 23 de noviembre de 2021, 10:32h

Las economías occidentales nos solemos encuadrar como democracias liberales con un sistema de Economía de mercado más o menos intervenido. No obstante, a veces oímos de personas relevantes manifestaciones acerca, por ejemplo, de “la tiranía del mercado”. Esta aseveración es en sí un contrasentido, pero también denota que interesa profundizar en el concepto de mercado para ver en qué lugar se encuentra cada uno. Para ello, veremos que con dos pruebas indagatorias será posible ahondar en nuestras preferencias.

Podemos comenzar por encuadrar el sistema económico nacional, a través del Artículo 38 de la Constitución Española de 1978: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.

De este artículo se desprende que en España se reconoce legalmente la libertad de empresa en un ámbito de Economía de mercado. También es pertinente señalar la chocante referencia a la planificación, concepto que -a su vez- se opone al mercado libre.

Podemos definir el Mercado de competencia perfecta como el que cumple una serie de condiciones (Hall, 2003):

- Existe un gran número de compradores y vendedores, y cada uno compra o vende únicamente una pequeña parte de la cantidad total en el mercado.

- Los vendedores ofrecen un producto homogéneo.

- Los vendedores pueden entrar y salir fácilmente del mercado.

Cuando nos referimos a un mercado financiero, la competencia perfecta se daría cuando se cumplen en grado máximo los siguientes rasgos: gran número de títulos y de órdenes de compraventa por título, transparencia, libertad y flexibilidad.

No existe nada perfecto, pero dentro del sistema de libre mercado, con los ajustes de oferta y demanda, los mercados tienden a perfeccionarse y a ser eficientes. Una situación es de ineficiencia cuando, dicho en lenguaje ordinario, puede mejorar; así, una situación será eficiente cuando cualquier cambio que pudiera hacer que una persona saliera ganando llevaría a que otra persona saliera perdiendo (óptimo de Pareto). Esto no significa que la situación no pueda mejorar, sino que mejorarla supone algún coste.

El ámbito de la Economía se queda, en principio, en conseguir una asignación eficiente, sin pasar de ahí. No obstante, la eficiencia no tiene por qué ser siempre justa, y allí comienza un debate de índole moral en el que, de cualquier modo, tenderá a prevalecer la eficiencia económica.

Proponemos hacer dos pruebas ilustrativas de la posición de las personas sobre la asignación de recursos.

PRUEBA 1

Podemos hacer un test a un grupo de personas para probar la validez del sistema de mercado. Simplemente se haría una pregunta muy polémica y frecuente entre grupos de personas conocidas:

Valorar la asignación salarial de una persona que pueda generar polémica: puede ser un deportista famoso, un cantante, un político (u otros colectivos que puedan generar controversia). ¿Gana mucho, poco o lo adecuado?

Después de haber suscitado esta polémica en multitud de grupos, y tras una discusión tendente al acaloramiento, siempre hay una concentración en dos líneas argumentales:

1ª) Si el mercado está dispuesto a pagar un cierto salario -en ocasiones elevadísimo- al deportista, ese salario está justificado. El club deportivo que paga ese salario lo hace porque el deportista lo genera. Son partidarios de la ASIGNACIÓN POR EL MERCADO.

Este argumento, si el mercado tiende a ser eficiente, resulta incontestable desde el punto de vista económico.

2ª) No es justo que el deportista gane tanto. Aquí se introduce el criterio de justicia (para cada individuo el suyo). El nivel salarial debe estar justificado por unos criterios tales como nivel de formación, responsabilidad, carga de trabajo, riesgo, competencia, reputación o experiencia, independientemente del dinero que el deportista genere para su club. Al rechazarse el mercado, la alternativa es LA ASIGNACIÓN IMPUESTA EN FUNCIÓN DE LO QUE DECIDA UNA AUTORIDAD.

Cuando no hay mercado, como por ejemplo, para asignar los salarios del sector público, no vemos que se haga una mejor asignación que si lo hubiera. Podemos poner el caso tendencioso de asignar una jerarquía de retribuciones a las siguientes figuras dentro de la Administración: un notario, el Almirante de la Flota y un médico especialista en trasplantes ¿en qué orden los pondríamos?

Supongamos que en la realidad el orden es el siguiente: 1º notario, 2º médico y 3º almirante. ¿Es eso justo o debería ser en otro orden? Casi todo el mundo tendría su idea propia, con su carga de prejuicio y que piensa que es justa, y no creo que los criterios técnicos de la Administración tampoco hayan sido adecuados. No sé quién debería estar antes o después ni lo que debieran ganar, pero creo que sería necesario un mercado para asignar las retribuciones.

PRUEBA 2

Se propone valorar la satisfacción del consumidor con el funcionamiento de una serie de instituciones, empresas y organizaciones relacionadas con su vida. De cuáles tiene una idea positiva y de cuáles tiene una idea negativa.

Se ofrece una serie variopinta en la que pueden estar: la Agencia tributaria, el fabricante de su coche, su compañía de transporte público, su restaurante de comida rápida, el sistema de seguridad social, el banco, la aseguradora de enfermedad, el sistema público de sanidad, el fabricante del detergente que usa.

Después de hacer esa prueba con varios grupos de individuos, el resultado indefectible siempre es el mismo y se agrupa en torno a dos líneas:

1ª) Si el usuario elige la provisión de esos bienes o servicios o se hace de forma obligatoria.

2ª) Si están sujetas o no a los mecanismos de mercado, están en régimen monopolístico u oligopolístico (monopolio de unos pocos).

En general, el consumidor satisfecho con los bienes y servicios que puede elegir, e insatisfecho con los que le son impuestos. Por ello, tiende a preferir los de provisión privada a los de provisión pública, ya sea para el transporte, la sanidad, las pensiones; incluso cuando la provisión pública tenga más calidad que la privada.

El consumidor tiene mejor percepción de las empresas, organizaciones e instituciones sujetas al mecanismo de competencia. Al consumidor le gusta elegir, y prefiere cualquier bien o servicio que haya podido elegir frente a otros en un mercado competitivo. Así, el consumidor suele estar satisfecho con su coche, con el restaurante que ha elegido, o incluso con su detergente.

Efectivamente, en un sistema de libre mercado, lo natural es que la asignación la haga el mercado porque el precio justo no lo conoce nadie y, a falta de éste, confiamos al mercado su provisión. Si no confiamos en el precio de mercado necesitamos una autoridad que ponga el precio, por lo que nos confiamos a un sistema autoritario. Estamos eligiendo entre mercado o imposición.

Si extrapolamos el sistema a un mercado político-económico, donde existe una demanda formada por los electores, que son los consumidores y donde los oferentes son los distintos partidos políticos, ese mercado se identifica con lo que conocemos como democracia. Si se considera que el mercado es una tiranía, se estaría eligiendo su alternativa directa: la dictadura.

Joaquín Galván Vallina

Doctor en CC. Económicas y Empresariales. Profesor de la Universidad Europea de Madrid

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