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La Comunidad de Madrid necesita viviendas sostenibles

jueves 19 de marzo de 2020, 11:12h

La aprobación de la Agenda Urbana Española (AUE) el 22 de febrero de 2019, por parte del Gobierno socialista que preside Pedro Sánchez, ha iniciado un interesante camino al “…marcar la estrategia y las acciones a llevar a cabo hasta 2030, para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia amables, acogedoras, saludables y concienciadas”.

Esta Agenda, en línea con la aprobada por Naciones Unidas, pone sobre la mesa los planteamientos integrados de la sostenibilidad referidos a su contenido social, económico y ambiental, es decir, sostenibilidad en estado puro. A los efectos que nos interesan, los objetivos se resumen en ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo, fomentar la cohesión social buscando la equidad. Además de evitar la dispersión urbana, impulsar y favorecer la economía urbana, prevenir y reducir los impactos del cambio climático, garantizar el acceso a la vivienda, hacer una gestión sostenible de los recursos, favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, y mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza desde una perspectiva participativa y participada.

La estrategia marcada por el Gobierno de España tiene amplitud de miras, ya que dispone, como característica de alcance, de actuaciones conectadas con la estrategia global aprobada por la Unión Europea, que a su vez se compromete con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, irradiando sus contenidos a todos los niveles de la administración.

Lo lógico, por tanto, sería aprobar una Agenda Urbana para la Comunidad de Madrid, pero ni ha ocurrido aún ni parece que vaya a ocurrir con prontitud, y es que, al contrario que el resto del mundo, no es éste un asunto que el Gobierno PP+Cs, apoyado por VOX, considere prioritario. Conviene recordar que en nuestra región no hemos dispuesto de Estrategia Territorial alguna en el último cuarto de siglo, concretamente desde que el PP gobierna en Madrid. La vigente Ley del Suelo es del año 2001, con múltiples modificaciones ad hoc que calentaron el suelo al exclusivo objeto de presuntos pelotazos urbanísticos, muchos de ellos frustrados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria creada al amparo de la máxima del expresidente Aznar de “España es una grande, libre y urbanizable”.

En esta Comunidad, además, una modificación a la vigente Ley del Suelo, ad hoc como no, impedía construir por encima de las tres alturas, consumiendo suelo y recursos generando un urbanismo depredador e inestable cuando ya en Europa se hablaba de territorios inteligentes y sostenibles. Basta con preguntarse a quién beneficiaba una medida que favorecía la dispersión urbana, olvidándose de la ciudad real y que provocaba, cuando menos, un uso continuado, imprescindible por otro lado, del vehículo privado, ya que el transporte público, curiosamente, no había sido previsto en estas nuevas zonas residenciales. Otra modificación, ad hoc: eliminó este artículo de la vigente Ley, en diciembre de 2015.

Que falta una Ley de Vivienda en esta Comunidad es harto sabido. Una legislación donde, con claridad, se apuesta por la ciudad existente, el alquiler, la rehabilitación-renovación-regeneración urbanas, y se cuiden la equidad y la cohesión social que coadyuve a prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia de todos y todas con políticas de adaptación.

Por el contrario, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado el Borrador del Plan Integrado de Energía y Clima. Se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 28 de enero y pretende una reducción del 40% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto de 1990, el 32% de renovables sobre consumo total de energía final bruta y el 32,5% de mejora de la eficiencia energética. Todo en el horizonte 2030. A este Plan se le sumará la Estrategia de Transición Justa, porque nadie debe quedar atrás en cuanto a la adaptación de los efectos del cambio climático, que ya son más que evidentes.

La Declaración de Emergencia Climática fue el detonante para marcar la urgencia en la redacción de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está a punto de llegar al Congreso para su debate y aprobación. Un Plan Nacional de Adaptación y una Estrategia de Descarbonización plena situarán a nuestro país a la cabeza en cuanto al compromiso en la multilateralidad del Pacto Verde Europeo y la neutralidad climática.

Para que consigamos estos objetivos debemos remar en la misma dirección. Y es en las ciudades donde podemos revertir, con mayor seguridad, los efectos del cambio climático y la mala calidad del aire que respiramos en Madrid.

Pero la Comunidad de Madrid ha anunciado la construcción de 25.000 nuevas viviendas, 15.000 de ellas en esta Legislatura. Lo anuncian en nuevos emplazamientos, consumiendo el escaso territorio que nos queda, en zonas alejadas de los núcleos urbanos, donde la movilidad pública no ha sido tenida en cuenta. Lo anuncian de espaldas a los ayuntamientos, en procesos teledirigidos y sin aportar soluciones globales, sin planificación territorial alguna. También en zonas cedidas a la administración regional hace mucho tiempo y cuyo destino era incierto. El Decreto del denominado Plan VIVE se está debatiendo en estos días y desde el PSOE-M hemos planteado varias alegaciones.

Desde luego no es la mejor estrategia para conseguir la unión de entornos sostenibles y soluciones en materia de vivienda para los madrileños y las madrileñas.

Es hora de definir un objetivo a medio y largo plazo en nuestra región, ya que el Plan Integral de Energía y Clima establece que 1.200.000 viviendas deben disponer de envolvente térmica, mejoras en la calefacción y agua caliente sanitaria a lo largo de la década. Además, es obligatorio generalizar sistemas de generación de calor y frío, incorporar la participación de energía renovable en redes urbanas de calefacción y refrigeración (casas pasivas) que aprovechando la energía del sol, reduzca el consumo energético en un 70% sobre las construcciones convencionales. Y la Comunidad de Madrid debe ser protagonista de estos objetivos. En este año 2020 las áreas residenciales deben empezar a construirse bajo los estándares de consumo de energía casi nulo, también denominados nZEB por sus siglas en inglés, parámetros ya obligatorios para los edificios públicos.

En una Comunidad donde el Gobierno regional todavía debe mucho dinero de subvenciones a comunidades de propietarios y a particulares para la instalación de ascensores u operaciones de rehabilitación, existen también interesantes experiencias de edificios nZEB sin ayuda de los poderes públicos regionales. Sí, sin ayuda de las instituciones madrileñas.

Cuando hablamos de futuro resulta evidente que la construcción de vivienda nueva, por parte del Gobierno regional, debe estar imbuida de, además de los sociales, criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Desde luego superar, con mucho, las calidades actuales de construcción que obligan a elevados costes de mantenimiento posteriores y no solucionan los parámetros bioclimáticos que hoy se requieren.

El caso de Madrid ciudad es paradigmático, ya que la población de la denominada almendra central ha envejecido a la vez que lo hacía su parque residencial. La primera corona de la ciudad se ha turistificado. La segunda corona, plagada de edificios de los años 50 y 60 del siglo pasado, necesitan de renovación urbana urgente. La tercera corona, que existe, se nutre de los servicios públicos de los municipios que bordean la ciudad porque Madrid no disponen de ellos. Y la cuarta corona exige conexiones con la gran ciudad y sus servicios, ya que carecen de ellos y mantienen grandes distancias de los centros de interés económico, social o cultural.

Hoy nadie duda de que las teorías de liberalización del sector inmobiliario no han conseguido bajar el precio de la vivienda en nuestra región.

El Partido Popular y su socio Ciudadanos, ambos sostenidos en el Gobierno regional y de Madrid ciudad por VOX, no se toman en serio ni la sostenibilidad ni la necesidad de vivienda que tienen los madrileños.

En una región donde 1.000.000 de personas están en riesgo de exclusión social, siendo 490.000 las que sufren pobreza severa, las políticas de vivienda deben estar dirigidas a los colectivos que peor lo pasan, generando un parque público, que permita a las familias disponer de la tranquilidad suficiente para poder encarar su futuro y el de su familia, sin la angustia de la ausencia habitacional, potenciando los patrimonios públicos de suelo y aumentando la promoción de vivienda protegida. Es decir, priorizar la promoción de parques públicos en arrendamiento. Todo ello implementado desde un concepto sostenible.

Es más necesario que nunca una política de vivienda global, un plan que defina qué región queremos tener para los próximos 20 años. No simples ocurrencias y parches de un Gobierno regional que no está preparado para gobernar. Se necesitan medidas planificadas, con una ley de vivienda bien definida y consensuada, con soluciones para las viviendas en manos de fondos de inversión, acotando que sigan subiendo los precios de los alquileres, persiguiendo los pisos turísticos ilegales y facilitando el acceso a una vivienda, tanto a las familias que peor lo están pasando como a los jóvenes o quienes quieran emprender una nueva vida.

Es la lucha contra la desigualdad, que se manifiesta de múltiples formas, la que debe motivar nuestras acciones, y no otras, y corregirlas con políticas públicas que hagan de Madrid una Comunidad habitable para todos y todas con las mismos derechos, prestaciones y servicios públicos, independientemente de la localidad donde se resida y de sus posibilidades económicas.

Cristina González Álvarez y Rafael Gómez Montoya

Portavoz de Vivienda y Administración Local del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid y Portavoz de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid

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