Agravada por la pandemia, la violencia escolar, en cualquiera de sus formas, es uno de los problemas más acuciantes y complejos a los que se enfrentan la comunidad educativa y la sociedad en general. En solo un curso, el acoso escolar casi se ha duplicado en las aulas madrileñas al pasar del 15,2% al 24,4%, y se han triplicado las autolesiones. También causan estragos entre el alumnado los trastornos alimentarios, las adicciones, el aislamiento, la depresión y los intentos de suicidio, una cohorte de muy serios trastornos emocionales y de comportamiento que aparecen cada vez a edades más tempranas y se extienden más allá de la adolescencia.
La cuestión que se plantea es cómo hacer frente a esta emergencia con una sanidad pública desmantelada y apenas un orientador por cada 800 alumnos. Cunde la preocupación y la zozobra entre las familias y en los centros educativos, que están, literalmente, desbordados. Por eso resulta del todo inconcebible que cuando aparece una solución en el horizonte bajo la forma de Coordinador de Bienestar, ni el Gobierno de Díaz Ayuso se muestre dispuesto a invertir en la plantilla necesaria ni el Gobierno de España sea capaz de garantizar la implementación de una figura tan importante.
Ineludible, por tanto, hablar del Coordinador de Bienestar y de su implantación en la Comunidad de Madrid, que por el momento solo se puede calificar de desastrosa. No queda otra, pues, que exigir responsabilidades, recordar la urgencia de la situación que nos ocupa y subrayar lo fácil -sí, fácil- que sería atender las necesidades del alumnado.
Todo empieza, hace un año, con la aprobación de la llamada LOPIVI (Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia) y la creación del Coordinador de Bienestar y Protección como figura central para garantizar la convivencia en los centros educativos. Una figura para detectar, prevenir e intervenir en casos de acoso y violencia. Una figura muy necesaria, mucho, como bien sabemos quienes trabajamos en centros educativos.
Docentes al límite
Llega el momento de las decisiones. La Ley dejaba escrito que serían los gobiernos regionales los que determinarían “si estas funciones han de ser desempeñadas por personal ya existente en el centro escolar o por nuevo personal”. Le tocó decidir a las autonomías: ¿Crear empleo de calidad y reforzar la enseñanza pública, o seguir deteriorando lo público para forzar a más y más familias a emigrar a centros privados?
En Madrid, la Consejería de Educación optó por no contratar ni a un solo profesional y colgarle el muerto a los docentes. No a profesionales con formación en psicopedagogía o trabajo social, o al Profesorado Técnico en Servicios a la Comunidad (PTSC), cuya formación encaja perfectamente con las tareas que se requieren. Qué va. Le endosó semejante responsabilidad al profesorado.
Al profesorado con más horario lectivo de España, en un año con currículo nuevo, con más carga burocrática que nunca, con las ratios igual de altas que siempre. A un profesorado que hace malabares con clases y tutorías, y que ahora también tendrá que gestionar los problemas de convivencia de su centro. Sin reducción horaria y sin remuneración. Y obligados, porque nadie quiere hacerse cargo de problemas tan serios para los que no tiene formación específica, mucho menos sin remuneración por el trabajo extra y con un horario que ya está al límite.
Parches y negligencia
Para ‘solucionar’ la falta de formación, la Consejería ha puesto en marcha un curso de 30 horas en el que pretende condensar bloques temáticos de aprendizaje que son equivalentes a estudios completos en psicopedagogía o atención comunitaria. No solo es un parche que no podrá sustituir a profesionales previamente formados, sino que el propio curso no está funcionando. Este fin de semana, los profesionales que asisten al curso han visto como se caía la plataforma y desaparecía su trabajo de toda la semana.
La responsabilidad de este desastre no solo recae en el Gobierno de Díaz Ayuso. El Gobierno de España no puede poner en marcha nuevas leyes educativas sin prever los recursos que la hagan posible y sin una regulación que obligue a las comunidades autónomas a aplicarlas de manera efectiva. Está en juego la salud del alumnado y la convivencia y la no asunción de responsabilidad en esta cuestión prioritaria alcanza el grado de negligencia.
Contratación posible y urgente
Las necesidades están claras: un Coordinador de Bienestar por centro, lo que supone la contratación de 1.216 profesionales especializados, como los PTSC que mencionaba antes. Creación de empleo público y de calidad que proporcione tiempo y espacio para atender como es debido al alumnado.
La contratación de estos Coordinadores es posible, tanto que la inversión necesaria, unos 45 millones €, es solo un 0,7% de los presupuestos educativos de 2022. Una inversión equivalente a lo que se ha regalado este curso en forma de ‘cheques’ de bachillerato en centros privados. Justo ahora que comienza el debate de los presupuestos del año que viene hay que insistir: la salud física y mental del alumnado necesita recursos y contratación de plantilla.
Hay fondos de sobra y pocos asuntos son tan importantes. La contratación de profesionales es una cuestión de justicia. Es posible y es urgente. Lo demás son parches.
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