Zapata, sobre sus tuits: "Citaba un chiste que escuchaba cuando era más pequeño"

El edil ha recordado que la Fiscalía ha solicitado su absolución mientras que la acusación particular pide, respectivamente, tres años de cárcel y ocho de inhabilitación, además de una multa, solicitada por Manos Limpias, y 20 meses de cárcel y siete de inhabilitación por parte de Dignidad y Justicia.

"A lo largo de estos meses he ido actualizando la información sobre el caso con la mayor transparencia posible. No hay mucho más que añadir. Mañana seré juzgado, testificaré y daré todas las explicaciones que se me soliciten para intentar esclarecer las circunstancias de ese tuit concreto o de cualquier otro sobre el que se me pregunte. Estoy convencido de mi inocencia y eso es lo que defenderé", ha escrito Zapata.

El hashtag #YoApoyoAZapata se ha convierte en tendencia en Twitter a primera hora de este lunes. Entre sus compañeros de bancada que le han manifestado su apoyo está la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, que le asegura estar con él "frente a las pasiones tristes". "Somos porque somos en común. Fuerza, que ya termina", ha añadido.

El segundo teniente de alcalde y delegado de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, ha defendido que todo el caso responde a una estrategia de quienes "no supieron perder y usan los juzgados para cambiarlo".

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha transmitido a Zapata todo su "animo y apoyo ante la enorme injusticia que se comete contra él" mientras que el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, le ha deseado ánimo y fuerza. El concejal-presidente de Centro y Chamberí, Jorge García Castaño, ha plasmado su respaldo "frente a los ataques de los que quieren frenar cambios imparables".

Ahora Madrid ha comparado el juicio con el 'Día de la Marmota', de la película 'Atrapado en el tiempo'. "Tras ser archivado el caso hasta en tres ocasiones, sí, una vez más, caso Zapata", han lamentado, para añadir que la "udicializacion de la política obstruye el sistema judicial y tiene costes económicos que pagan los ciudadanos".