A Luciano (nombre ficticio) sus padres le echaron de casa al cumplir 18 años por ser homosexual. Tras ello, mediaron para paralizar los trámites burocráticos que estaba realizando para nacionalizarse -es original de Sudamérica- con el fin de que las autoridades españolas le deportaran. Este un caso extremo de LGTBfobia, pero no el único: el año pasado, en pleno Orgullo se registraron dos violaciones a dos jóvenes y se han conocido terapias 'curadoras' por parte del Arzobispado de Alcalá. Todo, además de gritos callejeros de "tú no eres un tío" acompañados de un botellazo o los golpes sin parar hasta la llegada de la Policía.
"Y todo esto pasa en Madrid en el siglo XXI", explica Rubén López. Portavoz de Arcópoli, también es el fundador del Observatorio contra la LGTBfobia, que nació en 2016 por la "oleada de incidentes violentos" que conoció la asociación en los años anteriores y que recibe el Premio Madrid 2019 a la Iniciativa Social por su labor.
"En 2014 y 2015 empezaron a llegarnos muchísimas palizas a chicos gays, a lesbianas y a personas trans y decidimos actuar", cuenta, "pues hay gente a la que no le gusta ver a dos tíos de la mano". Hasta ese momento, nadie en la región contabilizaba las agresiones contra el colectivo. Sin embargo, no ha sido fácil: el primer año tuvieron que empezar con un equipo de 30 voluntarios al no recibir subvención. Más tarde, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid les concedieron varios créditos para que creasen una oficina que ya emplea a tres personas -un abogado, una psicóloga y una trabajadora social-.
Ahora, ambas estructuras se complementan. Durante casi todo el día los casos se derivan a la oficina, pero hay horas en las que solo están operativos los voluntarios por Whatsapp o por otras redes sociales. Una vez recibida la agresión, suelen acompañar a las víctimas a la comisaría para darles apoyo y confianza.
“Nos escriben y nosotros actuamos. Consensuamos entre todo el equipo cómo actuar y cómo guiar a la víctima y, si es necesario, les acompañamos a donde haga falta”, continua López. En este sentido, casi siempre les llevan a la comisaría para otorgarles la confianza suficiente para dar a conocer los hechos a las autoridades que realmente pueden actuar. Sin embargo, no siempre consiguen el éxito: el año pasado, tan solo se interpusieron 101 denuncias. El mayor número de denuncias -50- se han presentado a la Policía Nacional y otras tantas -21- a la local. La Guardia Civil ha recibido dos y, la Comunidad, tres.
Además de estas, el Observatorio también recaba otros incidentes que no suelen ser objeto de denuncia penal: insultos o amenazas que cuentan de igual forma. En total, en 2018 recabaron un total de 345, un siete por ciento más que el año anterior. El perfil medio de los agredidos suele ser el de un hombre gay de entre 20 y 29 años y el de los agresores, similar pero con diferente orientación sexual.
Eso sí, López alerta también de que los datos del Observatorio no son representativos por la infradenuncia existente. Además de recibir ellos mismos los testimonios de las víctimas, también dependen de la colaboración de otros organismos, que no siempre es adecuada. "Las agresiones que contabilizamos son las que nos llegan, pero tan solo estamos implantados en 40 de los 179 municipios de la Comunidad", continúa. Esto supone que esos actos sean representativos de "entre un 2 y un 5 por ciento" de los que ocurren en realidad.
Cataluña, el espejo donde mirarse
El Observatorio, tal y como reconoce su director, nace de una institución similar implantada en Cataluña. El Observatori Contra L'Homofobia surgió a iniciativa del Front D’Alliberament Gai de Catalunya y ahora ya está constituido como un proyecto independiente.
Su constitución legal se produjo en 2008 y su sede está radicada en Barcelona. En la actualidad, registran incidentes a través de su web, realizar protocolos y sacan informes anuales en los que se ha inspirado el Observatorio, que ya ha presentado cuatro. Además, ya trabajan en la implementación de "un sistema de observación permanente contra la discriminación" y en un objetivo común que es común para ambos organismos: conseguir la potestad para tramitar las denuncias directamente.
Si (
No(
