Las protestas vecinales contra la tala de árboles fruto de las obras de ampliación de la línea 11 de Metro han marcado buena parte del año. Han sido numerosas las concentraciones y manifestaciones de grupos ecologistas y residentes de Arganzuela en contra del proyecto final, lo que incluso llevo a la Comunidad de Madrid a paralizar las obras temporalmente para reestudiar los planes.
Además de la tala de árboles sanos motivada por las obras y los cambios en el trazado sobre el proyecto inicial, la presencia de la nueva estación de Madrid Río dentro del parque ha sido otro de los puntos que ha generado mayor oposición. Los partidos de la izquierda han participado en muchas de esas movilizaciones y se han interesado por las reivindicaciones vecinales, incluida la propia ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que se reunió con las familias del Colegio Perú de Carabanchel, afectado por las obras de esta infraestructura en el parque de Comillas.
Finalmente, la Comunidad ha reducido más de un 50 por ciento el número de ejemplares que va a sacrificar, pasando de los 1.027 árboles inicialmente previstos a 523, Pese a ello, los vecinos de la zona continúan mostrando su indignación frente a lo que consideran un “arboricidio” completamente innecesario cometido por la Comunidad con la complicidad del Ayuntamiento.
El clamor ciudadano llegó hasta el propio Defensor del Pueblo, que solicitó a la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras un nuevo informe con todos los destalles sobre la ampliación de la línea. También los afectados recurrieron a la Justicia y a Europa para tratar de paralizar el proyecto. Sin embargo, este mes de diciembre, tras obtener la declaración ambiental favorable, se iniciaron las talas en Madrid Río, no sin nuevas protestas de vecinos y activistas que se abrazaron a los árboles para impedir su derribo insistiendo en un lema: ‘Metro sí, pero no así’.
La ubicación de los nuevos cantones de limpieza ha enfrentado también a los vecinos de distintos barrios contra el Ayuntamiento de Madrid. Vicálvaro, Latina, Carabanchel, San Blas-Canillejas o Fuencarral-El Pardo son algunos de los distritos donde este año debía iniciarse la construcción de estas instalaciones, pero las protestas ciudadanas obligaron a reconducir los planes municipales.
El Ayuntamiento de Madrid paralizó la construcción de 12 de los 16 cantones previstos hasta consensuar con la oposición la ubicación definitiva y comprometerse a buscar un emplazamiento idóneo dialogando con los afectados. Los otros cuatro cantones estaban ya en ejecución. Se constituyó un grupo de trabajo con los portavoces de toda la Corporación para analizar cada caso. El Consistorio llegó a anunciar la reubicación de los cantones de limpieza previstos en Arroyo del Fresno y Aquitania. Los planes cambiaron también en el caso del previsto en Montecarmelo, aunque la nueva localización tampoco convencía a los vecinos. En cuanto a los residentes en el PAU de Carabanchel no consiguieron cambiar la localización del de Islazul.
Frente a las críticas, el delegado del área, Borja Carabante, insistía en que en estos cantones no va a haber tratamiento de residuos y que los miedos de los vecinos a olores y ruidos eran infundados. Incluso los sindicatos de limpieza respaldaron al Ayuntamiento en este conflicto. A pesar de ello, en el caso del cantón de limpieza de Vicálvaro, los vecinos recurrieron a la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid que abrió diligencias de investigación contra el Ayuntamiento por un posible delito medioambiental al afectar a un parque forestal. El Consistorio, por su parte, defendía que la parcela elegida estaba en "la mejor ubicación posible".
Igualmente los vecinos remitieron sus quejas al Defensor del Pueblo esperando su intervención. La Plataforma contra el cantón de Montecarmelo también recurrió a Ángel Gabilondo, lo mismo que los vecinos de Cuatro Vientos, que rechazaban la instalación de limpieza en la calle Sinfonía.
Pero el rechazo vecinal no ha sido solo preventivo. Madrileños que ya cuentan con una de estas instalaciones, como los vecinos de La Elipa denunciaban vivir entre ruidos, "una plaga de bichos" y molestias, como el efecto reflectante de las mamparas instaladas, que hacen que la luz rebote en sus casas y que "haya que estar todo el día con las persianas bajadas".
El Gobierno municipal de Madrid ha presumido este año de la buena evolución de los índices de calidad del aire durante los años 2022 y 2023. Previsiblemente este será el segundo año que Madrid cumpla con la directiva europea y espera lograrse con mejores registros aún que el año precedente. Estas conclusiones se compartieron a finales de noviembre en la primera reunión de la Comisión de Calidad del Aire de este segundo mandato de José Luis Martínez-Almeida como alcalde.
En este órgano consultivo, que tiene como cometido hacer seguimiento de los índices de calidad del aire en la capital, se remarcó que este ha sido el segundo año en que no se activa el Protocolo por Contaminación desde su implementación en 2015.
A pesar de los buenos datos que maneja el Consistorio, Ecologistas en Acción ha rebajado el triunfalismo municipal y ha puesto el foco sobre los altos niveles de ozono que se han detectado en la ciudad durante este verano a causa de las olas de calor.
Durante la primera quincena de agosto, las emisiones contaminantes del intenso tráfico motorizado del área metropolitana de Madrid, así como las del aeropuerto de Barajas, volvieron a disparar los niveles de ozono en el conjunto de la región. Esta asociación junto con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid reclamaron tanto al Ayuntamiento de la capital como a la Comunidad de Madrid protocolos específicos tras haberse superado en un centenar de puntos el umbral de información. Además pidieron que se informe a la población y se elaboren planes de emergencia frente a índices elevados de ozono troposférico, para prevenir daños a la población.
Estas dos organizaciones han ido de la mano este año en distintas causas medioambientales. Otra de ellas ha sido la incineradora de Valdemingómez, contra la que impulsaron una nueva marcha para exigir su cierre antes de 2025, tras la publicación de una nueva investigación europea que revelaba altos niveles de dioxinas en huevos y plantas del entorno de la incineradora.
En época electoral, el PSOE situó en el epicentro de sus políticas verdes el cierre de la incineradora de Valdemingómez. Su candidata a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, se comprometió a clausurar esta infraestructura "contaminante" de Vallecas si gobernaba, aunque no ofreció una alternativa a las toneladas de basuras que allí llegan a diario. Simplemente subrayó que su "estrategia es de residuo cero y no necesitamos ni quemar ni enterrar ningún residuo".
Desde Más Madrid, Rita Maestre se sumaba a la propuesta y ponía fecha de clausura a la planta de Vallecas: 2025, el mismo horizonte temporal que la Estrategia de Residuos aprobada por el Gobierno de Manuela Carmena. El alcalde le recordó que la Justicia declaró este plan como nulo de pleno derecho en 2019, a su juicio, por "ser una chapuza jurídica", por lo que Madrid no cuenta con una hoja de ruta concreta para los residuos desde hace cuatro años.
Martínez-Almeida les pedía a sus oponentes electorales que explicaran qué harían con esos residuos si no existiera Valdemingómez e insistió que la única alternativa son los vertederos. En esa misma línea, el candidato de Vox calificaba Valdemingómez como “planta modélica en el reciclaje y recuperación de residuos” frente a lo que consideró la "gran mentira de la izquierda sobre las emisiones tóxicas para la salud".
Evitar las emisiones a la atmósfera de Madrid y cuidar la calidad del aire era precisamente el objetivo de la prohibición de instalar estufas de gas en las terrazas de bares y restaurantes que se incluyó en la ordenanza municipal y que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2024.
En los últimos meses del año, los hosteleros pidieron al Ayuntamiento una moratoria hasta finalizar el invierno para que les diera tiempo a realizar los cambios. Pero justo cuando el Consistorio negociaba con estos empresarios y estudiaba una solución, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba la prohibición al entender que la ordenanza carecía de estudios sobre el nivel y los efectos contaminantes de las emisiones de dióxido de carbono de estas calefacciones frente a otras energías. Cibeles ha renunciado a recurrir la sentencia y retirará de la normativa la prohibición de instalar estufas de gas, lo que permitirá a los establecimientos mantener estas calefacciones.
En la recta final del mes de abril, Madrid registraba ya temperaturas máximas por encima de los 35 grados, una circunstancia que afectaba al normal desarrollo de la vida en la región. Sectores como la agricultura notaban las consecuencias del calor y la escasez de precipitaciones. En el ámbito educativo, con centros "obsoletos" y poco preparados para las altas temperaturas, las familias reclamaron ante las autoridades soluciones para garantizar el bienestar de alumnos y profesores en la recta final del curso.
La Comunidad alegaba que tanto colegios como institutos disponían de fondos públicos para acometer medidas para afrontar los episodios de temperaturas extremas, como la colocación de sistemas de aislamiento térmico exterior en las fachadas, la modernización de los sistemas de climatización, la instalación de sistemas pasivos de protección contra el sol, como los toldos, o la instalación de suelo radiante de agua fría.
Hasta cuatro olas de calor sufrimos este verano desde las inesperadas altas temperaturas de finales de abril que llevaron al Ayuntamiento de Madrid a elaborar un protocolo de actuación, como el adelanto de la apertura de la conocida como 'playa de Madrid Río' para refrescarse en sus chorros y una pérgola nebulizadora en el parque de La Gavia, en Villa de Vallecas. Sin embargo, el Consistorio no se planteaba adoptar nuevas medidas para mitigar el calor en los centros educativos.
Durante los sucesivos episodios de calor, el Ayuntamiento de Madrid llegó a elevar a nivel rojo el protocolo, que suponía la suspensión de los servicios de barrido de mantenimiento a partir de las 14 horas y el resto de servicios entre las 14 y las 17 horas. Además no se sacarían vehículos sin aire acondicionado.
El estudio Urban Heat Snapshot, desarrollado por la consultora Arup, definía a Madrid como la mayor ‘isla de calor’ del mundo. Según el mismo, la ciudad de Madrid se ha consolidado ya, de acuerdo con, como el casco urbano más afectado del mundo por el temido efecto ‘isla de calor’ (ICU), con una diferencia de hasta 8,5 grados centígrados con respecto a su periferia. Se achacaba esta situación al diseño del espacio urbano, sin zonas de agua y sombra, con escasez de espacios verdes, el tipo de materiales empleados en la construcción de edificios y vías públicas, tales como hormigón, asfalto o acero, y la propia actividad humana.
La delegada de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, discrepaba del resultado de este estudio y defendía que la capital es una de las ciudades "más arboladas del mundo, donde los madrileños y los turistas pueden encontrar sombra y fresco".
En plena ola de calor, el Gobierno central aprobaba millones de ayuda para paliar la sequía y establecía medidas de seguridad para trabajar con calor, y evitar accidentes y muertes en los trabajos que pudieran verse afectados por fenómenos meteorológicos adversos, con medidas como la prohibición de trabajar al aire libre cuando haya alerta roja o naranja por calor.
El estricto protocolo que pautaba el cierre del Retiro privando a los ciudadanos de ese refugio climático volvió a ser objeto de debate en Cibeles coincidiendo con la ola de calor. Con los termómetros disparados y en medio de una de las peores sequías que se recuerdan en el país desde 1970, los meteorólogos anticipaban un verano abrasador y en la ciudad se volvía a discutir si procedía cambiar el protocolo de cierre de los parques históricos ante episodios de altas temperaturas.
Mientras Vox pedía la apertura nocturna de los parques para que los ciudadanos pudieran paliar de alguna manera las noches tropicales, la izquierda proponía que solo se vetara el acceso a las zonas de riesgo de los parques. El protocolo, aprobado en 2019 en la última semana del mandato de Manuela Carmena, establecía tomar como referencia para ordenar el cierre de los parques la temperatura y el viento que la Agencia Estatal de Meteorología pronostica el día anterior. El problema es que muchas veces la predicción con 24 horas de anticipación no se cumplía, pero se forzaba a precintar el recinto igualmente.
El alcalde se mostró dispuesto a modificar el protocolo con la condición de alcanzar el consenso de todos los grupos políticos. Así que los emplazó a sentarse inmediatamente y consensuaron la flexibilización del protocolo ante episodios de altas temperaturas combinados con fuertes rachas de viento.
Para esquivar la clausura innecesaria de las zonas verdes en olas de calor, el Ejecutivo municipal ha decidido apurar los tiempos para confirmar o desistir del cierre en función de una predicción de apenas una hora antes, abogando por trabajar sobre datos meteorológicos observados y no sobre predicciones.
El Gobierno municipal se marcó este año como clave para el arbolado de Madrid, con importantes plantaciones y especial cuidado de los parques históricos. Para ello se estableció la creación de un comité consultivo técnico-científico integrado por siete expertos con una amplia experiencia profesional que orientara en la protección, conservación y mejora del arbolado con estrategias a corto y largo plazo para enfrentar las inclemencias meteorológicas en todos los parques de la ciudad con especial control de El Retiro, El Capricho, el Parque del Oeste o la Fuente del Berro entre otros.
Pero la meteorología ha vuelto a desafiar a la estrategia municipal y en noviembre, las fuertes rachas de viento causadas por las borrascas 'Ciarán' y 'Domingos' afectaron a un total de 411 árboles que se cayeron, volcaron o se troncharon, 11 de ellos en el Parque de El Retiro, que tuvo que estar varios días cerrado por la revisión del arbolado para evitar situaciones de riesgo.
Uno de los árboles caídos, de 20 metros de altura, mató en la calle Almagro a una joven de 23 años, y varios transeúntes resultaron heridos. Aunque el ejemplar se encontraba en buen estado y había pasado por "seis inspecciones en los últimos cuatro años", tras el incidente, se anunció un aumento del presupuesto destinado al mantenimiento de las zonas verdes y la prórroga del contrato del servicio de inspección, evaluación y actuación en el arbolado de riesgo de Madrid (Server), que hace el seguimiento de 350.000 árboles. Además se reunió la Mesa del Árbol en la que Carabante se comprometió a aumentar el control e inspección cuando se lleva a cabo alguna obra en el acerado de la ciudad o acometidas por parte de las empresas eléctricas o suministradores del agua o de gas porque afecta a las raíces".
Un juzgado de Arganda del Rey fue el primero en aplicar la nueva Ley de Bienestar Animal para ofrecer una respuesta penal más eficaz ante casos de maltrato a animales. Ordenó el decomiso de una decena de galgos desnutridos y con deshidratación severa y una serie de medidas de protección para garantizar el correcto cuidado y la supervivencia de los animales, entre ellos dos caballos en una explotación ganadera ubicada en el municipio Campo Real. A su dueño se le prohibió acercarse a los mismos y a la protectora designada depositaria, así como la tenencia de animales, y se acordó el cierre de forma cautelar de las instalaciones de su explotación ganadera.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, terminaba el año anunciando que iba a solicitar al Gobierno central la reintroducción del lince ibérico en la región, al considerarla como un territorio apto para volver a contar con poblaciones estables de esta especie. La formalización del proyecto se realizaría el próximo año mediante la firma de un convenio entre el Gobierno autonómico y Patrimonio Nacional, organismo público dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Los montes del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares el Pardo y la zona suroeste madrileña serían los espacios para la reintroducción.
Precisamente en el ultimo trimestre del año se confirmaba el regreso del lince a la región, tras décadas ausente, a través de un ejemplar salvaje procedente de Toledo. Se había comunicado un avistamiento entre los municipios de Villanueva de Perales y Sevilla La Nueva. Finalmente un dispositivo de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid localizaban un ejemplar en Boadilla del Monte, en las inmediaciones de la ciudad del Banco Santander. Los efectivos lo redirigieron a una zona forestal segura, ya que se encaminaba a un nudo de carreteras donde tenía un alto riesgo de ser atropellado. Además, recogieron una muestra de pelo para ser analizada genéticamente.
Pero si hay una estrategia medioambiental que destaca sobre otras en las políticas regionales este año es el proyecto de Ley de Economía Circular, que busca la mejora del medio ambiente regional, reduce la burocracia sin añadir tasas o impuestos e implanta un nuevo sistema productivo más eficiente para el aprovechamiento de los recursos naturales. Aprobada recientemente, sobre ella ofreció detalles el consejero del ramo, Carlos Novillo, durante su intervención en las XXI Jornadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible organizadas por Madridiario con el lema 'Enchúfate a Madrid'. Durante dos días expertos, empresas e instituciones debatieron sobre los retos medioambientales de la región.
La ciudad de Madrid ha ganado masa verde este año en una zona poco habitual. Los 400 metros de muros que separan las glorietas de Mariano Salvador Maella y de Nueva Zelanda, en la avenida de la Ilustración, se cubrieron con tapices naturales gracias a 123.000 plantas de 23 especies vegetales que cuelgan de las tapias de la M-30.
Los grafitis que manchaban el hormigón han sido forrados con helechos, hierbas aromáticas y geranios que aspiran a absorber toneladas de dióxido de carbono y otras partículas contaminantes de la citada vía de circunvalación. Los jardines verticales de esta primera fase de Calle 30 Natura actúan ya como una mejora ambiental para amortiguar la isla de calor, reducir las emisiones del tráfico rodado y la contaminación acústica.
Asimismo, sentro de la lucha municipal contra las pintadas vandálicas, Madrid estrenó este año la unidad policial antigrafitis que pretende defender el patrimonio de la capital ante cualquier degradación fruto de esos actos incívicos. La nueva Sección de Protección del Patrimonio Urbano de la Policía Municipal de Madrid (Sepropur) era uno de los compromisos electorales de Almeida y se puso en marcha en tiempo récord. Los 39 efectivos destinados a esta sección investigan la posible autoría, tramitan los atestados, centralizan las denuncias, crearán una base de datos y serán un complemento de las patrullas de limpieza de grafitis’.
Quienes emplean las manchas en el patrimonio como golpe de efecto para hacerse oír son los activistas climáticos, que se han hecho notar este año en distintas ocasiones. Una de las más sonadas les llevó a arrojar pintura roja a los leones del Congreso de los Diputados. Esta protesta conjunta entre ecologistas y animalistas de colectivos como Extinction Rebellion, Futuro Vegetal y Rebelión Científica, llamaba la atención sobre el deterioro del clima por acción del hombre y el bienestar animal.
No fue la única acción perpetrada con pintura por los miembros de Futuro Vegetal. También mancharon con pintura roja y negra disparada con extintores la fachada de la Dirección General, Registro y Notariado, del Ministerio de Justicia, en la plaza de Jacinto Benavente, en pleno centro de Madrid, dentro de su “campaña de desobediencia civil no violenta de alta intensidad".
Además se atrevieron a colarse en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas burlando la seguridad del aeropuerto, rompiendo una valla perimetral, llevando consigo una pancarta con el lema 'El Pueblo unido funciona sin partido', para terminar pegándose al asfalto. Expresaban así su "preocupación" antes de las elecciones porque "ningún partido político" proponía "medidas a la altura de la amenaza" del cambio climático.
Igualmente accedieron a la M-30 y consiguieron trepar hasta una de las señales luminosas de esta vía durante la operación retorno de Semana Santa y colocar dos pancartas reclamando medidas ante la "crisis climática".
Del mismo modo protagonizaron otra acción de protesta con el corte de la vía de acceso a Mercamadrid, provocando retenciones en la M-40. En aqueñña ocasión, los activistas mostraron una pancarta en la que se podía leer 'Disculpen las molestias. Seguimos exigiendo un mundo mejor' y justificaban su presencia allí ante la “pasividad de los gobiernos y corporaciones frente a la Crisis Climática que nos aboca a la inseguridad alimentaria por la pérdida de cultivos y agua potable”.
En otra acción conjunta con sus compañeros de Rebelión o Extinción, taparon de madrugada hoyos de varios campos de golf de varias ciudades, incluida Madrid, para denunciar el "despilfarro de agua" que supone este deporte "en medio de una de las peores sequía de la historia".
La última acción de este año la han protagonizado activistas de Greenpeace que simularon a primera hora del 29 de noviembre un desastre climático en la Puerta del Sol, con restos de la DANA que azotó Madrid y Toledo hace unos meses para denunciar que "las empresas de combustibles fósiles destruyen el clima". La acción se producía en la víspera del inicio de la cumbre del clima COP 28.