El Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid ha dictado este martes auto de sobreseimiento de una denuncia presentada por Marea de Residencias por el presunto homicidio de varios usuarios de las residencias de mayores Adolfo Suárez, sita en el distrito de la capital de San Blas-Canillejas, y Amavir, en Arganzuela, durante la pandemia de Covid-19.
Fuentes trasladan a Madridiario que el juez recoge en el auto que en la residencia "no se incurrió en ningún tipo de negligencia" y se trató a los residentes "de la mejor manera que se pudo, teniendo en cuenta las excepcionales y desgarradoras circunstancias que todos sufrimos en esos momentos y que no deben olvidarse".
"Los hospitales estaban saturados, desbordados más bien, no se sabía cómo curar la enfermedad, no se disponían de medios. Recuérdese que al inicio no había mascarillas, no había equipos de oxígeno de alto flujo, las bajas por contagio del personal sanitario y asistencial, también en las residencias que nos ocupa, eran elevadas. La incidencia en personas vulnerables con afectación de otras enfermedades o de la propia edad avanzada, fue mucho mayor", añade el magistrado.
Esta sentencia es un nuevo varapalo para Marea de Residencias, que vuelve a ver cómo la Justicia tumba otra de sus denuncias por las muertes registradas en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Ya en 2020, familiares de los residentes interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por la "mala gestión" de la Residencia de Mayores Adolfo Suárez, en el que fallecieron 85 personas.
El pasado sábado, la plataforma convocó una manifestación en la Puerta del Sol para "denunciar la tragedia de las 20.000 personas que murieron en tan solo dos meses en las residencias de mayores de toda España, de las que casi la mitad, 9.470, vivían en las residencias madrileñas". "Nunca vamos a olvidar a las víctimas que están detrás de la cifra de 7.291, que son las personas que murieron abandonadas sin asistencia sanitaria en residencias", señalaron en una nota de prensa.
Pero la polémica más reciente ha llegado de la mano de Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), que puso en tela de juicio el testimonio de la hija de una de las residentes fallecidas durante la pandemia, la cual concedió una entrevista al periodista Jordi Évole en su programa Lo de Évole. "Ya tengo comprobado que la primera señora que sale en #lodesimon no tenia a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver el resto”, escribía el jefe de Gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su perfil de X.
Rodríguez tuvo que rectificar, también a través de X, al día siguiente: "Confirmo que el primer testimonio del programa de Évole es la hija de una fallecida. Pido disculpas por el error", agregaba. Para 'Verdad y Justicia' y 'Marea de Residencias', plataformas que emitieron un comunicado conjunto sobre el tema, la rectificación "no es suficiente" y exigieron este lunes su dimisión.
Más de 100 casos, que fueron incluidos en la denuncia colectiva presentada en octubre por asociaciones de víctimas, están siendo revisados uno a uno por la Fiscalía Provincial de Madrid y las tres Fiscalías Áreas. Esta información ha sido revelada por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha destacado la importancia de este proceso relacionado con las muertes ocurridas en residencias de mayores durante la pandemia.
En su comparecencia en el Senado, García Ortiz ha recordado que el 31 de octubre de 2024, Marea de Residencias y la Asociación Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias enviaron una copia de la denuncia colectiva a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta denuncia, presentada en nombre de 109 familiares de 115 personas que residían en marzo de 2020 en las residencias de la Comunidad de Madrid, fue luego distribuida a cada fiscalía territorial.
La denuncia indicaba que el 80 por ciento de los residentes se vio afectado por la falta de asistencia sanitaria debido a su dependencia moderada o severa, lo que resultó en la aplicación de protocolos de no derivación. Además, se mencionó que no se llevó a cabo la medicalización de las residencias y que solo aquellos residentes con un seguro médico pudieron acceder a atención sanitaria en centros privados.
El 3 de diciembre de 2024, se llevó a cabo una reunión entre representantes de estas asociaciones y la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, según lo explicado por el Fiscal General del Estado en el contexto de este expediente.
Asimismo, ha indicado que el 27 de enero de 2025 se llevó a cabo una reunión con los fiscales responsables del manejo de la denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid y en las tres Fiscalías Áreas.
"Por parte de todos ellos se está procediendo a revisar la denuncia en relación con cada una de las víctimas, incoando diligencias de investigación por cada una de ellas para comprobar si los hechos ya han sido objeto de investigación y, en caso afirmativo, comprobar si se han realizado todas las diligencias necesarias a partir de esta nueva denuncia y si en alguna de ellas constan los mismos hechos denunciados", ha indicado García Ortiz.
En caso de que se inicie un procedimiento penal, se ha enviado la denuncia solicitando las diligencias que se consideren adecuadas. Por otro lado, ha indicado que se está llevando a cabo una investigación dentro de unas diligencias correspondientes, con el objetivo de completarla lo más pronto posible y así prevenir la prescripción de los hechos denunciados. En ambos casos, se ha destacado que los denunciantes, quienes son familiares de las víctimas, recibirán la notificación de la resolución de manera personal.