Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado a declarar como investigado el próximo 7 de febrero por la jueza de Instrucción número 19 de Madrid, en relación con la causa que se instruye por un presunto fraude fiscal, han informado fuentes jurídicas.
La jueza Inmaculada Iglesias recibió la solicitud de la Fiscalía de Madrid para que se tome declaración al novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, debido a que la instrucción se agotará el próximo mes de marzo.
En un documento, el fiscal del caso argumentaba que las comparecencias de González Amador y los demás investigados no podían posponerse más, ya que el plazo de instrucción de doce meses se estaba agotando sin que se hubiera escuchado a los encausados.
La declaración de González Amador, que estaba programada para el 29 de noviembre, fue suspendida por la jueza Inmaculada Iglesias hasta que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera sobre un recurso presentado por su abogado que cuestiona la apertura de una pieza separada relacionada con la supuesta comisión de otros posibles delitos.
A petición de la defensa de la pareja de Díaz Ayuso, se solicitó en un escrito el aplazamiento hasta que la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre "el acomodo o no a derecho" del auto recurrido. "La pieza principal y la pieza separada comparten un hecho nuclear con efectos no sólo en la liquidación tributaria sobre la que se pretende tomar declaración, sino lo que sea el objeto de la pieza separada", alegaba la defensa de González Amador.
La investigación que enfrenta González Amador está relacionada con la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil, en el contexto de un supuesto fraude fiscal que le imputa la Fiscalía de Madrid.
Las comparecencias, que estaban programadas para el 24 de junio, fueron pospuestas a solicitud de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid. Esta solicitud se realizó mediante un escrito en el que se pedía investigar cinco nuevos presuntos delitos tras el análisis de un informe de la Agencia Tributaria incluido en el procedimiento.
En octubre, se decidió abrir una pieza separada para investigar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso pudo haber cometido delitos diferentes a los que ya se están tratando en el caso principal, al utilizar una empresa con el fin de ocultar ciertos ingresos relacionados con el Grupo Quirón.
La jueza mencionaba un informe de la Agencia Tributaria que advertía sobre una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" en 2021. Se alegaba que González Amador habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman S.L.) a través de la cesión parcial de un contrato de servicios firmado entre su empresa, Maxwell Cremona, y su cliente, Quirón Prevención S.L.
Por otro lado, en el marco de la investigación que se dirige contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración que denunció la pareja de Díaz Ayuso, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha asegurado este jueves en el Tribunal Supremo que preguntó a García Ortiz la mañana del 14 de marzo si había filtrado a la prensa el correo relativo a González Amador y le contestó: "Eso ahora no importa".
Lastra ha insistido en que ella no estaba de acuerdo con el contenido de la nota y que así se lo trasladó al fiscal general. A su juicio, se podía "desmentir" la información sin dar ningun dato y sin desvelar las comunicaciones. Así, se negó a que la nota de prensa se difundiera con el membrete de la Fiscalía Superior; finalmente se envió con el sello de la Fiscalía Provincial.
En el marco de su declaración, la fiscal superior ha hecho un repaso del relato cronológico de la investigación y ha precisado que el 7 de marzo la Fiscalía de Madrid puso en conocimiento de la FGE tanto la investigación contra González Amador como la judicialización de la misma.
Al término de la comparecencia de Lastra, ha declarado como testigo el fiscal de delitos económicos que investigó a González Amador por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, quien ha negado que exista un protocolo de borrado de mensajes en el Ministerio Público, como defendió la Fiscalía General del Estado para explicar por qué la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había hallado "cero mensajes" en el móvil incautado a García Ortiz en el registro de su despacho.
Salto también ha explicado cómo funcionan los pactos de conformidad y ha manifestado que, a su juicio, el abogado de González Amador había faltado a dicho pacto al compartir información con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso.
Con todo, ha confirmado que en la Fiscalía solo él tenía acceso a los correos electrónicos intercambiados con la defensa de González Amador. Según ha relatado, la noche del 13 de marzo la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se los pidió porque los reclamaba el fiscal general para la elaboración de la nota de prensa, que no podía esperar.
Salto, que en ese momento se encontraba viendo un partido de fútbol en el estadio del Atlético de Madrid, pudo reenviar la cadena de 'emails', de modo que le llegó a Rodríguez a las 21:54 horas y a García Ortiz, a las 21:59 horas.