El problema de la proliferación descontrolada de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) no se queda solo en el centro de Madrid y se extiende en los distritos de Chamberí, Tetuán y más allá de la M-30, como Puente de Vallecas o Carabanchel. Aunque el corazón de la capital sigue concentrando el mayor número de estos alojamientos. Según la página web Inside Airbnb, un proyecto colaborativo que periódicamente recopila datos de Airbnb, la plataforma de alquileres turísticos más empleada en el mundo que sirve para medir "su impacto en las comunidades residenciales", el distrito Centro cifra, según esta página web, en 10.607 los alojamientos de este perfil. Un problema que, según la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM), está ejerciendo presión al alza sobre la vivienda tradicional en estas zonas, cuya disponibilidad disminuye debido a que una parte se destina al alquiler para turistas.
Según información de la Fravm, aproximadamente el 95 por ciento de los alojamientos turísticos en Madrid operan de manera ilegal. Para comprender lo que está sucediendo es necesario retroceder a 2019 cuando el Ayuntamiento, bajo el mandato de Manuela Carmena, aprobó el Plan Especial de Hospedaje, una regulación que tenía como objetivo poner restricciones a este modelo turístico y sus consecuencias. Este plan solamente autoriza que un alojamiento se convierta en VUT si dispone de acceso directo a la vía pública, lo que prácticamente restringía la actividad a unidades en la planta baja o establecimientos transformados en viviendas. Además debían presentar una declaración responsable para obtener así licencia municipal.
Víctor Rey, responsable de esta oficina de información vecinal, señala a Madridiario que la proliferación de este tipo de alojamientos y la falta de control municipal “genera fuertes tensiones en los barrios con un deterioro evidente de la convivencia”, como consecuencia de la afluencia “descontrolada” de turistas y la “expulsión de vecinos con menos recursos”.
"La proliferación de estos alojamientos expulsa a vecinos con menos recursos"
Por ello, la oficina puesta en marcha por la Fravm informa de las acciones que pueden emprender los propietarios afectados por la ubicación de pisos turísticos en sus comunidades para lo que han elaborado un documento que recopila todas las recomendaciones dirigidas a las comunidades. “Es importante adoptar medidas antes de que se instalen las viviendas turísticas”, señala Rey a este medio. Además remarca la importancia de que todas las comunidades reúnan la junta de propietarios para modificar los estatutos para que recoger con claridad la negativa a la apertura de estos alojamientos.
Desde la Fravm recuerdan que el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, autoriza a las comunidades a evitar la instalación de nuevos apartamentos de alquiler turístico en sus inmuebles y aumentar las tarifas que abonan sus propietarios.
Para los responsables de esta oficina, la abrumadora mayoría de las Viviendas de Uso Turístico carecen de licencia de actividad apropiada, y muchas ni siquiera están registradas en el organismo de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, si una comunidad descubre la presencia de uno de estos negocios en su edificio, los grupos vecinales de la Fravm sugieren, en primer lugar, solicitar a la Dirección General de Turismo un certificado de registro.A partir de ahí, si se trata de un apartamento de alquiler turístico que infringe la norma o causa perjuicios a la comunidad, hay diversas opciones de acción, que van desde la presentación de informes a la Agencia Tributaria y reclamaciones al Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, hasta la formulación de quejas ante Delegación de Gobierno y litigios civiles, pasando por el envío de escritos al Defensor del Pueblo.
La Fravm señala que parte del problema nace de la falta de control por parte de las administraciones. Para la federación, el Ayuntamiento de Madrid “no está haciendo nada” para controlar este fenómeno. Indican además que el Consistorio perdió en 2022 a 13 de los 22 inspectores encargados de detectar este tipo de alojamientos turísticos ilegales desde el año 2019.
La reducción de inspectores agrava este problema, según la Fravm
El área de Gobierno de Urbanismo que lidera Borja Carabante, bajo cuya responsabilidad recae el control de las autorizaciones, afirma que, gracias a las contrataciones temporales, se ha logrado restablecer la cifra a 20 trabajadores. Para los representantes vecinales, la carencia de inspecciones uno de los principales problemas para afrontar esta situación.
Por su parte, el concejal presidente del distrito Centro, Carlos Segura, se remite a las acciones llevadas a cabo durante el mandato de Carmena (2015-2019) y ha indicado que en ese tiempo se gestionaron “cero denuncias”. Sobre la situación actual en el distrito más afectado, Segura señala a la portavoz municipal socialista Reyes Maroto, en su tiempo como ministra de Industria, que “tendría que haber impulsado una Ley de viviendas turísticas”. El concejal remarca que el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida “sí que está haciendo la labor de inspeccionar y denunciar las viviendas ilegales”.
Aún falta por conocer detalles concretos de la iniciativa, pero el Alcalde tiene la intención de reformular el plan especial de 2019. Almeida espera completar la propuesta normativa "en los próximos meses" con el propósito de reemplazar la aprobada por Manuela Carmena. Un anuncio que realizó hace varias semanas en un acto con el alcalde de Barcelona Jaume Collboni, donde aseguró que esta es “una de sus prioridades” para el mandato.
“Es obvio que la regulación anterior no ha funcionado porque ahí está la realidad. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en materia de inspección y de sanción de viviendas de uso turístico de carácter ilegal”, aseguró Almeida para justificar una futura nueva normativa.
Para Víctor Rey no tiene sentido iniciar el cambio de esta normativa, que para él "ya existe pero hay que aplicarla”, apunta a este medio. El responsable de esta oficina de información vecinal señala que existen miles de denuncias, de las que solo se han resuelto “un tres o cuatro por ciento y ha sido con la misma normativa”, por lo que para Rey el anuncio de Martínez-Almeida se trata de “un brindis al sol”.